20 de septiembre de 2021, 14:14:52
Economía

NO SUPERARÁN UN TERCIO DE LOS INGRESOS


Los alquileres sociales para desahuciados costarán entre 150 y 400 euros


Con los 185 votos de PP y UPyD a favor, las abstenciones de Foro de Asturias y CC-NC y el rechazo de los 146 diputados del resto de grupos, este jueves se ha aprobado el decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que supone la moratoria de dos años en los procesos de desahucio a familias en situación de "extrema necesidad" y alquileres sociales a víctimas de desahucios con un precio de entre 150 y 400 euros mensuales.


El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves con los 185 votos de PP y UPyD, las abstenciones de Foro Asturias (FAC) y CC-NC, y el rechazo de los 146 diputados del resto de grupos el decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que se tramitará como proyecto de ley por unanimidad de las formaciones parlamentarias. La normativa, que ha sido defendida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sido rechazada por la mayor parte de los grupos de la oposición por considerarla insuficiente y demasiado restrictiva en sus criterios.

Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en declaraciones a Europa Press a la salida del Pleno del Congreso, las viviendas que formen parte del Fondo Social para alojar a víctimas de desahucios se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros y en ningún caso podrán tener costes que superen un tercio de los ingresos de los arrendatarios.

Según ha dicho el ministro en el Hemiciclo, las entidades financieras ya se han comprometido a poner a disposición de este Fondo Social unas 6.000 viviendas, que se alquilarán a familias desahuciadas con precios sociales. De Guindos ha insistido en que el Gobierno mantiene conversaciones "continuas" con bancos, cajas y cooperativas de crédito, que ya se han comprometido con el futuro Fondo Social.

"Ya hay muchas instituciones, como por ejemplo LaCaixa, que ponen a disposición viviendas en alquiler social. Queremos generalizar la práctica", ha insistido, subrayando que el objetivo último del Gobierno es "garantizar que ninguna familia se quede sin techo". A renglón seguido, ha precisado que el 83% de esas 6.000 viviendas que se incorporarán al Fondo Social proceden de desahucios anteriores y actualmente están vacías.

Según los cálculos del Ejecutivo, unas 600.000 familias cumplirán los requisitos para poder acogerse a esta medida, que busca dar una solución a las personas en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desahuciadas de sus casas por impago de su préstamo hipotecario.

120.000 familias
En cuanto a la moratoria de dos años de los lanzamientos hipotecarios, unas 120.000 familias cumplirán los requisitos para acogerse a este aplazamiento, según de Guindos. El ministro ha afirmado que "hay un colectivo más amplio, que es el de quienes cumplen las condiciones económicas" fijadas en el decreto, y otro más restringido de quienes también entran dentro de los márgenes de las condiciones familiares, que son los que podrán acogerse a la moratoria.

Y es que "el decreto actúa a futuro, evitando que se desaloje de su casa a una serie de familias muy vulnerables", pero también busca proteger a las familias que ya han sido desahuciadas en el pasado. "Con este planteamiento se intenta cubrir a quienes no pudieron tener el amparo en el pasado", ha añadido.

Requisitos
Se podrán acoger a esta moratoria las familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo, con un menor de tres años, o con uno de sus miembros discapacitado superior al 33%.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar, a familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, a familias en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Además, tienen que concurrir una serie de requisitos económicos para que se paralice el desahucio, como que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales.

También tendrán que acreditar que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la paralización del desahucio hayan sufrido una alteración "significativa" de sus circunstancias económicas, entendiéndose por esto cuando el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en esos cuatro años, es decir, que si suponía un 40% haya pasado a ser un 60%, por ejemplo.

Los otros dos requisitos económicos a cumplir pasan por que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar, y que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

Mejorar las estadísticas
Además, el ministro ha reiterado que es necesario clarificar las estadísticas sobre desahucios, que actualmente son "muy opacas" para conocer con exactitud las dimensiones del problema y poder tomar las medidas más adecuadas para atajarlo.

"Los datos de desahucios que muchas veces se dan son globales", ha dicho De Guindos, refiriéndose a que las cifras incluyen no sólo los lanzamientos en primeras viviendas, sino también en segundas residencias o locales comerciales, que no son los que plantean el problema social. "Queremos depurar las cifras para identificar exactamente el problema para actuar concretamente sobre los casos de necesidad", ha reiterado.
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