24 de septiembre de 2021, 9:11:31
Economía

también ajustar las pensiones a la esperanza de vida


La OCDE pide más ajustes a España: reducir la indemnización por despido y subidas del IVA



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reclama a España más reformas estructurales para impulsar el empleo, especialmente entre los jóvenes, y mejorar la competitividad de su economía, y propone, entre otras muchas medidas, avanzar hacia el contrato único, reducir las indemnizaciones por despido improcedente, aumentar los productos y servicios que se acogen al tipo general del IVA o rebajar las cotizaciones sociales.

"Dados los importantes riesgos que se han acumulado, son urgentes medidas políticas decisivas en todos estos frentes si la situación se da la vuelta", advierte en un informe sobre la economía española que se presenta este jueves en Madrid, y en el que pide al Gobierno que detalle las medidas que va a adoptar para cumplir los objetivos de déficit en 2014.

La OCDE destaca que España está inmersa en una "prolongada recesión", en la que el impacto negativo del desapalancamiento del sector privado y la necesidad de un "considerable ajuste fiscal" tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han disparado el desempleo y han provocado una crisis bancaria, situación agravada por la crisis de deuda de la eurozona y las rigideces estructurales en el mercado laboral.

En este sentido, recalcó que la posibilidad de una recuperación inmediata sigue siendo "remota" debido a que el desapalancamiento del sector privado aún tiene un largo camino por delante, mientras la retroalimentación entre finanzas públicas y sector bancario sigue siendo fuerte pese al rescate bancario. "Este vínculo debe romperse", incide.

Fiscalidad
La OCDE ve necesario restaurar la confianza en las finanzas públicas españolas, para lo que el Gobierno debería intentar cumplir los nuevos objetivos de déficit acordados en julio, a menos que el PIB sea mucho peor de lo esperado, situación en la que se debería permitir operar a los "estabilizadores automáticos, al menos parcialmente".

Asimismo, considera que las reformas de las normas presupuestarias en todos los niveles de la Administración y las recientes medidas de consolidación han supuesto un "sustancial progreso".

Sin embargo, reclama que se detallen las acciones necesarias para alcanzar el objetivo de déficit para 2014 y las medidas presupuestarias permanentes para estabilizar la deuda pública. "El impacto regresivo, si lo tienen, debe ser minimizado para impulsar el consenso social en torno a la necesidad de ajustes", agrega.

En este sentido, incide en que las reformas deben ser "estrictamente implementadas, especialmente para mejorar las finanzas de los gobiernos regionales", y en que esto debería ser respaldado con un consejo fiscal independiente con un fuerte mandato, como prevé el Gobierno, para evaluar las políticas presupuestarias en todos los niveles de gobierno.

Por otra parte, también recalca que existe más espacio para reformas fiscales que contribuyan a la consolidación presupuestaria, por ejemplo elevando algunos impuestos medioambientales como el del combustible para transporte.

En esta línea, defiende que se aplique el tipo general del IVA (21%) a más bienes y servicios, que los incrementos de los impuestos a los valores inmobiliarios sean permanentes y que se reduzca la fiscalidad de las transacciones inmobiliarias. Además, destaca que sería bienvenida una rebaja de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores con las rentas más bajas.

En lo relativo a los impuestos, también aconseja reducir los impuestos que gravan la compraventa de vivienda y aumentar los tributos sobre el patrimonio inmobiliario, así como devolver al Estado competencias sobre el impuesto de sucesiones y transacciones inmobiliarias.

También defiende que nuevas reformas de las pensiones mejorarían la sostenibilidad en el largo plazo y propone que se introduzca una formula para indexar las pensiones a los cambios en la esperanza de vida, que ya se contempla aunque sin definir en la reforma de las pensiones, lo antes posible. También propone eliminar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones.

Mercado laboral
Respecto al desempleo, la organización dirigida por Angel Gurría señala que ha alcanzado "niveles dolorosamente altos", en particular entre los jóvenes con bajos niveles de formación, una situación que requiere "una amplia gama de reformas".

Aunque reconoce que la reforma del mercado laboral aprobada en 2012 ha realizado "significativos progresos" a la hora de hacer frente a algunas de las "debilidades estructurales claves", especialmente en lo referente a la negociación colectiva y la protección del empleo, advierte de que si no resulta eficaz, se deben dar "más pasos" para reducir la dualidad del mercado laboral avanzando hacia el contrato único.

"Un contrato único, con unas indemnizaciones por despido inicialmente bajas pero que aumenten de forma gradual, reduciría las todavía grandes diferencias en los costes por despido entre contratos permanentes y temporales", destaca la OCDE, que apuesta por reducir más las indemnizaciones por despido improcedente.

Asimismo, ve necesario "acciones rápidas" para mejorar la eficacia de los servicios de colocación, al mismo tiempo que reclama más formación y ayuda en la búsqueda de empleo, especialmente para los desempleados jóvenes, así como programas activos para los grupos más vulnerables.

También propone la supresión de la jubilación parcial y requerir más de 37 años de cotización para obtener la pensión completa y toda la historia laboral para calcular el importe de la pensión. Por último, aconseja un mayor control sobre los perceptores de prestaciones por desempleo.

Sistema bancario
Otros de los puntos a los que hace referencia la OCDE en su informe es a la crisis financiera, situación a la que debe hacerse frente "con rapidez". En su opinión, se han hecho progresos reconociendo pérdidas, aspecto clave para recuperar la confianza en el sector bancario, y se han tomado medidas importantes para endurecer la normativa de provisiones en relación con su exposición inmobiliaria.

Sin embargo, la organización considera "clave" una resolución ordenada de los bancos no viables "lo más rápido posible", así como la recapitalización de los bancos viables pero con necesidades de capital, como se acordó a cambio del rescate financiero. Además, reclama que los activos transferidos a la Sareb se hagan a un precio lo suficientemente bajo para limitar los riesgos para las finanzas públicas.

También pide que los titulares de deuda subordinada y participaciones preferentes deberán asumir parte del coste de la reestructuración del sistema financiero.
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