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    26 de octubre de 2014

el parlamento catalán aprueba el plan soberanista de Mas

Margallo advierte de que el Gobierno no permitirá nunca una consulta ilegal en Cataluña

El Gobierno ha asegurado que no va a permitir "nunca" una consulta ilegal en Cataluña. Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, después de reunirse con su homólogo alemán, Guido Westerwelle.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha asegurado hoy que el Gobierno no va a permitir "nunca" una consulta que no se ajuste a la legalidad y ha señalado que la declaración aprobada por el Parlamento catalán es "retórica y sin efectos jurídicos".

García-Margallo ha hecho estas declaraciones después de reunirse con su homólogo alemán, Guido Westerwelle, al referirse a la aprobación por parte del Parlament de una declaración que define a esta comunidad como "sujeto político y jurídico soberano" y el inicio de un proceso para hacer efectivo el "derecho a decidir" o derecho de autodeterminación a través de una consulta.

El titular de Exteriores ha señalado que esta declaración tampoco tiene "consecuencias prácticas inmediatas".

Sobre posibles acciones del Gobierno para frenar esta declaración, el ministro ha insistido en que no tiene efectos jurídicos, por lo que un recurso ante el Tribunal Constitucional le parece "difícil" en estos momentos al ser un texto retórico, que deberá plasmarse en normas con consecuencias jurídicas que sí serían impugnables.

"Yo soy un enamorado de Cataluña y tengo pasión por España", ha asegurado García-Margallo, quien ha afirmado que no concibe la hipótesis de una independencia de esta comunidad.

Esta posibilidad, ha agregado el titular de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sería una "pésima noticia" tanto para Cataluña como para España.

A su juicio, la declaración tiene una primera parte en la que se demuestra "exactamente lo contrario" de lo que pretende, ya que evidencia que Cataluña forma parte de España desde hace más de quinientos años.

El ministro ha sostenido que las "conclusiones son erróneas" y que el apartado que señala que el pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano es contrario al artículo 1 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto.

Además, ha comentado que la declaración apela a la legitimidad democrática, pero esta reside, ha continuado, en el pueblo español.

También ha señalado que la transparencia exigiría que los que han aprobado esta resolución explicasen que de acuerdo a los tratados de la UE los temas de integridad territorial les corresponde decidirlos a los estados miembros.

Según el ministro, cualquier decisión de secesión sería una declaración unilateral de independencia que no sería aprobada por la inmensa mayoría de los países de la UE.

Ha agregado que el daño que causaría a Cataluña es "inmenso", como se refleja en algunos estudios que señalan una caída de su PIB de un 20 por ciento.

Asimismo se ha referido a la cohesión social y ha manifestado que una declaración de este tipo "fragmentaría" a Cataluña y abriría una senda de incertidumbre.
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