26 de enero de 2020, 5:11:37
Nacional

según fernando román


Justicia desea que el CGPJ recupere cuanto antes el crédito perdido con Dívar


Tras la Comisión de Justicia del Congreso, que se ha reunido este miércoles para debatir varias proposiciones no de ley a raíz de la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, el secretario de Estado de Justicia Fernando Román, ha reconocido la preocupación del Gobierno por el crédito perdido por parte del poder judicial


El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha reconocido hoy la preocupación del Gobierno por la crisis que la polémica de los viajes de Carlos Dívar ha desencadenado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha confiado en que cuanto antes recupere el crédito de los ciudadanos.

Román ha respondido así en la Comisión de Justicia del Congreso al diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, quien ha reprochado al Ejecutivo que haya mantenido una actitud de "mirar para otro lado" en el "caso Dívar" haciendo un flaco favor al CGPJ y a la política.

"Da la impresión de que cerramos filas para que no se nos vean las vergüenzas", ha dicho Llamazares tras recordar que después de que la Fiscalía y el Tribunal Supremo archivaran la denuncia contra Dívar, el Gobierno destacó que el Consejo y su presidente salían "fortalecidos".

El secretario de Estado se ha limitado a reiterar el respeto del Ejecutivo al principio de separación de poderes, en el que ha justificado la "prudencia" y "distancia" que ha mantenido mientras se investigaba la denuncia que el vocal José Manuel Gómez Benítez presentó contra Dívar por cargar al Consejo los gastos de sus viajes en fin de semana. "Naturalmente compartimos toda la preocupación por la desestabilización institucional de uno de los principales órganos del país", ha recalcado Román, que ha expresado su deseo de que el CGPJ vuelva a la normalidad cuanto antes.

También ha tenido que responder a las críticas del PSOE por la anunciada modificación del sistema de elección del CGPJ para que doce de los 20 vocales sean elegidos por los jueces y con la que, según el diputado socialista Julio Villarrubia, el PP romperá las reglas del juego y el consenso en una cuestión de Estado.

Román ha asegurado que buscarán el máximo consenso posible, pero también ha sostenido que esos cambios son necesarios para asegurar la independencia y evitar el actual sistema en el que el CGPJ se ha transformado en una "prolongación del Parlamento".

Por otra parte, ha respondido a varias preguntas de la oposición sobre las modificaciones del Código Penal y las reformas en la Administración de Justicia anunciadas por el Gobierno. En este sentido, ha confirmado que en septiembre estarán listos los textos de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Demarcación y Planta, que el Ministerio de Justicia ha encargado a una comisión de expertos, así como el proyecto de ley de implantación de los tribunales de instancia, que podría entrar en el Parlamento el próximo febrero.

El PSOE y la Izquierda Plural han criticado el "populismo punitivo" del Gobierno al anunciar medidas como la prisión permanente revisable, olvidando el objetivo fundamental de la reinserción. "Nada más lejos de la realidad", ha afirmado el secretario de Estado que ha defendido la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable, vigente en otros países europeos, para delitos que tocan el "corazón del Estado", como el terrorismo.

Frente a esos argumentos, Villarrubia ha criticado que el ministro Alberto Ruiz Gallardón haya presentado hasta 20 "contrarreformas" y haya anunciado una "ocurrencia" cada vez que se ha reunido con algún colectivo del sector de Justicia, sin que hasta la fecha haya habido "ni una sola llamada de teléfono al principal partido de la oposición".

Respecto al aumento del castigo penal para quien convoque o incite a actos violentos durante una manifestación, Román ha asegurado que se trata de garantizar los derechos fundamentales de todos, del que quiere manifestarse y del que no.

Por ultimo, también ha defendido el aumento de las tasas judiciales, especialmente en la segunda instancia, como una fórmula que garantizará la igualdad de los ciudadanos y permitirá que nadie que no tenga recursos se quede privado del beneficio de la Justicia gratuita, al que se destinará lo recaudado.
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