19 de octubre de 2019, 19:13:43
Opinion


El espectáculo de Sánchez Gordillo



Uno de los pilares fundamentales del estado de derecho reside en el principio de legalidad, a tenor del cual todo ejercicio del poder público está sometido al imperio de la ley y no a la voluntad de las personas. No sólo los poderes públicos, sino también la ciudadanía en general está sujeta a este principio; es tan simple como que las leyes están para cumplirlas, no para saltárselas a la torera. Pero parece que esto no va con el histriónico agitador Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda, cuyas últimas actuaciones invadiendo fincas y asaltando supermercados le pueden acarrear una pena de entre dos y cinco años de cárcel.

El tema, de momento, está en manos de la Fiscalía, lo que equivale a decir que hay serias posibilidades de que se haya cometido un delito -patente y con luz y taquígrafos, por otra parte-. La imagen que se da hacia el exterior no puede ser más patética. A ello hay que unir el carácter festivo e impune con que determinados personajes vulneran sistemáticamente la ley en España, como ya sucediera con los miembros de la plataforma 15-M o aquellos que impiden los desahucios. En el caso de Sánchez Gordillo, además, se da la circunstancia que estamos ante una autoridad pública en su calidad de alcalde y diputado, por cuanto su ejemplaridad debiera ser aún mayor. Precisamente por eso deber recaer sobre él todo el peso de la ley.

Al final, parece que “los aceituneros altivos” y los “desheredados de la tierra” han terminando bañándose en la piscina de un hotel de lujo. En historia –decía Marx- los acontecimientos se repiten dos veces: “la primera como drama y la segunda como farsa”. Y, en efecto, el señor Gordillo es un farsante, pero una España en crisis no se puede permitir la vulneración sistemática de la ley, aunque la puesta en escena sea grotesca.
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