28 de enero de 2020, 3:15:59
Nacional

otros DOS detenidos, EL LIBERTAD bajo fianza


Prisión incondicional para la cuarta GRAPO detenida por el secuestro de Cordón


La cuarta miembro de los GRAPO detenidos por el secuestro del empresario Publio Cordón en junio de 1995 entrará en prisión incondicional según ha decretado este lunes el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. De los otros tres detenidos, uno ya está en prisión y los otros dos podrán salir en libertad en las próximas horas tras abonar una fianza de 10.000 euros.


El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dictado hoy prisión incondicional para la miembro de los GRAPO María Victoría Gómez Méndez, por su participación en el alquiler de la vivienda donde fue retenido el empresario Publio Cordón en junio de 1995, su custodia y posterior enterramiento.

En el auto, el juez mantiene que al menos otros dos miembros de los GRAPO sitúan a Gómez Mendez en la vigilancia e inhumación de los restos del empresario, fallecido unos quince días después de ser secuestrado en Zaragoza, al caer por una ventana cuando trataba de huir de la vivienda de Lyon donde estaba retenido.

Según avanzó el pasado viernes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Gómez Méndez, junto a José Antonio Ramón Teijelo, ya en prisión, custodiaron a Cordón en la vivienda alquilada por el propio Teijelo con documentación falsa y la acondicionaron para el secuestro del empresario.

Mientras, otro de los detenidos, el presunto miembro de los GRAPO Vicente Sarasa, saldrá de prisión en las próximas horas tras abonar la fianza de 10.000 euros que le impuso el sábado el juez Gómez Bermúdez, han confirmado fuentes jurídicas. No obstante, las mismas fuentes han indicado que la cantidad aún no ha sido registrada en la cuenta de la Audiencia Nacional, por lo que la libertad podría demorarse.

Una vez que Sarasa quede en libertad, deberá comparecer diariamente en los juzgados más cercanos a su domicilio y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.

Gómez Bermúdez impuso a Sarasa la misma fianza que a otra de las detenidas, Manuela Ontanilla, pareja de José Antonio Ramón Teijelo, para quien sí decretó prisión incondicional. En el caso de Ontanilla, el magistrado consideró que su edad, junto al hecho de que su compañero sentimental haya ingresado en prisión, determina que el riesgo de fuga no sea tan elevado por lo que decretó una prisión eludible de 10.000 euros.

Las asociaciones de jueces expresan su respeto
Las principales asociaciones de jueces han mostrado su respeto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional de poner en libertad bajo fianza de a estos dos miembros de los GRAPO. En declaraciones a EFE, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha indicado que desconoce el contenido de la resolución y los motivos en los que se fundamenta el juez.

Llarena ha explicado que ignora si existen indicios que apuntan sin seguridad, pero con firmeza contra las personas, cuya libertad se ha decretado, o si el atestado policial recoge meras sospechas que no justificaban todavía la participación de esas personas en los hechos y la adopción de la medida de prisión.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha considerado que, al liberar a dos de los tres miembros de los GRAPO, el juez Gómez Bermúdez ha adoptado una resolución motivada de manera adecuada. Bosch ha señalado a EFE que el juez ha valorado que no se cumplen los requisitos de prisión, ya que no hay riesgo de fuga, y por tanto aceptan la decisión.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, la regla general es que "ha de prevalecer la libertad salvo cuando no se den los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia". "Se trata de una medida cautelar, ya que el juez considera que no hay riesgo de fuga, y por tanto, la investigación continua", ha subrayado Bosch, quien ha considerado que decretar la libertad provisional "sería una anticipación a la condena sin juicio previo".

El portavoz de la Asociación "Francisco de Vitoria", José Luis González Armengol, ha dicho que, ante un delito tan grave como la muerte de una persona, "lo normal, tal como ha hecho el Ministerio Fiscal, es que haya una petición de prisión provisional como medida cautelar".

González Armengol ha resaltado que lo habitual, en este tipo de situaciones, es la adopción de una medida de prisión provisional, por la gravedad de los hechos, a la espera del juicio correspondiente, salvo que los datos suministrados por el atestado policial sean flojos y no existan elementos incriminatorios suficientes para que se pueda imputar el hecho delictivo a las personas detenidas.
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