8 de diciembre de 2019, 15:21:00
Nacional

Carlos Dívar, Paulino Rivero, Casa Real...


Las luces y las sombras de la transparencia de los cargos públicos españoles


El caso de los supuestos gastos oficiales irregulares de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la publicidad de las cuentas de los cargos públicos españoles. Aunque la nueva Ley de Transparencia promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy pretende erradicar prácticas propensas a la corrupción, diversas organizaciones y ONGs denuncian que en España todavía queda mucho por hacer en este ámbito.


La llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa ha supuesto un cambio en la política de transparencia y comunicación de los cargos púbicos españoles. Hasta ahora, nuestro país era el único de los 47 miembros del Consejo de Europa de más de un millón de habitantes que no contaba con un acceso libre a la información pública.

Este hecho, según los expertos, ha favorecido en los últimos años el aumento de los casos de corrupción, malversación de fondos y mala praxis entre políticos y demás cargos e instituciones dependientes del Estado.

Hasta hace poco, cuando el Ejecutivo decidió sacar adelante el anteproyecto de la Ley de Transparencia, los cargos públicos tenían la obligación de hacer constar sus gastos oficiales o de representación ante la administración correspondiente (Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento, etc.) que a su vez remitía la factura al Tribunal de Cuentas, pero no tenían la obligación, si no mediaba un requerimiento oficial, de desglosar dicho gasto.

De este modo, muchos han sido los viajes oficiales cuya factura ascendía de manera sospechosa debido a desembolsos que nada tenían que ver con el objeto del traslado, como son los supuestos casos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, a Marbella o, más recientemente, del presidente canario, Paulino Rivero, a Uruguay y a Marruecos.

A esta obligación de rendir cuentas en caso de que les sean requeridas escapan dos instituciones que han estado rodeadas de polémica en los últimos meses: el mencionado Tribunal Supremo y la Casa Real.

El Alto Tribunal ya ha anunciado que va a cambiar su reglamento para que ni su presidente ni sus vocales puedan rehusar dar explicaciones pormenorizadas sobre sus gastos oficiales o de representación, ya que en la nueva Ley de Transparencia tampoco se contemplaba incluirlo en la lista de instituciones transparentes, en la que sí están incluidas, entre otras, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, cuyo gabinete de prensa ha confirmado a este periódico que sus facturas "son mínimas, siempre de carácter excepcional y están contabilizadas de manera correcta", o el Consejo de Estado.

Por su parte, la Casa Real, a raíz del caso Palma Arena en el que está involucrado el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, comunicó que haría más accesibles sus cuentas, aunque sin llegar a hacerlas públicas al cien por cien como ocurre, por ejemplo, en Reino Unido.

¿Cuánta corrupción estatal hay en España?
Con motivo de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, en la que participaron 3.600 españoles aportando ideas y propuestas al Ejecutivo a través de Internet, se puso de manifiesto el creciente interés que tiene la opinión pública sobre la claridad y el buen gobierno de nuestras instituciones políticas, judiciales y económicas. En este sentido, según una reciente encuesta del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), seis de cada diez españoles creen que el nuevo texto legal favorecerá el funcionamiento de las administraciones públicas y la accesibilidad de sus cargos de responsabilidad.

Sin embargo, aunque se pueda pensar lo contrario, en España se dan muchos menos casos de mala praxis administrativa o estatal de lo que la gente cree. "El índice de percepción de la corrupción es mayor que la corrupción real, lo que no quiere decir que no haya mucho por hacer en este sentido, pero estamos en el puesto número 31 de 182 del mundo en este ámbito, que no está mal", se afirma en declaraciones a EL IMPARCIAL desde Access Info Europe, una organización enfocada a luchar en favor de la transparencia pública en los organismos del Estado.

"El problema específico de las cuentas de los cargos públicos en España es que el Tribunal de Cuentas, que es el que lo regula todo, sólo las analiza por muestreo, ya que es imposible estudiar cada gasto de cada alcalde y concejal de cada ayuntamiento de cada Comunidad Autónoma", añade Access Info Europe.

De este modo, entre los años 2004 y 2010, según un informe de Transparencia Internacional elaborado recientemente por Manuel Villoria, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos I, y Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, los delitos por corrupción administrativa o malversación de fondos públicos ascienden a apenas 300, la mayoría de ellos localizados en la administración local o regional y muchos de ellos vinculados al 'boom' urbanístico.

En dicho informe, Villoria y Jiménez apuntan que, si bien la percepción de la corrupción entre los españoles ha ido creciendo en los últimos años, algo que puede deberse "a la debilidad de la política de represión de los delitos", no ha sido así con el número de casos. Además, señalan a los políticos y a las autoridades que otorgan contratos públicos, permisos o licencias como las más opacas, seguidas de los inspectores públicos y de la Justicia.

De pensiones a reformas pasando por viajes al Caribe
En los últimos años, al calor del negocio urbanístico en la mayoría de los casos, muchos han sido los cargos públicos que se han visto involucrados en denuncias y juicios relacionados con el desvío de gastos oficiales para fines personales. Uno de los más sonados es el de la ex presidenta del Parlamento y del Consell de Mallorca, María Antonia Munar, acusada de apropiarse de 240.000 euros de los fondos públicos de la Comunidad balear, aunque ella niega tal hecho y la Justicia aún tiene que dictar sentencia.

Tampoco el caso de los ERE irregulares andaluces se libra de contar con la malversación de fondos públicos entre la larga lista de delitos que se les imputa a los implicados. De los más relevantes son los más de 30.000 euros que el ex delegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, cobró de la empresa pública Calderinox y que la juez Mercedes Alaya ha pedido que explique ya que nunca trabajó en ella.

Otro ejemplo sonado fue el de Enric Roig y Antoni Herce, dos ex altos cargos de Convergencia i Unió condenados por haber desviado casi tres millones de euros de las arcas públicas a sus respectivos fondos de pensiones.

Un caso histórico fue el de Mario Amilivia, alcalde popular de León, que llegó a ser acusado de gastarse 170 millones de las antiguas pesetas a cuenta del erario público, incluyendo compras en supermercados por valor de 400.000 pesetas. Más recientemente, Gerardo Conde, ex responsable del consistorio de Santiago de Compostela, ha sido acusado de utilizar recursos públicos para enriquecerse, presunto delito por el que está siendo investigado por la Audiencia Provicial de A Coruña

Aunque para forma curiosa de favorecerse del status laboral, la de Teresa Fernández, vicealcaldesa de Fuenlabrada, que ha sido acusada por el PP de utilizar a operarios del ayuntamiento en las obras de su propia casa, o la de Pedro de Armas, concejal del consistorio de Arrecife (Lanzarote) que ha pasado una factura por gastos personales de 1.200 euros a pesar de encontrarse navegando por el Caribe desde el pasado mes de enero.

Pero algo debe de tener la localidad lanzaroteña, ya que varios ediles han sido acusados de inflar las facturas de móvil hasta en 120 euros por aparato a cargo de las arcas públicas. Una cantidad irrisoria, sí, pero que también arroja, como en el caso de Dívar en Marbella, algo de luz sobre las famosas "comidas de trabajo", donde se invierten miles de euros al año a pesar de que en muchos casos no sirven a fines administrativos oficiales.

La clave política, ¿un lastre?
Pero, ¿dónde reside exactamente el problema de la supuesta opacidad de los cargos públicos españoles? Access Info Europe apunta directamente a la administración, "donde hay entre un 55 y un 60 por ciento de silencio de media, lo que es un dato muy elevado".

En 2006, España se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que, entre sus numerosos requisitos está la elaboración de un marco legal que regule la transparencia de los poderes públicos, algo que no ha sucedido en nuestro país hasta seis años más tarde, aunque durante el Ejecutivo de Zapatero hubo dos intentos que no llegaron a materializarse.

Así, cabe mencionar el papel que juegan los partidos políticos en la regulación del acceso a esta información. Transparencia Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años el "nocivo papel" que juegan los distintos grupos en este sentido. Las dos grandes formaciones, tanto Partido Popular como PSOE, han rehusado hacer cualquier tipo de declaración para este reportaje.

En cambio, ha sido Jordi Cañas, diputado de Ciutadans en la Generalidad de Cataluña, uno de los partidos que más está pidiendo la "absoluta transparencia de los poderes estatales" junto con UPyD, el que sí ha hablado con EL IMPARCIAL. "Es verdad que todos los datos son públicos, pero ni son accesibles, ni son transparentes y el rendimiento de cuentas ha de ser un principio básico en la Administración, al nivel que sea y al cien por cien", afirma Cañas.

En referencia al caso de Carlos Dívar, al que el diputado catalán califica de "ejemplo de desvergüenza", sostiene que "sus explicaciones son insultantes y ponen de manifiesto la necesidad de un memorándum moral para la Administración porque, aunque lo que haya hecho sea legal, lo que está claro es que no es ético y menos en los tiempos que corren".

Un punto de vista similar es el que expone Pedro María Azpiazu, portavoz del PNV en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en conversación con este periódico. "El problema de España es más bien cultural y que recuerda un poco a un país de Rinconete y Cortadillo, como lo ponen de manifiesto los casos 'Gürtel' o 'Dívar', por ejemplo", al tiempo que añade que "hasta ahora la opacidad de las instituciones y cargos públicos ha sido un gran problema para España, esperemos que se solucione con la nueva Ley", afirma Azpiazu.

De este modo, si bien España aún tiene asignaturas pendientes en materia de transparencia de las cuentas de sus cargos públicos, la situación es mejor de lo que la opinión pública recoge y sólo casos puntuales como el del presidente del Tribunal Supremo ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de accesibilidad de información de nuestro país.

La Ley de Transparencia parece ser una solución a estas lagunas, un texto "que convertirá -afirman desde Access Info Europe- a cada español en un potencial auditor del poder y los representantes públicos" y, como recuerda Cañas, "nos recordará que el dinero público es de todos pero no es de nadie".

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