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    19 de diciembre de 2014

los peligros de internet

La piratería musical y audiovisual en España

Se entiende por piratería la comercialización ilícita de obras y prestaciones protegidas por la legislación de propiedad intelectual. Su ámbito de aplicación alcanza a grabaciones musicales, producciones audiovisuales, programas informáticos y libros, y su expansión ha sido tan importante durante los últimos años que sus consecuencias se han traducido en una pérdida de más de un millar de empleos y el cierre de empresas tales como la cadena de videoclubs Blockbuster o las tiendas de discos Madrid Rock.

Minimizado el efecto "top manta", las descargas ilegales por Internet son, en gran medida, responsables de ello. Sólo en el mercado musical, se registraron durante 2007, 1.200 millones de descargas ilegales, lo que supone un incremento del 56 por ciento en los últimos cinco años, según la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) estima, de hecho, que sólo el 3% de los internautas españoles paga por la música que se descarga -un mercado potenciado por la venta de tonos para teléfonos móviles-, y de lo que se deduce que el 93% obtiene música de forma gratuita y el 4% emplea ambas fórmulas.

El fenómeno no es exclusivamente español, pero España encabeza la lista de países europeos donde más música ilegal se consume -un 35 por ciento de los usuarios utilizan los programas P2P-, aunque todavía lejos de China, donde el 99 por ciento de los internautas se bajan canciones gratis.

El dato se desprende del último del último balance ofrecido por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), referido a 2007, y en el que se estima que por cada descarga legal que se produjo en el mundo durante ese año, 20 canciones se bajaron sin pagar derechos de autor, y eso pese a que el negocio de la música digital creció un 40 por ciento.

El sector audiovisual tampoco escapa a ello. Sólo en 2007, este sector acumuló unas pérdidas de 800 millones de euros, cifras a las que habría que sumar el descenso, en sólo un año, de cinco millones de espectadores a salas de cine, según afirmó el presidente de la productora Filmax, Julio Fernández. Para luchar contra este fenómeno, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) ya aprobó en abril de 2005 un plan Integral contra la Piratería.

El Plan, cuyos resultados un año después se tradujeron en un cese de la actividad "manteros", preveía la puesta en marcha de cuatro medidas de carácter urgente, entre las que figuraban la especialización de miembros del Ministerio Fiscal, peritos judiciales y miembros de la Policía Judicial para agilizar los juicios rápidos, y la creación de un grupo policial especial. Otra medida urgente se refería a la creación de un grupo de trabajo que estableciera los mecanismos para detectar y retirar contenidos ilícitos de las redes digitales.
La cuarta medida era la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias -rubricado el 14 de octubre de 2005- para la realización de un "mapa" de la piratería en España, un instrumento que serviría para determinar las áreas geográficas donde concentrar los esfuerzos policiales.

Especialmente exitosa resultó la "Operación Madrid Plus 2005", desarrollada durante la Navidad de ese año y por la cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria fueron distinguidas con un disco de oro, en reconocimiento a su labor contra la piratería.

El Ejecutivo, que ha llevado a cabo también varias campañas de sensibilización social, acometió además una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LIP), la única encargada de regular y determinar el marco legal para la explotación de obras y sus derechos inherentes.

La reforma del texto, aprobado el 22 de junio de 2006 y cuya principal novedad fue la extensión del canon por copia privada a los soportes digitales, satisfizo a las entidades de gestión de los derechos de autor, pero provocó el rechazo de la plataforma Todoscontraelcanon -integrada por una veintena de las sociedades de internautas, industria, sindicatos y usuarios- y los recelos de los productores de música (Promusicae).

La ley establecía además que cada dos años las entidades de gestión y la industria debían negociar el listado de aparatos sujetos al canon digital y su cuantía, pero las negociaciones entre sectores no fructificaron y entonces fue el Gobierno el que, en diciembre de 2007, difundió una propuesta que imponía nuevas tasas y rebajaba otras ya existentes. El 20 de diciembre de ese mismo año, el Congreso rechazó además una enmienda incluida en la Ley de Sociedad de la Información que emplazaba al Gobierno a eliminar en el plazo de un año el canon digital.

La explotación ilícita de los derechos de autor está castigada, no obstante, por vía penal. El Código Penal, modificado por la LO 15/2003 que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, establece que todo plagio o copia con fines de lucro de obras, literarias artísticas, científicas o industriales acarreará al que lo hace, y a quien distribuye los productos, entre seis meses y dos años de cárcel, más multa.
El asunto varía si se trata de grandes operaciones, si las ejecutan grupos organizados o si se utiliza a menores de 18 años, en cuyo caso las penas de prisión se establecen entre el año y los cuatro años más multa.

El Código castiga igualmente a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier mecanismo para saltarse las protecciones anti-copias de programas, CD y DVD, etc. Y faculta a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado para poder actuar de oficio ante la sospecha de fraude, por lo que elimina la necesidad de una denuncia previa por parte de la víctima.

Del "Top manta" a Internet
Top mantaLa piratería se desarrolla en el sector musical de dos formas: a través del Top Manta y mediante la descarga de archivos de Internet. El producto resultante en ambos casos es idéntico al original pero a un precio muy inferior, y de ahí, la dificultad de convencer al sector para que no compre material pirata o descargue archivos de la Red.

El material distribuido por el Top Manta se realiza en locales conocidos como "tostadoras". Según la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, este tipo de locales está dirigido por inmigrantes orientales perteneciente a una organización, muy jerarquizada. Las "mafias" son las encargadas de proporcionar a los trabajadores, los cuales realizan su cometido a cambio de un sueldo o en concepto de pago de la deuda contraída con los grupos que les trajeron a España.

Una vez fabricado el producto, son las redes controladas por "senegaleses y magrebíes", las que se encargan de las distribución, exhibiendo la mercancía sobre una manta, y de ahí que el fenómeno sea conocido popularmente con el nombre de "top manta".
La presión policial sobre ellos desvió, no obstante, a finales de 2003 la distribución ilegal de música hacia los mochileros, habitualmente de origen oriental, que se dedican a visitar los cafés, bares, pubs y demás lugares de ocio ofreciendo los CDs piratas que llevan en sus mochilas a los clientes, con la tolerancia de muchos de los dueños de estos establecimientos.

Los expertos consideran, sin embargo, que aunque se ganara la lucha contra la piratería callejera, el gran enemigo de la piratería continuaría siendo Internet. Las discográficas, cada vez más conscientes de que Internet era incontrolable y que la vía judicial no ponía fin al problema, crearon hace tiempo ya sus propias Webs, hasta el punto de que la distribución mundial de música en Internet su multiplicó por cinco durante 2003, al pasar el número de sitios de distribución de 20 al 100, según se desprendía de un informe hecho público por la Federación Internacional de Productores Discográficos (IFPI).

Aún así, los usuarios continuaron considerando los sitios piratas más ventajosos. En ellos no se pagaba y la variedad musical era ilimitada. Para muchos consumidores de música, al solución se centra en la rebaja del precio del CD y en la obligación por parte de las compañías en ofrecer mayor variedad y servicios. Pero los diferentes sellos se defienden explicando que el coste del disco es muy elevado y muchas las personas que viven de esta industria.


La lucha de los afectados
Para luchar contra la piratería, nació el 27 de septiembre de 2001 la Mesa Antipiratería, integrada por todos los sectores de la industria audiovisual, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones del Estado, de que la práctica de la piratería generaba graves pérdidas económicas a la comunidad creativa y pone en peligro la aparición futura de nuevos talentos.
Promovido por ella, se celebró el 11 de junio de 2002, el "Día sin música". Los actos centrales de la jornada tuvieron lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la FAD de Barcelona, en donde directores de cine, músicos consagrados y noveles, y otros artistas leyeron un "manifiesto antipiratería", los músicos cantaron sin música y los cineastas y publicistas demostraron como serían los anuncios y el cine sin bandas sonoras.

Las Asociaciones de Comerciantes, sobre todo los representantes del pequeño comercio, participaron activamente, y por ello, las tiendas de discos llevaron a cabo cierres simbólicos durante una hora para reclamar la solidaridad de la gente con los negocios legales y no con los negocios ilegales, y en algunos lugares se ofrecieron regalos a aquellos que compraran música por la vía legal.
Por entonces también se hizo un anuncio televisivo en el que Sole Giménez (Presuntos Implicados), Ketama, Manu Tenorio, Marta Sánchez y Rafa Sánchez (La Unión), se hacían la pregunta: "¿Te imaginas un mundo sin música?" y a base de pitidos terminaban creando una canción titulada "Electrobip", producida por Manuel Ruiz "Keko".

La "campaña" auspiciada por la SGAE fue contestada por la cantante Olvido Gara, más conocida como Alaska, quien un mes después se manifestó en contra del "discurso policial" de la Asociación respecto a la venta de copias piratas y denunció el precio “abusivo” de los discos compactos, pues "no es de recibo -dijo- que se cobre por uno de ellos 21 euros cuando su precio de coste es de tres".
Como respuesta a estas declaraciones, la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Discos (ANEDI) retiró durante 48 horas sus discos, ante lo cual también se posicionaron otros artistas, quienes, como Miguel Ríos, Pedro Almodovar y la Unión, apoyaron la denuncia de la cantante y argumentaron que lo que realmente arruinaba la industria discográfica era "la falta de innovación".
Algunos autores optaron por medidas alternativas, como la ideada por el grupo La Unión que, bajo la fórmula "Uno para tu novia y otro para el coche", ofreció dos CDs a quien comprará su último álbum por la vía legal.

Otros, como Enrique Bunbury, Tam Tam Go o David Bisbal, adoptaron medidas más creativas, ofrecieron en su disco con algo más, un extra que solo se puede adquirir comprando el disco, como entradas para conciertos, temas inéditos, fotos exclusivas, los video clips del artista, o un enlace a partir del cual el consumidor puede escuchar temas inéditos.

Uno de los últimos actos de lucha, fue el promovido por algunos actores, músicos y escritores que el 30 de junio de 2005 llevaron al Senado su preocupación por los daños que ocasionaba este fenómeno y apostaron por la educación como la principal herramienta para combatir las simpatías que suscitaba el fraude.

Legislacióon
En España, la única ley encargada de regular y determinar el marco legal para la explotación de obras y sus derechos inherentes es la Ley de Propiedad Intelectual (LIP), cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo de 1/1996 del 12 de Abril, modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo.

Vigente hasta el pasado verano, la antigua LPI establecía el pago de un canon para los soportes que permitían la copia de obras artísticas, como las cintas de casetes o de vídeo. La reforma del texto, aprobado el 22 de junio de 2006, extendió sin embargo el canon a los soportes digitales. La medida satisfizo a las entidades de gestión de los derechos de autor, pero provocó el rechazo de la plataforma Todoscontraelcanon -integrada por una veintena de las sociedades de internautas, industria, sindicatos y usuarios- y los recelos de los productores de música (Promusicae).

La ley establecía además que cada dos años las entidades de gestión y la industria debían negociar el listado de aparatos sujetos al canon digital y su cuantía, pero las negociaciones entre sectores no fructificaron y entonces fue el Gobierno el que, en diciembre de 2007, difundió una propuesta que imponía nuevas tasas y rebajaba otras ya existentes.

El 20 de diciembre de ese mismo año, el Congreso rechazó además una enmienda incluida en la Ley de Sociedad de la Información que emplazaba al Gobierno a eliminar en el plazo de un año el canon digital. La explotación ilícita de los derechos de autor está castigada, no obstante, por vía penal. El Código Penal, modificado por la LO 15/2003 que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, establece que todo plagio o copia con fines de lucro de obras, literarias artísticas, científicas o industriales acarreará al que lo hace, y a quien distribuye los productos, entre seis meses y dos años de cárcel, más multa.

El asunto varía si se trata de grandes operaciones, si las ejecutan grupos organizados o si se utiliza a menores de 18 años, en cuyo caso las penas de prisión se establecen entre el año y los cuatro años más multa. El Código castiga igualmente a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier mecanismo para saltarse las protecciones anti-copias de programas, CD y DVD, etc. Y faculta a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado para poder actuar de oficio ante la sospecha de fraude, por lo que elimina la necesidad de una denuncia previa por parte de la víctima.

Plan Integral contra la Piratería
Para luchar contra este fenómeno, el Gobierno aprobó el 8 de marzo de 2005 el Plan Integral Antipiratería, una batería de medidas con la que el Gobierno pretendía acabar con la impunidad y la complacencia que rodeaba a los delitos contra la Propiedad Intelectual.
El Plan contemplaba la puesta en marcha de cuatro medidas de carácter urgente, además de cinco bloques de medidas de distinto tipo, dentro de un proyecto que involucraba a once ministerios y preveía la colaboración de los distintos sectores implicados.

La especialización de miembros del Ministerio Fiscal, peritos judiciales y miembros de la Policía Judicial para agilizar los juicios rápidos relacionados con estos delitos, fue también una de las medidas urgentes aprobadas, junto con la redacción por parte del fiscal general del Estado de una instrucción que unificara los criterios en el tratamiento de estos delitos.

El Plan preveía también la creación de un grupo policial específico que, entre otras cosas, asegurara la coordinación interna de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales, mediante un protocolo de actuación que evitara la pérdida de información.

Otra medida urgente se refería a la creación, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de un grupo de trabajo formado por entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y las industrias de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para establecer mecanismos que sirvan para detectar y retirar contenidos ilícitos de las redes digitales, así como para determinar la identidad de los infractores de derechos de propiedad intelectual.

La cuarta medida urgente era la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de un "mapa" de la piratería en España, un instrumento que serviría para determinar las áreas geográficas donde concentrar los esfuerzos policiales. Además de estas medidas urgentes, el plan prevé cinco bloques de medidas a medio y largo plazo preventivas, de sensibilización, normativas, formativas y de cooperación y colaboración.
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