25 de noviembre de 2020, 23:19:27
Derecho

TRIBUNA


¿Vuelta a la ley franquista de arrendamientos urbanos?



En una rueda de prensa,- según el extracto que nos ofrecen los noticieros jurídicos - el Decano de los Jueces de Valencia Ilmo Sr. Don Pedro Viguer pide cambiar la ley; los jueces lamentan que “en muchas ocasiones no puedan hacer otra cosa más que aplicar la ley” y que en el actual contexto económico, los magistrados apuestan por revisar la normativa. "Hay que estar a la altura de los tiempos, y estamos en tiempos graves, y las normas deben adaptarse a las circunstancias", ha puntualizado Viguer. En la actualidad, se está dejando un "reguero" de perjudicados que se están quedando sin vivienda por ejecuciones hipotecarias o por juicios de desahucios: "cuando hay una deuda, hay que reclamarla, pero quizás se podrían suavizar determinados mecanismos de la ley procesal", opina el juez. Asimismo, opina que la ley debe estar al servicio de los ciudadanos, "y no solamente al de ciertas entidades generalmente poderosas que son las que se benefician de los procedimientos más rápidos, más contundentes y eficaces", ha matizado.

Respecto a los desahucios, según consta en las estadísticas de la memoria de los juzgados de Valencia, en los seis primeros meses de 2012 se registraron 1.010 desahucios frente a los 914 del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 10 por ciento.
Con el mayor de los respetos, creo que hay que discrepar firmemente de semejante opinión.

Por de pronto, no parece que una rueda de prensa sea el lugar apropiado para hacer apología de una ideología contraria a que se aplique la ley, y junto con ella los principios generales de seguridad e igualdad ante la ley. Y digo esto por cuanto, no está concebido el Poder Judicial como una alternativa no democrática a la potestad legislativa del Parlamento, debiendo ser, obligadamente, según creo, una actitud discreta en su caso la que permita discutir lo que la Ley dice. Esto es, utilizar el instrumento de la moción, prevista en las leyes, para hacer llegar la crítica jurídica; pero si se usa una rueda de prensa se actúa ya como un actor político. Y efectivamente así hay que juzgar tal expresión política, puesto que la tesis de lamentar que no puedan hacer otra cosa que lo que la Ley les manda, es simplemente una apuesta por el uso alternativo del Derecho, por la sustitución de la Ley por el arbitrio judicial, y desde luego, por constituir una alternativa a lo que la Ley, en definitiva Las Cortes, han establecido.

Hay que decir, enérgicamente, que dentro de la Constitución rige el principio de separación de poderes y los Jueces no son legisladores, de manera que cuando tienen que resolver, los Jueces han de hacerlo de conformidad con el sistema de fuentes establecido, esto es, con la Ley en primer lugar, y no con su propia inventiva del caso concreto; que eso sería “Justicia del Cadí”.

Preocupante también es que se presente la Ley como un instrumento al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos. Si fuera así, sin más, sería fácil eliminar dicha Ley por inconstitucional. Pero si no es inconstitucional la legislación de arrendamientos urbanos — y no parece serlo ni tampoco la ejecución prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil — este tipo de críticas destructivas, poderosas políticamente, hacen que los ciudadanos desconfíen de las Leyes, se sientan frustrados con la Ley. Con lo cual, el paso siguiente es la acción directa, esto es, abandonar las leyes en aras de una utilización de la acción — sea violenta también — que vaya a hacer justicia por su propia mano y desde luego que prescinda por completo del ordenamiento, de forma que el Derecho sea un fardo inútil que se puede tirar por cualquier desaguadero. Esto es realmente peligroso y, por cierto, acabaría destruyendo también al propio Poder Judicial.

Pero además ¿Y quienes son los poderosos? Porque estoy pensando en un caso concreto que se me viene a la cabeza de “persona poderosa” según lo que parece deducirse de las palabras del Sr. Juez Decano. Y es el caso de una viuda, que vive en casa de su hijo y para completar la pensión alquila la que fuera su casa. Pues resulta que si no le pagan el alquiler, según parece desprenderse de la definición del Juez Decano, ostentaría dicha viuda la condición de poderosa, y, en consecuencia, habría que abatir sus derechos, que en eso parece querer traducirse, si no me equivoco, la diatriba de Su Señoría. Tendría también, si no le puede desahuciar (lo que ha llevado muchos años a lo mejor - depende de los Juzgados - y durante ese tiempo sin cobrar la renta) que mantenerle de “okupa”, en terminología ya impuesta. Y dado que no se adivinan cuales serían otros mecanismos para reclamar la deuda (desde luego la noticia tal como la sirven los noticieros no indica que el Juez haya dicho qué otra forma cabría para hacer efectiva dicha deuda), resulta que el propietario tendría a la fuerza que mantener a su costa al inquilino moroso. Ese es el resultado al que se apunta, y si no lo fuera, gustosamente lo someto a discusión.

Esa dualidad entre “poderosos” y “humildes” es letal si se deja en manos de un intérprete decidir quien lo es y quien no. Si se considera poderoso al que tiene un piso de alquiler, la invitación al despilfarro y no al ahorro es más que evidente, porque no tendría el menor sentido ahorrar para invertir en un piso, puesto que te pueden imponer por obra de una resolución judicial a un inquilino que no pague, Así pues, con un arbitrio judicial como el propugnado, lo mejor será gastarse en el casino o en viajes al extranjero el dinero que se tenga. Nada de ahorrar. No somos alemanes, sino latinos, y con Jueces de igual cultura, por lo cual ya se sabe: si ahorras pasas a ser un poderoso y como tal reo de toda clase de sanciones aunque no sepas ni qué delito has cometido. Coger el dinero y largarse: esa parece ser la única solución posible.

Por otra parte, también el poderoso tiene que tener la misma ley que el que no lo es, llegado el caso. Pero no parece que eso guste. Habrá que aplicarle otra Ley, un fuero especial para poderosos. No habría ordenamiento jurídico, sino un cosmos de privilegios en más y en menos, y de vinculaciones, de prerrogativas y de prebendas, pero también de pérdidas, gravámenes, tributos privados, en fin, una situación barroca en la que el Legislador cuenta poco y todo es un conjunto de fueros y contrafueros.

Defender a los humildes frente a los poderosos fue tarea de Robin Hood, pero hay que tener sumo cuidado en no acabar constituyéndose en un Robin Hood miope, que al final, sin quererlo, resucite un cadáver creyéndose que es un ser naciente y nuevo. Porque sin pretenderlo seguramente, lo que se desprende de las palabras del Ilmo. Sr. Juez Decano es que la buena legislación es la que proteja sumamente al inquilino, que pasa así a ser el bueno, frente al propietario, que era el malo. Y exactamente eso fue lo que hizo la legislación del General Franco de Arrendamientos Urbanos, la más social de todas. Con la aplicación del texto del Decreto núm. 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos se hizo la legislación más proteccionista del inquilino que imaginar cupiera; arruinó a familias enteras que tenían un piso, que tuvieron que malvender, y además, creó la cultura de que alquilar es algo malo (recuerdo todavía noticias en que un restaurante de superlujo pagaba 400 ptas a finales del siglo pasado, hace pues unos doce años).

La burbuja inmobiliaria tiene también un fondo cultural, a saber, que ser propietario de tu propia casa es bueno y que estar alquilado es malo. Los Jueces, habitualmente y en términos generales, apoyaron siempre mucho más al inquilino que al propietario. Y como vemos, siguen haciéndolo.
La consecuencia es que no hay alquileres, que no es fiable esta fórmula, que es mejor no alquilar y que por tanto, todo apuntó, con el apoyo de todos los poderes públicos, Jueces pues incluidos, a expandir la compra de viviendas, como única fórmula viable de habitar. Las consecuencias las estamos viendo.

Ahora parece que, de nuevo, dentro de esa crisis provocada por la increíble apetencia de propiedad abandonando el alquiler — a diferencia por ejemplo de Alemania — se vuelve a atacar al propietario al que se considera poderoso. Con ello, lamentablemente, aumentamos aún más el problema, desconfiamos de las leyes porque los Jueces, sus aplicadores, nos dicen que ayudan al poderoso, y creamos aún más problemas de los que tenemos, puesto que no habría — de triunfar las tesis que aquí criticamos — desahucio para el inquilino mal pagador.

En la época de Franco, con aquella Ley de Arrendamientos Urbanos, no fue poca la picaresca, por ejemplo, quienes alquilaban, luego no pagaban y cuando les desahuciaban se iban a otra casa a empezar el fraude de nuevo. Ahora, si triunfan las tesis del no desahucio, ni hará falta esa picaresca: todo alquiler llevaría en sí la divisa de su no extinción por falta de pago, esto es, alquilarían y luego se quedarían sempiternamente a costa del propietario. Éste último arruinado y aquél feliz de disponer, gracias a la protección judicial frente a cualquier intento de desahucio por falta de pago, de una vivienda ajena para siempre.

Y con éste estado de cosas, preguntarse por qué nuestro país no es creíble y nos castigan en la deuda parece que tiene una respuesta obvia: porque no nos podemos fiar de la Ley ya que quienes la van a aplicar la rechazan.

Al final, solo quedaría intentar zafarse del sistema judicial. Esto es, logrando avales antes de alquilar y si no se ofrecen tales avales, pues no alquilar bajo ningún concepto. Pero como el paso siguiente sería intentar quizás que el propietario alquilara forzosamente, lo que hay que hacer en nuestro país es no ahorrar y gastárselo todo alegremente en el casino, viajes y donde mejor se lo pase y se lo gaste todo pronto.
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.elimparcial.es