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    21 de octubre de 2014

Argelia, principal suministrador

¿Pone en jaque el conflicto en el Sahel al suministro de gas de España?

Lo acontecido en la planta de gas de In Amenas, en el sureste de Argelia, ha puesto de manifiesto la vital importancia de esta industria para el sur de Europa y para nuestro país en particular. La inestabilidad en la región, víctima de la violencia de la vecina Mali, amenaza al regular suministro de gas a nuestro país, cuya dependencia exterior en este sentido es casi total.
Todavía está por esclarecer a qué grupo islamista, de las decenas de que operan en la región del Sahel, pertenecían los rebeldes que atacaron la planta de gas argelina de In Amenas, que acabó con una sangrienta matanza de secuestradores y secuestrados, entre los que se contaban decenas de occidentales de hasta nueve nacionalidades.

Si bien algunos también contemplan la posibilidad de que fueran meros delincuentes bien organizados que querían obtener un buen rescate a cambio de los más de 600 trabajadores retenidos, la influencia de las milicias islamistas, con Al Qaeda del Magreb Islámico y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental a la cabeza, en la región va en franco crecimiento, al calor de conflictos regionales como los de Mali y Mauritania o la inestabilidad política vivida en el norte de África fruto de las revueltas de la 'Primavera Árabe'.

Estos rebeldes han comprobado que no necesitan operar en Europa para poner en jaque a los países del Viejo Continente, puesto que muchos de ellos cuentan con grandes intereses económicos en la zona, en especial en lo que a la industria energética se refiere.

Dependiente, pero con otras opciones
Nuestro país es fiel reflejo de esta dependencia, ya que el 41 por ciento del gas que consumieron los españoles en 2012 provino de plantas extractoras argelinas, 4 puntos más que en 2011 y que se traduce en casi 150.000 gigavatios de potencia a la hora. Esto sitúa al gas argelino a sólo un 9 por ciento del tope fijado por ley para una importación única, que la ley española fija en el 50 por ciento.

De este modo, el suministro se distribuye a través de dos grandes gasoductos: el de Medgaz, que cruza a lo largo 210 kilómetros las profundidades del Mediterráneo y toca tierra en la costa almeriense, y otro que atraviesa Marruecos y llega a nuestro país vía la localidad gaditana de Tarifa.

Tal es la importancia de cuidar a este socio estratégico, que el propio Mariano Rajoy viajó hace dos semanas al país magrebí para afianzar las relaciones bilaterales, que comenzaron en la década de los sesenta. El Gobierno cuida los contactos con las autoridades argelinas para evitar cualquier bloqueo energético como el que periódicamente sufren los países del norte de Europa (Alemania, Polonia, Ucrania, etc.) a manos de Rusia, el otro gran proveedor gasista de la Unión Europea.

Sin embargo, desde hace tiempo, tanto el Ministerio de Industria como el de Asuntos Exteriores, previsores ante la inestabilidad que vive el régimen argelino y sus países aledaños, diversificó el suministro de gas, cuyo 59 por ciento restante proviene de hasta una docena de países diferentes, como Nigeria, Catar, Trinidad y Tobago, Egipto, Perú o Noruega, entre otros. Estos dos tercios de energía en forma de gas licuado llegan a nuestro país mediante transporte marítimo a los puertos de Bilbao, Barcelona, Gijón, Cartagena o Huelva.

Fuentes del Ministerio de Industria y Turismo consultadas por EL IMPARCIAL señalan sentirse tranquilas ya que los últimos episodios violentos "no han condicionado el tráfico de gas hacia España y han afectado más a Italia que a nuestro país, que de todos modos tiene una buena diversificación del suministro a través de otras vías y, tras las reuniones bilaterales de hace unos días, las relaciones gozan de buena salud, así que no hay por qué estar preocupados".

Sin embargo, en el supuesto caso de que el suministro hacia nuestro país proveniente de Argelia se viese interrumpido de manera total, las consecuencias sí podrían en algunos aprietos al Gobierno. En los últimos años, el Ejecutivo ha intentado reducir la dependencia energética exterior y, para ello, puso en marcha un plan de infraestructuras para aumentar las reservas de esta materia.

De este modo, sólo con las prospecciones realizadas en las plantas del País Vasco (valoradas en 30.000 millones de euros, según el Ente Vasco de la Energía), además de las existentes en Aragón, Sevilla y Jaén, España tiene asegurado el suministro continuado durante seis años, margen en principio suficiente para buscar fuentes alternativas.

Además, desde Industria se señala que siempre se puede incrementar las importaciones desde los actuales países suministradores, a los que se podrían sumar otra remesa de socios energéticos desde África (Guinea), Asia Central (Rusia y Turkmenistán), Asia (Indonesia y Brunéi) o América (Bolivia y Venezuela).

El Gobierno y las empresas, tranquilos
Sobre la posibilidad de que España, por culpa de la violencia islamista en la región, vea afectadas sus existencias de gas, José Manuel García-Margallo, responsable de Exteriores, señalaba esta misma semana que no cree que los atacantes "tengan capacidad para destruir las fuentes de aprovisionamiento de gas de Argelia", si bien desde el Ministerio se recomienda extremar las precauciones en caso de que se tenga que viajar a la zona.

Por su parte, las empresas energéticas que operan en la zona, Repsol, Cepsa, Abengoa, Iberdrola y Gas Natural, se muestran tranquilas ante la violencia, y sólo la segunda ha decidido trasladar temporalmente a sus trabajadores hasta que la región se tranquilice.

En declaraciones a este periódico, Repsol admite estar trabajando "con total normalidad, ya que la crisis de los rehenes no nos ha tocado mucho, y teniendo como prioridad, tras la experiencia que vivimos en Libia hace unos meses, a las personas." Sobre si la compañía ha adoptado algún tipo de medida extraordinaria para proteger sus intereses, se rehusa entrar en detalles al respecto alegando "motivos de seguridad".

De este modo, las preocupaciones del Gobierno de Mariano Rajoy están enfocadas a la seguridad con la que cuentan las distintas ONGs en el país. Muchas de estas organizaciones operan en regiones remotas en las que garantizar su total seguridad es muy difícil y su exposición a milicias islamistas, sobre todo en las provincias de Bourmerdès, Bouira, Tizi, Ouzou y Bejaïa, es mucho mayor que en las zonas urbanas.
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