14 de diciembre de 2019, 23:12:57
Nacional

casi un 98 por ciento más de convocatorias que el pasado año


El debate sobre la reforma del derecho de manifestación desata la polémica


La ley orgánica que articula el derecho de reunión y manifestación es revisable sin que entre en conflicto con el artículo 21 de la Carta Magna. Así lo sostienen defensores de una actualización de la norma, entre ellos expertos en Derecho Constitucional o el propio fiscal general del Estado. Los dos principales sindicatos policiales no ven necesario tocar nada. El debate que abrió Cifuentes tiene aún muy largo recorrido.


Ana Botella primero y más tarde Cristina Cifuentes informaron del elevado número de manifestaciones que se celebran en Madrid. Respecto a 2011, han aumentado en casi un 98 por ciento y han costado ya 3,7 millones de euros sólo en conceptos de seguridad y limpieza. Al factor económico se sumó tras el 25-S el de orden público y el de movilidad, al quedar paralizado el centro de la capital. La concentración 'Rodea el Congreso' afectó a 476 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y a unos 89.000 viajeros.

Sobre estos pilares, Cifuentes creyó oportuno introducir el debate sobre la "modulación" del derecho de manifestación, matizando más tarde que se refería a "racionalizar" y no a "limitar". El fiscal general del Estado, alineado con la delegada del Gobierno, consideró en un foro esta semana que estar recogido en la Constitución no otorga a este derecho "carta de naturaleza" para la "deslegitimación en bloque" de la forma de Estado, las Cámaras o sus parlamentarios.

La legislación fija los supuestos para el permiso o la prohibición. Lo hace la Carta Magna en el artículo 21 y la Ley Orgánica 9/1983. Precisan que ha de haber comunicación previa a la autoridad competente, que podrá vetar la marcha sólo en el supuesto de que haya "razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".

Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, explica a EL IMPARCIAL que los jueces "tienden a barrer" hacia el convocante. No obstante, matiza: "No creo que sean todos como Pedraz", magistrado que ha arropado el 25-S y recriminado a Interior su denuncia contra los responsables, con crítica generalizada a los políticos. En opinión del experto, el derecho de manifestación "está regulado" y es "muy garantista". Sin embargo, añade, "quizá tengamos un problema" con aquello de las "razones fundadas" y, a su parecer, convenga "modificar la Ley Orgánica" con el aval del Tribunal Constitucional.

¿Cómo anticipar la violencia de una concentración? ¿Cómo tener esas "razones fundadas" requeridas? En este punto es esencial el papel de las Fuerzas de Seguridad infiltradas en las movilizaciones, aporta Sánchez de Diego. Son las encargadas de detectar objetos contundentes o armas para reventar la paz en una aglomeración ciudadana. En posteriores ocasiones, dice, una iniciativa que parta con un mensaje como 'Ocupa el Congreso' debe interpretarse no precisamente como "muy pacífica".

Este periódico también se ha puesto en contacto con una de las partes implicadas, en concreto con la Confederación Española de Policía (CEP). Su secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación, Antonio Labrado, es partidario de dejar las cosas como están: "A nuestro entender no se debe tocar una ley que regula un derecho fundamental, porque ese derecho viene perfectamente recogido y regulado y porque sería como dar la razón a los violentos". Labrado sostiene que sólo "en aquellas situaciones en las que se haga un uso defectuoso de este derecho es cuando se debe actuar con las herramientas de la ley" y que "las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tienen plena capacidad para sancionar".

El representante de la CEP se muestra convencido de que "modificar ley de manifestación, restringirla o aplicar una excepcionalidad en Madrid generaría más malestar social, mayor crispación". El otro gran sindicato del ramo, el Unificado de Policía (SUP), comparte discurso: "No hay que modificar nada". De forma contraria, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) comparte el mensaje de Sánchez de Diego o Cifuentes: "Es razonable y lógico que el derecho se adapte a los tiempos".

No hay consenso, pero la confrontación de pareceres se desarrolla sin incidentes siquiera dialécticos. El punto de encuentro es la intención de no restringir el derecho. Los defensores de la revisión desean mayor concreción y actualización de los supuestos de prohibición sin entrar en conflicto con el artículo 21 de la Constitución. Hay otro elemento común: todo el peso de la ley sobre los violentos.
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