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VELASCO INTERROGÓ DURANTE TODA LA TARDE AL EXPRESIDENTE DE LA CAM

El juez decreta prisión incondicional para Ignacio González

Llegada del vehículo de la guardia civil con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la carcel de Soto del Real
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Llegada del vehículo de la guardia civil con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la carcel de Soto del Real (Foto: Efe)
El juez también ordena el ingreso en prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino y deja en libertad bajo fianza de 100.000 euros a Javier López Madrid.

El juez Velasco ha decretado prisión sin fianza para el expresidente madrileño Ignacio González después de haber interrogado a su hermano Pablo, que no ha querido declarar y se ha acogido a su derecho. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Para González el fiscal había pedido prisión incondicional.

Durante la vista, el expresidente de la CAM negó todas las acusaciones, a pesar de serle reproducidas conversaciones telefónicas relacionadas con desvíos de fondos de la entidad pública. Según se ha filtrado, entre las preguntas que le han sido realizadas destaca por qué no denunció, cuando llegó al cargo en 2003, algunas de la irregularidades decritas. Velasco terminó por condenarle a la reclusión sin fianza. Asimismo, según El Mundo, el magistrado le acusa de "intentar blanquear dinero con Zaplana". Sin embargo, el exministro ha negado haber tenido o tener "ninguna sociedad ni relación mercantil" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En una declaración a Efe, el Zaplana afirma: "Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno". "Nunca he tenido, ni tengo ninguna sociedad ni relación mercantil con don Ignacio González", recalca.

Antes, el juez tomó declaración a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica de Ignacio González, y para el que ordenó el ingreso en prisión sin fianza en línea con lo que le había pedido la Fiscalía Anticorrupción. Su secretaria,
Clarissa Cuevas, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer cada mes ante el juez. Rodríguez Sobrino era presidente de Inassa, empresa filial del Canal en Latinoamérica. Fue cesado por Cristina Cifuentes tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá.

Por último, Anticorrupción pidió prisión con fianza de un millón de euros para Javier López Madrid y el juez terminó dictaminando libertad bajo fianza de 100.000 euros para él.

El magistrado cifra en 25 millones el desfalco en un auto en el que ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín. En el texto, Eloy Velasco afirma que ambos estarían implicados en el desvío de ese dinero a paraísos fiscales para enriquecer "injustamente" a "determinadas personas".

Sostiene que en 2013 se compró la empresa brasileña Emissao, "hipervalorada ficticiamente". Añade que esta adquisición se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Afirma también que Richmond, "en connivencia" con Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces presidente de Inassa, propició la "premeditada" sobrevaloración del precio de compra de las participaciones en Emissao.

Hay que recordar que Inassa y Canal Extensia invirtieron 31 millones de dólares en la compra. Se dio la circunstancia de que el patrimonio neto de Emissao al cierre del año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años había descendido a 5 millones de dólares. El juez apunta a Rodríguez Sobrino como autor de las propuestas de inversión. Éstas fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Canal Extensia "a pesar de las evidentes deficiencias legales y financieras" y conocedores de que un informe de la consultora KPMG lo cuestionaba.

El juez aprecia entre las principales irregularidades detectadas la ausencia de autorización por parte del Consejo de Gobierno, la adquisición a través de un entramado societario opaco, la modificación de la compra del 40 % de la sociedad al 75 % sin autorización o la renuncia a un aval de 3 millones para contingencias sin justificación alguna.

Asimismo, constata que no hubo una evaluación independiente, tampoco autorización de la Consejería de Hacienda, que se ignoró el informe de KPMG que debió propiciar la "paralización inmediata" de la compra. Y que se pagó "a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales". De modo que el importe de la "malversación" y la "lesión al patrimonio público madrileño" ascendería a los citados 25 millones de dólares.

En el caso de Richmond, el juez apunta una duplicidad de funciones que la permitió pedir a Canal Extensia el pago de 12,5 millones de dólares en representación de la empresa Soluciones Andinas y, a la vez, autorizar ese desembolso en representación de Canal Extensia. A Adrián Martín, además de por esas inversiones, le señala por su intervención activa en "la manipulación" de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid para asegurar su adjudicación a una sociedad del grupo Essentium.

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