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    1 de septiembre de 2014

CRÓNICA DE AMÉRICA

Las deserciones desangran a las FARC

En las conversaciones que se están desarrollando en La Habana protagonizadas por el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el ámbito de las transacciones se muestra deliberadamente confuso y cenagoso. Por el contrario, el combate en suelo colombiano entre la guerrilla y el ejército democrático ofrece un perfil más nítido sobre el conjunto del conflicto, especialmente en lo tocante al proceso de desmovilización de los guerrilleros, que arroja una luz más clara sobre la negociación.
Las negociaciones del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se centran ahora en resolver el punto tercero de la agenda acordada para su resolución en La Habana, en torno a la producción y distribución mundial de cocaína que proporciona a los guerrilleros suculentos dividendos para mantener su maquinaria bélica. Es previsible que el calendario electoral de Santos, quien debe afrontar unas elecciones presidenciales en mayo, y la borrosa e inconcreta redacción de los acuerdos adoptados hasta ahora, impulsen un resultado positivo sobre el tema del narcotráfico por ambas partes, bien intencionado sobre el papel, difícil de aplicar sobre el terreno y plagado de ambigüedades, puntos oscuros y concesiones veladas, tal como ha sucedido en los asuntos negociados hasta el momento y que de llevarse hasta el final podrían abrir nuevas querellas y conflictos en un inmediato futuro. Pero si el campo de las transacciones en La Habana es cenagoso y deliberadamente confuso, el otro lado de los pactos: el de los combates en suelo colombiano, ofrece un perfil más nítido cada día, a tener muy en cuenta en el proceso de paz.

¿En qué situación se encuentra hoy el pulso bélico entre la guerrilla y el ejército democrático? Santos propuso, con sólidas razones, que la actividad bélica no se detuviese a pesar de que los negociadores avanzasen en la capital de Cuba. La guerrilla de las FARC ha tratado de obtener posiciones de ventaja, recuperar oxígeno y poner sobre la mesa cadáveres que presionen a los interlocutores gubernamentales en momentos clave, aprovechando esa particularidad de una negociación sin alto el fuego. Durante todo el año pasado, se contabilizaron hasta 2.075 acciones criminales, incluidos asesinatos, atentados, emboscadas, actuación de francotiradores y sabotajes en la estructura productiva del país. La Fundación Paz y Reconciliación, en su informe sobre el conjunto de estas agresiones guerrilleras, señaló cómo fueron planificadas para situar entre la espada y la pared al Estado colombiano en instantes cruciales de la negociación. Es el caso de los meses de septiembre y octubre del año ahora terminado, donde las FARC no conseguían avanzar en los principales aspectos de su futura participación política, una vez abandonadas las armas. Un periodo en el que los ataques con explosivos y sabotajes contra la industria petrolera colombiana se multiplicaron, con permanentes destrucciones de oleoductos, hasta que el Gobierno no cedió en beneficio de concesiones muy favorables en posibles escaños, medios de propaganda y organización política excepcionalmente ventajosos para los guerrilleros.

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Esta capacidad de presión ejercida sobre las infraestructuras energéticas y trasladada después al pulso negociador en la isla caribeña, muestra cómo las fases del diálogo facilitan siempre balones de oxígeno a las fuerzas insurgentes. Después de la política de “Seguridad democrática” diseñada por el expresidente Álvaro Uribe, la insurgencia quedó severamente deteriorada hasta el punto de interiorizar la posibilidad de una derrota -junto a la imposibilidad de una victoria-, algo que se hizo muy patente tras la gran ofensiva del Estado hasta el 2008, donde se sentaron las auténticas bases para que los inflexibles dirigentes maoístas se plegaran a establecer contactos con el Gobierno. Las acciones terroristas de sabotaje en el transcurso de las conversaciones ratifican una preocupante recuperación de su capacidad ofensiva. La misma Fundación Paz y Reconciliación ha confirmado, también, el diseño de nuevas estrategias de presión del narcoterrorismo contra el Ejecutivo en el ámbito rural colombiano, que ya habían sido apuntadas en informaciones periodísticas, como las dadas en esta misma sección de Crónicas de América en una anterior entrega. La innovación consiste en infiltrarse e impulsar movilizaciones en la población campesina bajo sus zonas de influencia, induciendo a acciones radicales como marchas masivas y, sobre todo, bloqueos de las vías de comunicación. Un recurso táctico que se afianzó a finales del año pasado y que puso contra las cuerdas al presidente Santos, estratégicamente debilitado en la mesa de La Habana, lo que igualmente contribuyó a muy controvertidas cesiones políticas ante sus interlocutores.

Si se completa una visión panorámica de los combates que se llevan a cabo en el territorio colombiano, se comprueba que las FARC sufren, por el contrario, dos talones de Aquiles que difícilmente pueden proteger con el sobreesfuerzo terrorista desencadenado en el último año para potenciar su capacidad de coacción frente al Estado. El primero de ellos estriba en la creciente eficacia aérea de las Fuerzas Armadas colombianas para localizar unidades guerrilleras y bombardearlas con una precisión ascendente. También la efectividad alcanzada en la época de Uribe y continuada durante el mandato de Juan Manuel Santos, para ubicar a los líderes históricos guerrilleros y neutralizarlos mediante exactos bombardeos o emboscadas milimétricamente planificadas. Este descabezamiento de jerarcas ha desconcertado y desmotivado profundamente a la organización armada.

PIE DE FOTOEl segundo talón de Aquiles que aqueja a las FARC posee consecuencias aún más demoledoras para el futuro de la narcoguerrilla. Se trata del cada vez más amplio flujo de deserciones de guerrilleros que deciden abandonar la lucha y entregarse voluntariamente a las autoridades gubernamentales. El desmoronamiento de las FARC revela aquí su fisonomía más elocuente y vulnerable. Como dato orientativo, solo en el pasado año 2013 las deserciones aumentaron un 18 % frente a las contabilizadas en 2012. En un periodo de tiempo más amplio se visualiza la verdadera magnitud de este descalabro, pues si a comienzos del siglo XXI las FARC contaban con unos 20.000 efectivos, el número de combatientes en sus filas ha quedado reducido hoy a unos 11.000. Una hemorragia de proporciones considerables si se tienen en cuenta las implacables represalias que se ejercen contra quienes se fugan o contra sus familiares más allegados. Para las FARC supone una traición imperdonable a la revolución que merece las torturas y ejecuciones más crueles contra quienes lo intenten, lo que inhibe a un número cuantioso de esos 11.000 guerrilleros a realizar esa huida que el corazón les pide. El Gobierno colombiano ha eludido utilizar oficialmente las palabras “fuga”, “deserción” o “huida”, empleando un término más benevolente que facilite el abandono de las armas, un vocablo más neutro para ellos: “desmovilizados”. La desmovilización se ha evidenciado como la herramienta más arrolladora contra los grupos armados colombianos, obteniendo una cifra muchísimo más alta de abandonos del enemigo que bajas en los combates, hasta el punto de amenazar su subsistencia a medio plazo.

La efectividad de este recurso se sustenta en que los “desmovilizados” poseen un estatuto legal e instituciones republicanas que controlan y tutelan con ayudas el retorno a la vida civil, como la Agencia Colombiana para la Reintegración o el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), centrado en las deserciones individuales. Creado en el 2001 y dirigido en la actualidad por el general de brigada Germán Saavedra, el GAHD se encarga de trasladar a los fugados de las guerrillas desde las unidades militares hacia los denominados “hogares de paz”, que se sitúan en lugares incógnitos y protegidos, a salvo de las represalias, desde donde se aplica a los desmovilizados beneficios jurídicos, económicos y psicosociales. La asesoría jurídica, la atención a la salud de los huidos, así como su capacitación profesional y educativa para que accedan a un trabajo o inicien un negocio personal, son eslabones poco conocidos pero perfectamente planificados donde se encuentra la verdadera eficacia de esta arma pacífica, pero demoledora, que la democracia colombiana emplea sistemáticamente contra la criminalidad política.

A diario, las cadenas televisivas, y con más insistencia aún las emisoras radiofónicas, difunden cuñas llamando a la desmovilización que llegan a los rincones más recónditos del país, incluyendo montañas y selvas en las que operan las unidades guerrilleras, tocando el corazón de sus miembros. Las confesiones de los desmovilizados son un retrato robot muy cruel de las circunstancias en las que viven los efectivos guerrilleros. Todos ellos confirman la incidencia del hambre y el insomnio en los militantes de a pie. La creciente operatividad del ejército gubernamental les mantiene en una permanente alerta durante el sueño y un miedo constante ante todas las amenazas. La sensación de acorralamiento y el trato despiadado de los mandos, quienes ante las traiciones y deserciones han desterrado el espíritu de camaradería, añaden una presión difícilmente soportable entre los combatientes. En ocasiones la disensión ideológica frente a la colaboración de la guerrilla con cárteles de narcotraficantes suma represalias internas, en tanto que la lucha va perdiendo su sentido en una democracia consolidada en Colombia que permite la defensa política de todas las opciones por la vía pacífica. Este cúmulo de circunstancias genera cansancio ante la guerra y resquemor contra el maltrato de las jefaturas, creando el caldo de cultivo para que una engrasada red desmovilizadora entre en acción.

En el último año, no solo los combatientes de base sino también jefes de unidades, al mando de columnas móviles o bloques, se han entregado junto a sus unidades. Los 16.000 efectivos de las FARC huidos en la última década han obligado a la narcoguerrilla a cambiar incluso sus tácticas de lucha. Se ha desterrado el choque frontal con las tropas oficiales, las emboscadas se realizan ahora en grupos de 10 a 20 componentes como máximo. Los éxitos del ejército nacional colombiano vienen precedidos con frecuencia de información muy precisa proporcionada por los desertores, de modo que la dirección guerrillera se ha visto impelida a dar solo datos parciales a cada una de sus unidades, lo que dificulta su movimiento coordinado. Circunstancias todas que han producido una impresión de derrota inminente que les ha forzado a relegar su sectarismo brutalmente intransigente para encontrar en La Habana una salida negociada donde todavía conserven una plataforma de poder.

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El panorama global en el campo de batalla dibuja a unas FARC capaces aún de atacar infraestructuras clave, y en un clima de negociación, infiltrarse en movimientos sociales para radicalizarlos e inducirles a estrategias violentas, pero mortalmente golpeadas en sus líderes, desconcertadas y en repliegue, y conscientes de un intenso movimiento de deserción que se percibe como un augurio de derrota militar a corto o medio plazo. En esta dificilísima tesitura, los negociadores de la narcoguerrilla han hallado una inesperada ventaja en el propósito de Juan Manuel Santos de vincular su reelección como presidente a un referéndum donde la ciudadanía vote si acepta o no los acuerdos a los que llegue con las FARC. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, el tiempo apremia y en los pactos alcanzados contrarreloj se aprecian concesiones a las FARC inaceptables para amplios e importantes sectores de la población e instituciones clave.

Planea el error de no castigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, otorgar ventajas electorales a los partidos políticos creados por la guerrilla e incluso dejar abierta la puerta a un proceso constitucional donde las FARC puedan obtener victorias políticas que no han alcanzado en sus sesenta años de guerra. El desmoronamiento interno de los narcoguerrilleros evidenciado por la creciente ola de deserciones no aconseja otorgar privilegios de ese calibre. Incluso sin llegar a un acuerdo con las FARC, los sondeos dan como vencedor a Santos en una segunda vuelta. Sería injusto, extremadamente imprudente y un semillero de futuros conflictos de desenlace imprevisible, hacer concesiones de tal dimensión a una organización guerrillera herida de muerte. Lo esencial no es que Juan Manuel Santos gane los próximos comicios, sino que el Estado democrático venza a la guerrilla.
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