19 de noviembre de 2019, 3:39:43
Opinion


Repatriación de cooperantes: más vale prevenir



Desde hace tiempo, sobre todo tras el golpe de Estado del 22 de marzo, que llevó al poder a una Junta Militar, liderada por Amadou Sanogo -tras derrocar al Gobierno de Amadou Toumani Touré-, y el establecimiento en mayo de un nuevo Estado islámico en Azawad, Mali y toda su zona es presa de la violencia y la más absoluta inestabilidad. En medio de una crisis de gran calibre, los integristas islámicos están aprovechando para imponer la sharía –ley islámica- al grito de “Alá es grande”, y se han hecho fuertes no sólo en el país africano sino en toda la región. El norte de Mali se ha convertido en un feudo terrorista que extiende sus tentáculos a pasos agigantados.

En este contexto, no es en absoluto alarmista sino prudente la decisión del Gobierno español, expresada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de repatriar urgentemente a todos los cooperantes españoles que están en el campo de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, ante los indicios de un considerable incremento de inseguridad en la zona, donde el terrorismo islamista tiene en el secuestro de cooperantes occidentales uno de los principales ejes de actuación de su criminalidad. Recordemos que hace apenas diez días se liberó a los cooperantes españoles Ainhoa Fernández del Rincón y Enric Gonyalons, que habían sido secuestrados hace nueve meses por los islamistas, precisamente en el campamento de refugiados de Tinduf. Y no es este el único caso de capturas de cooperantes, no pocos españoles, que han tenido lugar tanto en esta región como en otras, a merced de las garras de Al Qaeda y las distintas facciones yihadistas.

En este polvorín, el ministro García-Margallo, con buen criterio, ha manifestado que España apoyaría el despliegue en Mali de una fuerza de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental para hacer frente a los grupos terroristas que se han adueñado del norte del país. Pero, antes que nada, lo más sensato es evitar más secuestros con esta medida de la repatriación.

Cuando desgraciadamente se produce un secuestro está fuera de toda duda que debe primar el objetivo de salvar las vidas de las personas capturadas. Por ello, resulta muy difícil impulsar mecanismos de actuación –aunque, incluso en esos momentos, no hay que dejar de ponerlos en marcha- que no sea el pago de cuantiosos rescates. Unos rescates que, aunque, naturalmente, sin quererlo, fortalecen a las organizaciones criminales y grupos terroristas que se financian con este tipo de hechos delictivos, robusteciendo a la delincuencia terrorista, que podrá dotarse de una organización más eficaz y de mejor armamento para multiplicar sus actos criminales. Además de poner al país afectado en una situación de claudicación ante el terror, señalando a sus ciudadanos como una presa fácil sobre la que los delincuentes volverán a dejar caer su zarpa. En otras palabras, pagar rescates es muy humano, pero debemos saber que remunerar el terrorismo es la manera más directa de perpetuarlo.

Ante una realidad que es de sobra conocida, es de elemental sentido común aplicar todo lo posible la sabia máxima de que más vale prevenir que curar, como se ha hecho en esta ocasión. La responsabilidad de que los refugiados de esa zona no puedan contar en estos momentos con la máxima ayuda de los cooperantes –España mantiene su compromiso con los campos de refugiados- recae única y exclusivamente en quienes con su amenaza, muchas veces cumplida, de ejercer el terror no dejan otra salida que la de la prevención.
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