13 de noviembre de 2019, 18:32:32
Opinion


Irresponsabilidad de las ONGs en el Sahara



En una vuelta de tuerca sorprendente, los cooperantes que actuaban en el campo de refugiados saharauis de Tinduf y que fueron repatriados urgentemente para ponerlos a salvo de un inminente secuestro, han decidido retornar al mismo lugar donde les amenaza una acción terrorista. Ese giro inesperado de los acontecimientos está siendo remachado por una desconcertante reacción ideológica de las ONGs implicadas, tan exacerbada que ha puesto al Gobierno español a la defensiva y obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores a justificarse.

Más en concreto, la Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sahara ha dirigido sus baterías dialécticas no contra el terrorismo que las ha puesto en su punto de mira, sino contra la decisión gubernamental calificándola de”montaje”, “acto grave” y “cambalache” concertado con las autoridades marroquíes. Dirigentes de estas ONGs, como la vasca Mundabat, han acusado al Gobierno español de crear un miedo injustificado con el oculto propósito de aminorar las visitas a los campamentos saharauis y debilitar al Frente Polisario.

Se da la circunstancia de que precisamente esta ONG de Mundabat sufrió el secuestro de uno de sus cooperantes, liberado hace solo dos semanas, tras nueve meses de cautiverio a manos de terroristas en Mali, que han obtenido a cambio un cuantioso botín; botín –no lo olvidemos- con el que se remunera y perpetua la acción terrorista.. Mundabat no ha hecho público su agradecimiento a la sociedad española ni a los dos Gobiernos que han movilizado un costoso operativo para salvar la vida de uno de sus componentes, y sí se ha mostrado, por el contrario, como una de las más beligerantes en lanzar acusaciones de grueso calibre contra el Ejecutivo que tanto les ha ayudado.

Una reacción así revela no sólo una inaceptable ingratitud, sino una ceguera ideológica que lleva a Mundabat o al conjunto de la Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sahara a atizarse ellas mismas un nuevo martillazo en la cabeza. Nadie mejor que estas ONGs conocen la desestabilización yihadista en el norte de Mali y la virulencia del terrorismo desencadenado desde esta zona. También la falta de recursos del Polisario para proteger a la totalidad de los cooperantes desplazados a sus campamentos.

Si las ONGs determinan romper las lógicas medidas de prevención tomadas por el Gobierno no será sólo por una afán de notoriedad mediática – ya conseguida en un tiempo récord-, sino porque saben que tras las previsibles acciones de un secuestro terrorista, estará todo el dinero de los contribuyentes que haga falta para costear los rescates, y los incontables recursos diplomáticos para resolverlos. Pero no es lo mismo quien es víctima de un secuestro imprevisto que el que decide meterse voluntariamente en la boca del lobo en una frívola jugada ideológica. En este segundo caso, debería activarse un mecanismo que hiciera responsable, moral y económicamente, a la organización que desafía las más elementales prevenciones. De asumir los altos costes de los rescates, con toda seguridad no veríamos actuar de un modo tan irresponsable a organizaciones que deberían ser un ejemplo de madurez.
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