11 de diciembre de 2019, 7:50:35
Opinion


Un plan de ilusiones

Javier Zamora Bonilla


No hay nada que se parezca más al discurso del PP para justificar los recortes presupuestarios y las subidas de impuestos desde que está Rajoy en el Gobierno que el que hacían los dirigentes del PSOE cuando estaba Zapatero en Moncloa. Ni nada que se parezca más a la letanía de críticas del PSOE desde que es oposición que las que lanzaba el PP cuando los populares no gobernaban. Esto debería hacer reflexionar a los dirigentes de ambos partidos y, lejos de retóricas huecas que no se concretan en nada, llegar a un gran acuerdo político ahora que los dos han probado los sinsabores de gobernar contracorriente y de estar vigilados por las instituciones europeas y por los mercados.

Ayer mismo María Dolores de Cospedal repitió la frase que varios dirigentes socialistas pronunciaron más de una vez el pasado año, pero cambiando el sujeto. Cospedal afirmó que parece que algunos socialistas se alegrarían de que la economía española fuese intervenida. A lo que contestó Elena Valenciano que si tal intervención se produjese la responsabilidad sería exclusivamente del Gobierno. Pues ni lo uno ni lo otro: ni toda la responsabilidad de una posible intervención de la economía española es sólo de este Gobierno que lleva siete meses gobernando, ni creo que haya muchos líderes socialistas que se alegrasen de verdad si tal situación se produjese.

Ante la simplificación de los mensajes de uno y otro partido, que han coincidido tanto durante los dos últimos años en tomar medidas que afectan negativamente a los ciudadanos, éstos están llegando a un grado de saturación extremo. Los funcionarios han tomado la delantera frente al último paquete de recortes aprobado por el Consejo de ministros porque, siendo objetivamente quienes menos se beneficiaron en los años de crecimiento (sus salarios subieron mucho menos que el aumento de la riqueza nacional y que los sueldos del sector privado), están sufriendo ahora de forma más dura la política gubernamental desde el fatídico mayo de 2010 en que Zapatero se vio obligado a virar completamente su política, presionado por sus socios europeos. Como bien dijo el otro día Josu Erkoreka en el Congreso, Rajoy ya tiene también su 10 de mayo con su 11 de julio, día en que expuso en el Congreso algunos de los recortes –digo algunos porque se han mostrado todavía mayores en el BOE– y la subida de impuestos, incluyendo el IVA. Por cierto, que lo hizo para dar explicaciones de los resultados, aparentemente óptimos para nuestros intereses, de la pasada cumbre europea, pero que al presentarse Rajoy ante el Parlamento ya casi se habían diluido por las dudas sempiternas de los miembros de la Unión y su ritmo tardígrado de tortuga en respuesta a la especulación de los mercados, frente a la voracidad y celeridad de los mismos.

Las medidas que llevó Rajoy al Congreso hubieran requerido un debate más extenso y profundo y abierto a propuestas de la oposición, sobre todo, cuando era la primera vez que el presidente iba a la sede que representa a la soberanía para debatir sus políticas de ajuste y cuando nos ha birlado a los ciudadanos el debate sobre el estado de la nación. La sesión debía haber sido en realidad un nuevo debate de investidura, dado que suponía un giro radical a lo que había planteado en ésta, como le dijo Rubalcaba.

A los funcionarios se van a sumar pronto, en la calle, otros muchos sectores: parados que ven recortadas sus prestaciones, pensionistas que ven congeladas sus pensiones y tienen que pagar los medicamentos que antes no pagaban, familiares de enfermos dependientes que ven reducidas las ayudas, estudiantes a los que se les suben las matrículas y se les recortan las becas, etc., etc. La acogida que la movilización de los mineros está teniendo en toda España es un síntoma de este hartazgo social. Es posible que en el fondo no toda la razón esté de parte de los mineros, pero la gente no entiende porque se enquista un problema de unos cuantos millones de euros cuando la banca recibe varios miles de millones, sin que de verdad se vayan a dar explicaciones y a depurar responsabilidades, más allá de la comedieta parlamentaria que han montado, con presencia incluida de algunos actores principales, para correr un tupido velo delante del desaguisado de Bankia.

La explicación de su política por parte de Rajoy en el Congreso el pasado miércoles se redujo a decir que es lo que hay que hacer porque se han encontrado un déficit público mucho más alto del esperado, y, en el fondo, aunque eso lo dijo con la boca chica, porque nos lo imponen la Unión Europea y el FMI para poder recibir la financiación que necesita parte de la banca española. Los tres comparecientes después del Consejo de ministros del viernes no añadieron mucho más, salvo la explicación técnica de los recortes y de las subidas de impuestos. A estas alturas ya todos somos conscientes de la condicionalidad que imponen las instituciones europeas y el FMI para el rescate a la banca, que ya vemos también todos que es un rescate parcial a la economía española, con el agravante de que, de momento, no ha servido a corto plazo para solucionar el problema de financiación de la deuda pública; mas el presidente y los ministros siguen haciendo juegos de malabares con las palabras a pesar de que Rajoy se hartó de decir antes de las elecciones que él diría siempre la verdad.

La sesión parlamentaria del pasado miércoles, que tuvo su continuación en el Consejo de ministros el viernes y la posterior rueda de prensa, contribuyó aún más a la atmósfera plomiza y melancólica que tenemos desde hace años, porque junto a los recortes y a las subidas de impuestos no se propuso un plan, un verdadero plan estructurado de políticas que permitan poner ciertas esperanzas en un crecimiento económico no muy lejano, el cual sea el sostén de la mejora social de los que ahora están sufriendo más la crisis. Dado que el Gobierno no lo hizo la semana pasada, aunque tanto se lo reclamó al Gobierno anterior, convendría que se sentase con los partidos de la oposición y los agentes sociales para diseñar un plan que genere algunas ilusiones en una sociedad decaída que no quiere ser decadente.

Las líneas principales de ese plan de ilusiones debe plantearlas el Gobierno, y los demás deben colaborar, aportar ideas, proponer soluciones, aconsejar mejoras, inventar, y, sobre todo, apoyar juntos las iniciativas que en breve y medio plazo puedan transformarse en realidades tangibles para que eso que ahora llaman “marca” España, que es mucho más que una marca: es una nación con una larga y no del todo fracasada historia, una cultura extendida por el orbe y una sociedad trabajadora, salga de la crisis en que está sumida. Debemos ser capaces de otear por encima del negro horizonte que tenemos delante algún gran proyecto de ilusiones.
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