8 de diciembre de 2019, 15:32:01
Opinion


Desde la ley, contra ETA

Javier Cámara


Hace tiempo que el terrorismo de ETA dejó de ser uno de los principales problemas para los españoles, según nos dicen las encuestas del CIS. Es indudable que la guerra diaria de la búsqueda de empleo y de la mala situación económica de un país endeudado acapara las preocupaciones del ‘pobre españolito de a pie’ que no para de echar cuentas y de ingeniárselas para ver cómo llega a fin de mes.

Aun así, cuando la excarcelación de asesinos por los motivos que quieran argüir y la noticia de un adelanto electoral en el País Vasco con formaciones pro terroristas en el cartel nos desvía la atención de la prima de riesgo, en nuestros pensamientos vuelven a aflorar las olvidadas escenas de disparos en la nuca y bombas en colegios y centros comerciales con las que nos hemos hecho hombres. Es inevitable sentir cómo crecen, además, las sensaciones de indignación, impotencia y vergüenza al ver como una banda mafiosa y criminal puede ganar la partida a todos esos ‘españolitos’ que lo único que quieren es vivir en paz.

Efectivamente, la herencia de Zapatero no ha sido solo una deplorable gestión económica. La manga ancha con etarras, sus representantes políticos o sus presos por medio de planes ocultos y negociaciones secretas ha sumido al Gobierno de Mariano Rajoy en un nuevo frente que poco tiene que ver con Merkel o los mercados bursátiles. La preocupación de su número dos así lo demuestra.

Si Bildu acaba teniendo responsabilidades de gobierno en el Ejecutivo vasco, parece claro que sus demandas hacia el Central no se van a quedar en pedir cada vez más y más dinero, como han hecho históricamente partidos nacionalistas del corte de PNV o CiU. A buen seguro, las peticiones de los amigos de ETA irán más por la vía de la secesión que por la de más competencias. Habrá, pues, que irse preparando. Y esto parecía insinuar Soraya Sáenz de Santamaría cuando hablaba de que un proyecto independentista con este cariz supondría una inestabilidad política.

Bueno sería que la contundencia en los recortes (perdón, ajustes) llevados a cabo en todos los órdenes por el Gobierno del PP se extienda también a la política antiterrorista. Si a Rajoy no le ha temblado el pulso para incumplir una promesa electoral y ha subido los impuestos, los que creemos, todavía, en España estamos licitados para exigirle esa misma mano dura con ETA y todo su entorno.

Desde el Ministerio del Interior se esgrime que se ha actuado, se actúa y se actuará siempre desde de la ley. Pues bien, si Bolinaga, o Etxeberría, que son el mismo aunque le llamemos según cada cual, tiene que ser excarcelado por motivos de salud, que sea porque la ley lo exige y el Gobierno no puede hacer nada por retenerlo en prisión. Pero, igualmente, si en el momento de su liberación hay una piara de enemigos de la vida y la libertad levantando el puño en señal de victoria mientras ensalzan su nombre, la ley dice que eso es exaltación del terrorismo y por tanto un delito.

De Justicia será, entonces, detenerlos a todos para que ocupen la celda que deja el enfermo terminal asesino en la cárcel. En manos del Gobierno queda.
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