12 de diciembre de 2019, 2:48:45
Nacional

en libertad sin cargos


La Audiencia archiva la causa contra los convocantes del 25-S


El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la causa abierta contra ocho de los convocantes de la manifestación del 25S frente al Congreso de los Diputados al considerar que no existe delito contra las Instituciones del Estado.


El juez Santiago Pedraz, que ha archivado hoy la causa contra los ocho convocantes del 25S, ha enmarcado la protesta en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política", y ha reprochado a la Policía sus "excesos" en la instrucción.

Así lo ha argumentado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto en el que censura que la Brigada Provincial de Información pretenda ahora "sorprendentemente" imputar a cinco de los 35 detenidos en los incidentes registrados frente al Congreso un delito contra las instituciones del Estado que, a su juicio, no existió.

Recuerda que fue la Policía la que puso a disposición de un juzgado madrileño a los arrestados por delitos que no son competencia de la Audiencia Nacional como atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos.

Pedraz insiste en que en ningún momento "acordó" aceptar o rechazar competencia alguna respecto a los 35 detenidos por los incidentes ocurridos en la manifestación, "sencillamente porque nadie se lo ha planteado", e indica que no se comprende por qué la Policía no presentó inicialmente a los detenidos ante este tribunal si entendía que existían delitos de su competencia.

"De ninguna forma, la unidad policial puede 'sustraer' unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial", afirma.

En su auto, el magistrado justifica además las protestas: "hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".

Un argumento que considera respaldado con la actuación de la propia delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que -recuerda- "tomó conocimiento, esto es no prohibió, de lo que pretendía la convocatoria, indicando además la forma de hacerlo".

Según el juez, la convocatoria "Rodea el Congreso" no alteró el orden de la sesión que se celebraba en el hemiciclo y tampoco consta que a algún diputado se le hubiera impedido salir del mismo, algo que -dice- no integra un delito contra las instituciones del Estado, "como tampoco el lanzamiento de objetos o agresiones a la Policía".

Igualmente, cree que los objetos o instrumentos peligrosos de los que la Policía se incautó a algunos de los detenidos no permiten deducir que fueran a utilizarse para entrar al Congreso, sino que a la luz del propio atestado policial fueron destinados para lanzarlos a los agentes desplegados.

En este sentido, vuelve a referirse a la instrucción policial para afirmar que "la gravedad aventurada por la Policía no era tal (ocupar realmente el Congreso)".

Durante su declaración, siete de los ocho arrestados por convocar la protesta han asegurado al magistrado que "en modo alguno pretendían invadir, penetrar, acceder o alterar el normal funcionamiento del Congreso, insistiéndose en el carácter pacífico de las concentraciones, movilizaciones o manifestaciones convocadas".

Algo que confirman, afirma Pedraz, las declaraciones de un parlamentario recogidas en el acta de sesiones en las que afirmaba que "el Congreso de los Diputados ha podido mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad".

Tras comparecer ante el juez, uno de los acusados ha manifestado que "no cabía otra" opción que el archivo porque la causa "no se sostenía jurídicamente" y ha exigido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a Cifuentes, que si tienen "algo de dignidad, lo mínimo que deberían hacer es pedir perdón por sus acusaciones infundadas".

Otro de los arrestados, Antonio López, ha optado por no declarar ante el magistrado alegando objeción de conciencia, aunque para Pedraz su incomparecencia ha resultado "indiferente", porque se habría opuesto a responder a sus preguntas.

López ha sido uno de los que han secundado la querella interpuesta por algunos miembros de la plataforma 25S contra Cifuentes por un delito contra las instituciones del Estado, sobre la que Pedraz no se pronunciará al considerar que no hay materia de la Audiencia Nacional y, en su caso, deberían remitirla a los juzgados de instrucción madrileños.

Varias decenas de ciudadanos, que han acompañado hasta la Audiencia a los ocho acusados con pancartas en las que se podían leer lemas como "Los de dentro del Congreso sí atentan contra el Estado" o "Dejar impunes a banqueros y corruptos es atentar contra el Estado", les han recibido también a su salida con aplausos y gritos de "Sí, se puede".
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