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Los niños abandonan la escuela pública en Argentina

Argentina tiene leyes importantes para mejorar la educación, pero lamentablemente el Congreso las sanciona y el Ejecutivo no las cumple; esto es notorio en lo referente al calendario mínimo de clases y a la programada expansión de la jornada extendida en el nivel escolar primario. La ley 25864, sancionada en el 2004 establece un ciclo mínimo lectivo de 180 días anuales, no solo para el nivel escolar inicial sino también para el ciclo primario y secundario. Pero desde entonces nunca se cumplió esta ley, hace tres años más del 90 por ciento de los alumnos no tuvo los beneficios de estos días mínimos de enseñanza; hace dos años 22 provincias sobre un total de 24 incumplieron esta ley, y el año pasado apenas seis la cumplieron.

El perjuicio a los niños no solo es considerable sino que también es irreparable, por ejemplo, en la Provincia del Chaco en un periodo de cuatro años se perdieron nada menos que 127 días de clase. Hay pocos países en el mundo y en América Latina con menos horas efectivas de clase que Argentina. Claro que el daño está concentrado en los niños de familias humildes que necesariamente asisten a las escuelas públicas, ya que las escuelas privadas registran mejor cumplimiento de este calendario mínimo escolar. La otra ley incumplida es la 26206, sancionada en el 2005; esta ley establece la jornada extendida en el nivel primario y es específica ya que dispone que “hacia el 2010 por lo menos el 30 por ciento de las escuelas públicas debe tener jornada extendida”.

La ley es meritoria porque dispone con buen criterio que la extensión de la jornada debe comenzar prioritariamente ampliando la jornada de las escuelas donde asiste la población de menos recursos económicos. Lamentablemente también esta ley está lejos de ser cumplida, ya que no ha habido progresos, y aquí radica hoy una diferencia creciente entre los niños que pueden ir, abonando la cuota monetaria a escuelas privadas y los pobres que no tienen opción a la escuela pública. Según lo dispuesto por la ley en la actualidad deberían gozar de los beneficios de la jornada extendida mas de un millón de niños (30 por ciento de una matrícula primaria estatal de 3.500.000 alumnos), pero el caso es que los beneficiarios en realidad son 200.000 es decir apenas el 5,7 por ciento.

Cumplir la ley por lo tanto exige multiplicar sin demoras cinco veces la cobertura vigente. Un caso notable es la Provincia de Santa Cruz, donde en jornada extendida en la escuela estatal había en el 2009 apenas siete alumnos (atención siete no siete por ciento), sobre un total de 28.000 alumnos. La situación es socialmente crítica en el empobrecido Conurbano de Buenos Aires, ya que en sus escuelas estatales donde asisten 630.000 niños, menos del dos por ciento tiene los beneficios de la jornada extendida. Las leyes educativas no se cumplen, pero la gente se da cuenta y vota con su comportamiento abandonando cada vez más la escuela estatal, haciendo incluso los pobres sacrificios para pagar las cuotas escolares privadas.

Es así como a partir del 2003 se registra una declinación en la matricula estatal primaria que ha disminuido en nada menos que 250.000 alumnos. Este éxodo es significativo en Buenos Aires con 127.000 alumnos menos, Santa Fe 32.000, Mendoza 20.000 y Córdoba 15.000. Por el contrario en todas las provincias se incrementa año a año la matricula primaria privada que en el periodo 2002-2009 aumento un 18 por ciento. Se consolida así un sistema dual, escuelas para pobres con pocos días de clase y menos horas de instrucción y otras escuelas privadas para quienes pueden pagar. Es de destacar el comportamiento responsable de muchas familias de inmigrantes de países vecinos y del Perú. Estas familias, quieren un mejor futuro para sus hijos y por eso buscan escuelas donde se dicten efectivamente clases y que no se interrumpa el periodo lectivo por huelgas de los sindicatos docentes.

El gobierno puede retener los niños en las escuelas estatales pero mejorando la calidad de su oferta educativa. Esto exige, como mínimo, cumplir lo que ya hace varios años dispuso el Congreso Nacional. La inclusión social no es una cuestión de retorica superficial, sino de acciones concretas; la mejor forma de hacer más equitativa la distribución del ingreso es comenzar por hacer más igualitaria la distribución del capital humano, pero esto no es una cuestión de discurso sino de una mejor política educativa, que comience por cumplir la ley y no perjudicar a los niños pobres.
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