11 de diciembre de 2019, 8:03:44
Nacional

Crónica política


¿Tiene legitimidad el PSOE para protestar en la calle?


Un nuevo día de protestas ciudadanas contra los recortes plantea la duda de si el Partido Socialista, que envía representación a muchas de estas concentraciones, tiene o no legitimidad para manifestarse en contra de unas medidas que, según el popular Alfonso Alonso, arreglan el agujero que dejó el ejecutivo Zapatero.


Hace mucho calor, y no sólo climatológicamente hablando. Las protestas de los funcionarios se suceden día a día. Y el PP se han enzarzado en una guerra sobre la legitimidad que los socialistas dicen tener para adherirse a las manifestaciones contra los recortes del Gobierno, como ha asegurado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, que ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de mentir, tanto en el Consejo de Ministros como en la Cámara baja.

No lo ha entendido así su homólogo en el Partido Popular, Alfonso Alonso, quien ha afirmado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue “el que dejó el agujero en España que ahora hay que arreglar”, por lo que el PSOE, ha añadido, “debería sentir vergüenza”. Más lejos ha ido, al afirmar que “aquí todo el mundo tiene una responsabilidad, y el PSOE tiene la mayor, porque son los que han causado este desastre”.

Alonso ha mostrado su comprensión por la irritación de los ciudadanos y ha aceptado su derecho a salir a la calle para protestar contra unas medidas adoptadas por el Gobierno “duras y muy difíciles”. Pero lo que ha asegurado no estar dispuesto a admitir es “la cara que le echan” los socialistas, “porque no son nadie para salir a manifestarse contra ningún recorte y no tienen ninguna legitimidad”.

Los recortes también han llegado al Palacio de la Zarzuela. Fuentes de la Casa del Rey han anunciado este martes la decisión de Don Juan Carlos de reducir en un 7,1 por ciento, el mismo porcentaje que afecta a los funcionarios, sus ingresos brutos anuales, medida que también afectará al Príncipe de Asturias. Decisión que se ha conocido, por otra parte, en otro mal día para La Zarzuela, al haberse conocido la imputación por parte de un juzgado de Asturias de la abuela, el padre y una tía de Doña Leticia por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Y el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, por fin, tras varios días de deliberaciones y votaciones, ya tienen nuevo presidente. Con sorpresa. Su máximo responsable no pertenece a la conservadora APM ni a la asociación Francisco de Vitoria, sino a la progresista Jueces para la Democracia, de la que fue uno de los fundadores. Gonzalo Moliner, magistrado de la Sala de lo Social del Supremo, está especializado en este campo, tanto, que como recuerdan las fuentes consultadas, se ha opuesto públicamente a la reforma laboral aprobada por el Gobierno.

Las mismas fuentes señalan que “o aquí hay gato encerrado, o al PSOE le ha salido la jugada redonda. Laminado el conservador Carlos Dívar, qué mejor que tener un presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo que un miembro de Jueces para la Democracia, la asociación judicial próxima a los socialistas y de la que han formado parte o forman nombres como María Teresa Fernández de la Vega, Margarita Robles o Juan Alberto Belloch”.

En sus críticas a la reforma laboral del Ejecutivo, Moliner ha asegurado que existen puntos “especialmente problemáticos, como el nuevo contrato de trabajo que permite al empresario rescindirlo en un tiempo indeterminado y sin causa, y que puede generar problemas ya que no todo el mundo pensará que se ajusta a la ley".

Otra de las polémicas de estos últimos días, el “Que se jodan” pronunciado por la diputada del PP Andrea Fabra durante el Pleno del Congreso celebrado el pasado miércoles y en el que Mariano Rajoy anunció las nuevas medidas de ajuste, parece haberse sustanciado este miércoles. El PP la ha reprendido por escrito al considerar que no ha tenido un comportamiento acorde con lo que se espera de un diputado. El presidente del Congreso, Jesús Posada, por su parte, la ha citado en su despacho para amonestar también por su “conducta totalmente inadecuada”, como ha explicado posteriormente ante el Pleno de la Cámara.

Por su parte, Fabra, en una carta entregada a Posada ha pedido perdón al Grupo Socialista, porque aseguraba que esa expresión iba dirigida al mismo y nunca a los parados, como aseguran desde el PSOE.
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