9 de diciembre de 2019, 9:51:07
Nacional

AL PASO


Caso Sortu: Una sentencia inasumible



En términos estrictamente jurídicos no se entiende bien la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Sortu estimando el recurso de amparo contra la denegación de la inscripción de este partido , a los efectos de su legalización, por parte del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo entendió, de acuerdo con la ley de Partidos, que Sortu no podía ser legalizado por considerar que era la simple continuación de la anterior Batasuna, que había sido declarada fuera de la ley. El Tribunal Supremo apreció insuficientes, por fraudulentas, de un lado, la contraprueba de su rechazo de la violencia asumida por Sortu en sus Estatutos y, asimismo, la manifestación de su propósito de aparecer como una formación política sin continuidad con ninguna anterior.

Los promotores del Partido recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando, básicamente, que el fallo del Tribunal Supremo vulneraba su derecho de asociación y que en consecuencia debía anularse la decisión jurisdiccional. En realidad lo que se pretendía era que el Tribunal Constitucional, dada su supremacía sobre el Supremo en relación con la garantía de los derechos fundamentales, revisase la valoración de las pruebas llevada a cabo por la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que habían sido aducidas por las partes en el incidente de anulación de la denegación de inscripción del Partido Sortu. Ahora bien ¿puede llevar a cabo el Tribunal Constitucional, a través del proceso de amparo, este control de la valoración de la prueba cumplimentada por el Tribunal Supremo?

Esta pretensión apunta evidentemente al modo en que se establecen en nuestro sistema constitucional las relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, de forma que se asegure la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos como objetivo que comparten las dos jurisdicciones, pero sin subvertir el reparto de funciones entre estas, dejando la función jurisdiccional exclusivamente a los tribunales y jueces, y reservando al Tribunal Constitucional la garantía última de los derechos fundamentales. Por tanto el Tribunal Constitucional no es una nueva instancia que revise lo actuado por la jurisdicción ordinaria, aunque puede intervenir si la jurisdicción ordinaria se ha conducido vulnerando los derechos fundamentales.

En el supuesto presente ello quiere decir que el Tribunal Constitucional no puede volver sobre la actividad probatoria llevada a cabo , en este caso, por el Tribunal Supremo, a no ser que la valoración de la misma se hiciese vulnerando los derechos fundamentales, esto es, tuviese lugar de modo arbitrario, irracional o gravemente deficiente. ¿Realiza algún reproche el Tribunal Constitucional sobre la consistencia de las pruebas aceptadas por el Tribunal Supremo? No lo hace , pues el TC es consciente de lo resbaladizo de su posición inmiscuyéndose en el terreno probatorio reservado constitucionalmente a la jurisdicción ordinaria, en este caso al Tribunal Supremo como tribunal a quo. ¿Aduce algún argumento para rebatir la subordinación en la valoración del Tribunal Supremo de la contraprueba —esto es, las afirmaciones en el plano de los estatutos sobre el rechazo de la violencia del nuevo partido y sobre su indubitado carácter originario? ¿Puede atribuirse arbitrariedad a la apreciación de fraude, que lleva al Tribunal Supremo a rebajar , frente a las pruebas de todo tipo aducidas en el incidente de la revisión de la denegación de la inscripción, la importancia de la contraprueba?. Desafortunadamente para fundamentar la coherencia de la resolución del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo no contó con la condena de la violencia de Eta y no su simple rechazo en los Estatutos. Ocurrió además , como agudamente se hace valer en un voto particular, que se diluyó el significado de este rechazo con una denuncia, con evidente propósito mistificador, de todas las violencias, entre ellas, naturalmente la del Estado.

La incoherencia de la Sentencia sobre Sortu es más grave por dos motivos. En primer lugar, porque, frente a lo que pueda parecer, no guarda relación con la que resolvió el caso Bildu , referido a una coalición plural y cuya relación con Batasuna era ciertamente más cuestionable. En segundo lugar, porque sin duda la propia conciencia de la insuficiencia argumentadora de la fundamentación lleva al Tribunal a formular una serie de advertencias al partido legalizado que es dudoso corresponda hacer al Tribunal Constitucional en una Sentencia, a no ser que confiera a sus palabras un poder taumatúrgico capaz de convertir la propia naturaleza de las personas, trocando a los lobos en corderos.
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es