18 de enero de 2020, 11:01:09
Nacional

desde este jueves


Juzgan a 13 miembros de Askatasuna y D3M por pertenencia a ETA


La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá penas de entre 7 y 9 años de prisión para 13 miembros de las ilegalizadas Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M) por un delito de colaboración o pertenencia a ETA en el juicio que comenzará el próximo jueves en este tribunal.


En su escrito de conclusiones provisionales, de 167 folios, el fiscal Vicente González Mota acusa a la portavoz de D3M, que fue cabeza de lista en Álava en las pasadas elecciones vascas, Amparo Lasheras; Arantza Urkaregi; Elisabeth Zubiaga; Iker Rodrigo; Imanol Nieto; Agurtzane Solabarrieta; Hodei Egaña; Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua de integración en banda terrorista.

De colaboración, acusa al presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, su secretario Xabier Isasa, el representante legal de D3M ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antia y Aitor Liguerzana, para los que solicita siete años de cárcel.

Según el fiscal, a raíz de la disolución en 2003 de las ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna "se desarrolló una estrategia sucesoria de actividades" a través de nuevos partidos o agrupaciones de electores "creados y utilizados con la exclusiva finalidad de eludir con fraude de ley la eficacia de las decisiones judiciales y desarrollar el proyecto terrorista".

El Tribunal Constitucional confirmó el 17 de febrero de 2009 la decisión del Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de Demokrazia 3 Milioi, que no pudieron estar presentes en las elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo, lo que supuso que por primera vez en la historia la izquierda abertzale no tuviera representación en la Cámara de Vitoria.

González Mota reproduce en su escrito los estatutos de Askatasuna, y añade que su similitud con los de Batasuna en cuanto a fines, órganos y estructura interna y a los derechos y obligaciones de los militantes "se convierte en coincidencia casi total".

Añade que el partido fue creado en 1998 con la finalidad de "continuar con la actividad del entramado institucional de ETA" y destaca su "inactividad política" entre 2001 y 2009, lo que le confirió un carácter "de tapadera u opción 'B'" de Batasuna y la banda terrorista.

Respecto a D3M, el representante del Ministerio Público asegura que las agrupaciones de electores fueron utilizadas "para eludir el control de la legalidad y seguir operando pese a las resoluciones acordadas por la Justicia, subsistiendo 'de facto' como organización política tras la celebración de las elecciones hasta la siguiente convocatoria electoral".

Los 13 acusados fueron procesados en septiembre de 2009 por el juez Baltasar Garzón, que dejó fuera a otros doce integrantes de estas formaciones ilegalizadas porque consideró que para diez de ellos no había indicios suficientes y los dos restantes estaban imputados en causas similares.

El magistrado estimó que desde que en 2002 se suspendieron las actividades de HB-EH-Batasuna, ETA decidió que la confrontación con las actuaciones del Estado y sus instituciones y, específicamente, frente a las suspensiones judiciales e ilegalizaciones por parte del Tribunal Supremo, se llevaría a cabo por medio de la creación de "marcas políticas sucesivas".

Para el juez, tanto Askatasuna como D3M "han discurrido desde su inicio por la senda de la legalidad formal, pero bajo la dirección y control de una organización terrorista como es Batasuna-ETA".

Garzón decretó la suspensión de actividades de estas formaciones durante tres años, prorrogables a cinco días después de que el Constitucional confirmara la decisión de la sala del 61 del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de D3M.
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