Nuevo esperpento nacionalista en Cataluña

El municipio barcelonés de Arenys de Munt celebraba ayer un referéndum secesionista, cuyo resultado a favor de la independencia se sabía ya de antemano. Los organizadores de la farsa eran muy conscientes de su nulidad oficial, así como de su valor simbólico y propagandístico. Ha sido precisamente ésta última consideración la que da sentido al referéndum ilegal a ojos vista de los convocantes, toda vez que su repercusión ha sido más que notable. Lógico, por otra parte, si se tiene en cuenta el fin último de la consulta, aunque los socialistas catalanes no lo vieran así.

Que un pequeño pueblo del Maresme decida de modo ilegal que quiere dejar de pertenecer a España para ligarse a una inexistente nación catalana es una broma de mal gusto. No lo es tanto el precedente que puede sentar semejante exabrupto, máxime si se tiene en cuenta la permisividad con que se ha llevado a cabo. Conviene recordar que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona había suspendido el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt que apoyaba la celebración de la consulta independentista. Ello es así porque de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución, la convocatoria de cualquier referéndum es competencia exclusiva del Estado.

Así las cosas, estamos ante la desobediencia grave de una resolución judicial, a lo que hay que añadir la conculcación de un precepto constitucional. Y no lo ha hecho una sola persona. Detrás del alcalde de Arenys, el nacionalista Carles Mora, hay gente tan relevante como el vocal del Consejo General del Poder Judicial Alfonso López Tena, nombrado a propuesta de CIU. Siendo apoyada la tropelía en cuestión por el llamado independentismo radical -Esquerra Republicana-, hay que decir que este guiso se ha cocinado en los fogones del nacionalismo moderado. De ahí que los socialistas hagan lo posible para pasar de puntillas en un asunto en el que, teniendo mucho que decir, han escurrido el bulto del modo más cobarde posible. No en vano, están en el gobierno autonómico y nacional, y por tanto a ellos correspondía articular los resortes del Estado para evitar una violación flagrante de la legalidad vigente.

En todo caso, la política del avestruz de los socialistas no ha podido evitar dejar en evidencia su política de alianza con los nacionalistas: porque esta es una prueba más que la fórmula socio-nacionalista del señor Zapatero, en lugar de integrar a los nacionalistas los ha catapultado a posiciones más soberanistas que nunca. Tampoco el PP ha hecho mucho, empeñado como está en no importunar demasiado a los partidos nacionalistas. Mientras tanto, Cataluña es testigo de una manifiesta ilegalidad tolerada y respaldada, sin que haya poder estatal alguno que le plante cara. Y en breve, la sentencia del Estatut. No corren buenos tiempos para la decencia política en España.