30 de mayo de 2020, 3:42:41
Opinión


La huelga de los jueces



Nunca está de más recordar que la separación de poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- resulta un elemento sine qua non del sistema democrático. Esa separación implica como aspectos básicos en el ámbito judicial la independencia de los jueces, sin que los políticos intenten su control, así como la existencia de una Justicia ágil, rápida y eficaz, que garantice la seguridad jurídica, y que cuente con los medios precisos para su óptimo desarrollo, incluso en los momentos de imprescindibles recortes. En España, la situación no es precisamente idílica. Los ciudadanos vienen quejándose con razón desde hace mucho tiempo de que la Justicia es lenta y prácticamente sufre un colapso de enormes proporciones. Al descontento ciudadano se suma el de los jueces que señalan con frecuencia los mismos males en lo que parece ser una pescadilla que se muerde la cola.

En este contexto, Juntas de Jueces de todo nuestro país, muchos de ellos pertenecientes a las principales asociaciones judiciales, como Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, acaban de celebrar masivas juntas para expresar su malestar -del que participan también las asociaciones de fiscales- por, según han manifestado, la falta de voluntad política a favor de una modernización del sistema judicial español, así como oponerse a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Consideran los jueces que esa reforma, tal y como está concebida, empeora sus condiciones de trabajo, y amenaza tanto su independencia como la calidad del servicio que deben recibir los ciudadanos. Como primera medida de protesta, se celebrarán juicios sólo por las mañanas, y han anunciado concentraciones, sin descartar incluso la huelga, si Ruiz-Gallardón no acepta negociar la reforma en un plazo de quince días.

El malestar de los magistrados es comprensible y tanto estos como los ciudadanos esperan que de una vez por todas se aborde la urgente mejora de la Justicia. La seguridad jurídica resulta esencial y, sin duda, debe también afianzarse mediante una Justicia ágil, eficaz, independiente, y que no se empantane. Pero no parece que la huelga sea la mejor medida –aparte de que es dudoso que legalmente tenga derecho a ella- para encontrar soluciones. En realidad, no haría otra cosa que incrementar el colapso y crispar todavía más los ánimos.
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