31 de julio de 2021, 4:36:57

AL PASO


¿Qué hacemos?: Volver a Cataluña



Hemos defendido en muchas ocasiones la democracia del detalle de que hablara don José Miguel de Azaola, señalando las ventajas de la descentralización como forma política. En la justificación pueden utilizarse argumentos éticos, pues la descentralización maximiza el autogobierno, ligado a la libertad y dignidad de los ciudadanos; o emplearse consideraciones de eficacia, pues en las formas federativas se acercan las decisiones a quien conoce los problemas concretos, estimulando su colaboración y apoyándose en su conocimiento. Sin duda, la descentralización involucra a los ciudadanos, impide su desentendimiento y pasividad. Además la importancia del detalle en la democracia de proximidad, presenta una ventaja intelectual adicional, pues, señalaba el escritor vasco, evita las disfunciones pragmáticas y morales del centralismo: los peligros de lo abstracto.

Sin embargo, no todo luce en el patriotismo local. Frente a los argumentos de los antifederalistas que siguiendo a Montesquieu defendían las ventajas de los espacios pequeños y subrayaban las oportunidades para el despotismo en los grandes Estados, Madison y Hamilton, por el contrario, en El federalista señalaban que en las pequeñas repúblicas prosperaba la corrupción, pues un grupo privado egoísta podía más fácilmente hacerse con el poder y repartir el poder político o la riqueza en su favor. “La influencia de los lideres facciosos puede prender una llama en su propio Estado, pero no logrará propagar una conflagración general en los restantes”, de modo que la oposición de diversos intereses en la Federación, en cuanto ámbito político ampliado, lleva a su neutralización efectiva.

Con todo, el alegato más fuerte contra el escenario político localista, procede de la pobreza del debate que lo caracteriza, frente a las circunstancias más ventajosas en que se produce el juego político en los espacios más grandes. Sucede, de una parte, que en el plano nacional la discusión se centra en los problemas generales, superándose así la cortedad de ambición de lo meramente local, y, en segundo lugar, que la procedencia de la clase política asegura una mayor calidad intelectual de sus componentes en función de las posibilidades que da la selección más amplia de los representantes de toda la nación. Este selecto grupo de personas, ha de esperarse, dispondrá de la sabiduría necesaria para discernir “el verdadero interés de su país” , y de ellos puede fundadamente esperarse un espíritu patriótico y amor de la justicia capaz de imponerse , decía Hamilton , “sobre consideraciones oportunistas o parciales”.

No hay nada de extraño entonces que en los espacios dominados por el nacionalismo, donde se exageran los rasgos del patriotismo local, las condiciones del debate político, esto es, el objeto al que se refiere el mismo y la calidad de los intervinientes, contribuyan a la pobre calidad de la discusión, de manera que se dificulte la clarificación de las ideas y se imponga con facilidad la tergiversación y aun la falsedad. ¿Cómo explicar, de otro modo que predominen en la cultura política actual de Cataluña, según deja ver el debate recientemente celebrado en Barcelona del que daba cuenta el País este domingo, tres tópicos desprovistos de rigor alguno y que se expresan con absoluta tranquilidad como si fuesen verdades evidentes que, por ello, no requieren de esfuerzo alguno de justificación? ¿A qué otra cosa fuera de la obturación del debate y a la no consideración en el mismo sino de los intereses territoriales puede deberse que se afirme sin el menor asomo de duda, repito como evidencia palmaria, la tesis de la consideración de la Sentencia del Estatut como una ofensa a Cataluña, y no como lo que evidentemente fue, el resultado lógico de la actuación de un órgano del sistema, el Tribunal Constitucional, que hubo de pronunciarse, se compartan o no sus argumentos, de acuerdo con el principio de rogación que rige su conducta como instancia jurisdiccional garante de la supremacía de la Constitución frente a una norma cuyo incumplimiento se denunció por quien gozaba de legitimación para ello? ¿O cómo puede, en segundo lugar, seguir insistiéndose en la tesis del expolio fiscal, después de que diversos análisis, así los de De la Fuente o Zabalza, hayan denunciado las deficiencias de cálculo de las balanzas fiscales ofrecidas por la Generalitat de manera que el saldo, ampliados los parámetros a ponderar, sea finalmente considerado favorable para Cataluña o, en cualquier caso, presente un signo que, si bien justifique algunas modificaciones, no permite considerarlo exponente de la explotación del Estado? ¿O, qué decir, finalmente, de la manipulación de las consecuencias que la independencia para Cataluña supondría de cara a su ingreso en la Unión Europea, que las estimaciones de los nacionalistas presentarían como meros trámites insignificantes para adherirse a un club cuya pertenencia se da por descontada y que estaría esperando la llegada del socio catalán con los brazos abiertos?

Es muy difícil, la verdad, aplicar esquemas racionales a un diálogo con algunas instituciones del gobierno de Cataluña sin duda muy necesario, pero que resulta bien arduo, pues el ensimismamiento nacionalista impide asentar sobre mínimas bases compartidas la discusión. Llevaba razón George Orwell cuando pensando en el fondo ideológico del nacionalista, decía que algunos de ellos “frecuentemente dejan de estar interesados por lo que ocurre en el mundo real”.
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