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    23 de julio de 2014

La opacidad de las donaciones anónimas, una constante denuncia del organismo

El Tribunal de Cuentas refuerza el departamento que audita la financiación de los partidos

El Tribunal de Cuentas, encargado de auditar las cuentas de los partidos políticos, quiere agilizar sus exámenes y para ello ha reforzado -de 12 a 26 miembros- el departamento que fiscaliza las formaciones, en el punto de mira por la escasa transparencia en su financiación.
Este verano se llevó a cabo una reestructuración interna para intentar paliar el retraso con el que presenta sus informes sobre la contabilidad de los partidos al Parlamento, a donde llegan con más de cuatro años de demora. De hecho, el último informe fue entregado en el Congreso en abril del año pasado, aunque auditaba las cuentas de 2007.

Entre los motivos de esa tardanza, las fuentes consultadas recuerdan que el Tribunal está obligado a fiscalizar los gastos de los partidos en todas las convocatorias electorales y que esos estudios -numerosos en los últimos años- paralizan el resto, ya que deben ser presentados en un plazo fijado por la ley. No olvidan tampoco las fuentes las triquiñuelas a las que recurren los partidos para retrasar al máximo la presentación de documentos o solicitar ampliaciones de plazo, aunque siempre, afirman, dentro de los márgenes que permite la ley.

El Tribunal de Cuentas aprobó en 2001 una moción para modificar la ley de financiación de los partidos políticos, que databa de 1987, y el Congreso finalmente aprobó una reforma en 2007 y otra el año pasado. Estas reformas, reconocen las fuentes, no recogieron todas las recomendaciones del Tribunal, pero han mejorado el control de las cuentas. No obstante, como puntualizó la semana pasada la organización no gubernamental Transparencia Internacional, las auditorías nunca serán capaces de descubrir pagos o cobros irregulares que no están registrados en la contabilidad oficial de la formación política.

Entre las mejoras de las sucesivas reformas, está el fin de las donaciones privadas de carácter anónimo, que fueron legales hasta mediados de 2007. En esa fecha se fijó un tope de 100.000 euros anuales para las donaciones de una misma persona o empresa y se prohibió además entonces recibir aportaciones de empresas que contraten o presten servicios a las administraciones públicas.

La opacidad de las donaciones anónimas había sido una constante denuncia del Tribunal. Según el informe de fiscalización de las cuentas de 2007, los partidos recibieron donaciones privadas por importe de 11,3 millones de euros y 7,1 millones correspondieron a aportaciones anónimas, prohibidas a partir de la reforma legal. El año pasado se atendió en parte otra de las recomendaciones del Tribunal al establecer que las entidades de crédito no pueden condonar a un partido político más de 100.000 euros al año de deuda.
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