23 de enero de 2021, 3:00:02
Nacional

para conocer la "dimensión real" de este problema


El Gobierno planea crear un censo de niños robados para ayudar a su localización


El Gobierno creará un censo de posibles afectados por el robo de niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90 y propondrá a la Unión Europea que se facilite el acceso y tratamiento de los datos sanitarios cuando tenga como objetivo determinar la filiación natural.


El Gobierno creará un censo de posibles casos de "niños robados" dentro de las medidas a las que se ha comprometido hoy ante las asociaciones de afectados, lo que permitirá conocer la "dimensión real" de este problema y ayudar al reencuentro de los familiares. Así se lo han trasladado los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, y Ana Mato, respectivamente, junto con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a las asociaciones en un encuentro que ha durado cerca de dos horas.

En la rueda de prensa posterior, en la que han comparecido todos los asistentes al encuentro, Gallardón ha explicado que se ha formado grupo de trabajo especializado, coordinado por Justicia, y en el que participarán también Sanidad, Interior y la Fiscalía.

El titular de Justicia ha constatado el compromiso con los afectados, a quienes les ha trasmitido que si bien el camino para resolver la causa será "largo" y "complejo", el Gobierno, en ningún caso, "va a desfallecer".

Para la puesta en marcha del censo, se facilitarán a los afectados unas fichas para que las completen y se incorporen a un archivo, en el que se incluirán datos tales como la identidad, el domicilio, lugar de nacimiento y fecha.

En las fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, para que se puedan cruzar con los que constan en el historial clínico o en otro documentos de los centros sanitarios.

El departamento de Ana Mato se ha comprometido a instar a los servicios autonómicos de salud y de los centros que dependan de ellos a colaborar en este asunto.

Justicia asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.

También creará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con una base de datos de ADN, en la que se podrán incluir las pruebas que se hayan hecho los afectados en los laboratorios privados, previa homologación de los mismos por parte de este organismo.

Hasta el momento, las pruebas de ADN que los afectados se habían hecho en los laboratorios privados no se podían incluir en la base de datos oficial.

Respecto a las medidas de la Fiscalía General del Estado, el titular de Justicia ha anunciado la designación de un fiscal específico para esta causa.

Torres-Dulce ha asegurado que dará "prioridad absoluta" a la causa de los "niños robados" y ha mostrado su intención de que los distintos fiscales provinciales unifiquen los criterios no sólo en la investigación, sino también a la hora de calificar jurídicamente los hechos.

En el grupo especializado también estará, según ha apuntado Gallardón, el comisario general de la policía judicial.

Entre las medidas anunciadas, Gallardón también ha señalado que el Gobierno intentará introducir una enmienda al Reglamento del Parlamento Europeo, para facilitar el tratamiento y acceso a los datos sanitarios cuando el objetivo sea determinar la filiación natural.

Las asociaciones de afectados han valorado la reunión y los acuerdos alcanzados, al tiempo que han pedido que las responsabilidades en la causa de los bebés robados no acaben "solo en una monja", en referencia a la comparecencia hoy ante el juez como imputada de la religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, ha afirmado que están de acuerdo en que "no solo una monja puede ser la causante de este desastre", ya que Sor María, que tiene cerca de 80 años, es la primera imputada que declara ante un juez por este causa.

El restos de asociaciones también han pedido que no se demoren la puesta en marcha de las medidas, ni que tampoco se olvide que "se han cometido delitos contra los que hay que luchar".
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