24 de junio de 2021, 11:16:32
América

Financiado por la ALBA


Nicaragua proyecta un canal interoceánico que competirá con el de Panamá


El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsa la construcción de un canal interoceánico que competirá de forma directa con el de Panamá. El faraónico proyecto, que cuenta con el apoyo de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), encabezada por Venezuela; tendrá un costo de al menos 30.000 millones de dólares.


El Gobierno de Nicaragua proyecta construir un canal interoceánico, que tendrá un costo de al menos 30.000 millones de dólares, en un período no mayor de 10 años y calificó esa obra como una "prioridad" y "patrimonio nacional", informaron las autoridades.

La iniciativa de ley de construcción de ese canal, que fue enviada el martes a la Asamblea Nacional (Parlamento) por el presidente del país, Daniel Ortega, y a la que hoy tuvo acceso Efe, también destaca que el proyecto será "complementario" y no "competitivo" con el Canal de Panamá.

Según el texto de la iniciativa propuesta por Ortega, la vía de navegación se construiría en un período no mayor de 10 años tras su ratificación en el Parlamento, sin embargo adelanta que podría estar concluido para 2019.

Para el 2019, el canal en Nicaragua tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial, señala el proyecto.

Al 2025, agrega, el canal podría recibir 573 millones de toneladas métricas, es decir un 4,5 % de la carga marítima mundial. El proyecto también dice que la ruta del canal se "determinará con base en estudios de factibilidad posteriores", aunque subraya que "existe una necesidad de un (nuevo) canal interoceánico en las Américas".

El Ejecutivo expresa que Nicaragua "es el mejor lugar" para construir un canal debido a que el impacto en el medio ambiente "será menor" y porque este país tiene "amplia disponibilidad de agua y tierras bajas". Además considera "rentable" la iniciativa porque "generaría muchas inversiones y empleos adicionales".

Nicaragua, que impulsará el proyecto como una empresa mixta de carácter público y privado, será dueña del 51 % de las acciones y de las ganancias, y ofrecerá el restante 49 % a los inversores, que podrán ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas, según la iniciativa.



Ortega pidió el pasado 4 de febrero, en Caracas, el respaldo a los jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) para crear un canal interoceánico, tras reiterar su viabilidad económica.

La iniciativa de ley nicaragüense también creará la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, que estará integrada por cinco miembros nombrados por el presidente y ratificados por los diputados.

Esa autoridad será la encargada de crear, organizar, estructurar y constituir la empresa y de asegurar el funcionamiento del canal, cuyo territorio será protegido por el Ejército y la Policía de forma "indelegable".

La zona de construcción del canal, considerada un "patrimonio nacional", será declarada de "utilidad pública" y el Estado indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 10 años, de común acuerdo entre las partes.

Respecto al Canal de Panamá, Nicaragua lo considera "saturado" porque tiene una capacidad para buques con un peso de hasta 64.000 toneladas y portacontenedores con 4.400 unidades de 20 pies de largo.

Advierte que la tendencia internacional es construir buques con un peso de entre 150.000 y 250.000 toneladas y portacontenedores con 10.500 unidades.

"Todo ello haría que ambas vías, la de Panamá y el nuevo canal (de Nicaragua), sean básicamente complementarias y no meramente competitivas", asegura la iniciativa.

La preocupación de Costa Rica

En este sentido, el Gobierno de Costa Rica afirmó que Nicaragua debe pedirle su opinión acerca de la futura construcción de un canal interoceánico, pues esa obra podría afectar derechos costarricenses.

"Nicaragua no puede pretender realizar un canal interoceánico sin antes pedir y oír el criterio de Costa Rica, y en el caso, como en el presente, donde puedan afectarse derechos de Costa Rica, la opinión de Costa Rica es vinculante", indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.

El vicecanciller costarricense, Carlos Roverssi, envió este miércoles una nota diplomática al Gobierno nicaragüense, en la que solicita "toda la documentación relacionada con la posible construcción del referido canal".

"Dicha documentación debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del (fronterizo) río San Juan (nicaragüense), su navegabilidad, las afectaciones al (costarricense) río Colorado y a la ribera derecha costarricense del río San Juan", indicó Roverssi.

Según el Gobierno costarricense, Nicaragua tiene derecho a realizar obras de infraestructura en su territorio, pero en lo referente al canal, "debe acatar lo dispuesto en el Tratado de Límites de 1858 y en el Laudo Cleveland de 1888", acerca de consultar a Costa Rica sobre el proyecto.

Nicaragua proyecta construir el canal interoceánico en un periodo de 10 años con una inversión de al menos 30.000 millones de dólares, para lo cual envió el martes a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para su construcción.

Según la Cancillería costarricense, el canal provocaría "un impacto ambiental sin precedentes en la región", lo que "desenmascara la supuesta preocupación ambiental que Nicaragua ha esgrimido como estrategia para oponerse a la trocha fronteriza costarricense".

Esa trocha, conocida como "1856", es un camino de lastre de 160 kilómetros que Costa Rica construye en su territorio bordeando el río San Juan, de la cual Nicaragua se ha quejado por supuestos daños ambientales al afluente fronterizo.

Costa Rica afirma que construye ese camino como respuesta a la "invasión" de civiles y militares nicaragüenses a una porción de su territorio en octubre de 2010, donde, asegura, cortaron bosque y causaron daños a un humedal protegido por convenios internacionales.

Por esa situación Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2010, y en diciembre de 2011 Managua hizo lo mismo contra su vecino por la construcción del camino.

"El Gobierno de Costa Rica reitera que la trocha 1856 no ha generado daño al río San Juan y llama la atención de que la construcción de un canal interoceánico que utilice las aguas del río San Juan, claramente significaría la destrucción absoluta de ese río y la del río Colorado", concluyó la Cancillería costarricense.
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