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    1 de noviembre de 2014

LAS MAYORES TASAS JUDICIALES PAGARÁN LOS PROCESOS DE LOS MÁS VULNERABLES

El Gobierno llevará al Constitucional el euro por receta de Madrid para garantizar el principio de igualdad

Tal y como hizo contra el euro por receta en Cataluña, el Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decretado por la Comunidad de Madrid, según ha acordado en Consejo de Ministros. Además, el Ejecutivo ha aprobado la ampliación de los colectivos susceptibles de beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, posible, ha subrayado Alberto Ruiz-Gallardón, al aumento de las tasas judiciales.
La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha comenzado con tono bajo y solemne en memoria de David Fernández, sargento del Ejército de Tierra que ha fallecido por la explosión de un artefacto en Afganistán. Soraya Sáenz de Santamaría ha puesto en valor la “entrega generosa y esforzada” de nuestras tropas y destacado las “peligrosas y siempre difíciles” misiones que desempeñan. Ha continuado con el anuncio de que Francisco Martínez, hasta la fecha director de Gabinete del Ministerio del Interior, será el nuevo secretario de Estado de Seguridad tras la renuncia por motivos personales de quien desempeñaba este cargo, Ignacio Ulloa.

Ya centrada en los temas abordados en La Moncloa este viernes, la vicepresidenta ha confirmado el recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta decretado en la Comunidad de Madrid, de igual forma que el Gobierno obró con el caso catalán. El argumento es hacer primar el principio de igualdad, que con esta norma se vería violado. “Entendemos que se grava la prestación de un servicio”, ha opinado Sáenz de Santamaría, quien ha pedido en primer término la suspensión de la medida para ahorrar el trámite.

En la sala de prensa se encontraba también Alberto Ruiz-Gallardón con motivo de la ampliación de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, que incluirá a víctimas de violencia de género, del terrorismo o de trata de seres humanos, menores, discapacitados que sufran abuso o maltrato y organismos sindicales, de consumidores, Cruz Roja y otros colectivos. “En un momento de austeridad presupuestaria, esto ha sido posible como consecuencia de las previsiones de recaudación de la ley de tasas”, ha explicado el ministro de Justicia. “Sin la revisión de las tasas -ha añadido- hubiese sido imposible poner en marcha la ley”.

Así, el ministro ha matado dos pájaros de un tiro: añadir a más personas físicas y jurídicas al coste cero de la justicia por un lado y, por otro, hacer o intentar hacer buena la subida de costes para el resto de litigantes, que cubrirán los procesos de los más vulnerables.

El nuevo año no ha traído consigo un cambio en el interés de la prensa en turno de preguntas, si bien la cuestión económica se ha visto apagada por la buena subasta de este jueves y la tendencia a la baja de la prima de riesgo. Caso contrario el de Cataluña, donde la escalada soberanista no cesa, al menos en declaraciones, o donde la actualidad va más allá del independentismo en casos, como el último, de Josep Antoni Duran i Lleida y su no dimisión. La portavoz no ha entrado en esta última materia y sí en la, a su parecer, “inconsistencia e incoherencia” de los planteamientos de Artur Mas y sus socios con “la realidad en España y en Europa”. Para dejar un titular, Sáenz de Santamaría ha sentenciado que “no existe legitimidad sin respeto a la legalidad”.

En materia de paro, la ‘número 2’ del Gobierno ha dicho que “la principal prioridad del Gobierno” es atajar el desempleo, afirmación que comúnmente concluye con la reducción del déficit y no de esta forma. Una y otra van ligadas, ha reflexionado en alguna ocasión Mariano Rajoy. Ha insistido la vicepresidenta en que las reformas emprendidas tienen el objetivo de “poner la casa en orden” para comenzar a crecer y crear puestos de trabajo, aunque no se ha aventurado a cifrar ni a fechar el compromiso.
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