28 de marzo de 2020, 12:25:54
Opinion


Corrupción sobrecogedora

Javier Zamora Bonilla


Este artículo debería contener sólo el siguiente párrafo:

No hace falta un pacto anticorrupción como el que pregonan los partidos políticos cada vez que aparece algún caso de corrupción que les afecta. Lo que hace falta, y no lo he escuchado apenas estos días, es integridad moral y respeto a la ley. Lo que tienen que hacer todos los partidos es llevar a sus corruptos ante los tribunales y personarse como acusación particular para que sobre ellos recaiga implacable el peso de la ley. Si no lo hacen, los ciudadanos seguirán pensando que la corrupción no sólo es parte del sistema sino que se está convirtiendo en el sistema mismo.

Permítanme explicarme un poco más para ganar decentemente el modesto jornal de la escritura. Llevo años defendiendo en público y en privado que la vida política refleja la vida social que tenemos y que no hay peores personas en la política que en la prensa, la empresa, la universidad, los sindicatos, los equipos de fútbol..., pero el cúmulo de noticias desgraciadas que afectan a algunos pilares de nuestra democracia va haciendo mella en esta posición. Es posible, no obstante, que la afirmación tengan que mantenerse: la vida política refleja la vida social, pero entonces es aun más preocupante porque mostraría que vivimos en una sociedad que ha perdido toda orientación moral, entendida ésta como el respeto a las normas que nos hemos dado. Que los políticos que se ocupan de la res publica en aras del interés general aparezcan, por unas u otras cuestiones, vinculados a la defensa de sus propios intereses o de otros intereses privados en un número considerable de ocasiones explica por qué salen tan mal valorados en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, hasta el punto de que los ciudadanos los consideran el tercer problema en orden de importancia entre sus preocupaciones.

Cada vez que salta a los medios de comunicación un caso de corrupción de algún político, la manera de actuación de los afectados y de sus jefes dentro de los partidos es casi siempre la misma: se empieza por la defensa firme de los acusados y la negación de toda responsabilidad de los mismos y del partido. Si la presión mediática aumenta y van saliendo evidencias difícilmente contestables, se empiezan a depurar mínimamente responsabilidades con alguna dimisión y baja del partido, sin asumir, no obstante, nunca los hechos que se imputan. Por el contrario, se alega generalmente que se hace para no perjudicar al partido y poder aclarar en los tribunales la inocencia y la honorabilidad de los imputados.

Luego los procesos abiertos se enquistan en los tribunales durante años cuando no se los liquida con alguna argucia procesal. Empezamos a entender por qué la Justicia es el pariente pobre de los tres poderes del Estado y ninguno de los partidos que han gobernado en España desde la Transición han emprendido una reforma verdaderamente eficaz de la misma que la dote de medios para que sea más eficiente y ágil, sin que se vean perjudicadas las garantías, pero también sin que los pleitos se demoren décadas en los estantes de sus señorías.

Un pacto anticorrupción al que se sumaran todos los partidos políticos sería una noticia bien recibida por los ciudadanos, pero en nada cambiaría las cosas si no hay un cambio de actitud de nuestros políticos. Se pueden articular todos los mecanismos de transparencia que se quiera, y que son necesarios, incluyendo la financiación de los partidos, pero si los políticos siguen encubriéndose unos a otros, de nada servirá. El verdadero cambio vendrá cuando, ante un caso de corrupción, sea la dirección del propio partido quien investigue a fondo y se persone en los tribunales para que los implicados paguen sus culpas y se recupere para los ciudadanos el dinero público que les ha sido robado, pues de eso se trata en el fondo, de nuestro dinero. Ese día sí empezarán a cambiar las cosas, pero mientras esto no suceda, mientras Rajoy no se ponga al frente de la acusación contra Bárcenas y la trama Gürtel, mientras Rubalcaba no encabece la aclaración de los dineros malversados con los EREs en Andalucía, mientras Mas y Duran no expliquen de verdad que hay detrás de las acusaciones que se vierten por la financiación ilegal de sus partidos y del enriquecimiento personal de algunos de sus dirigentes, los ciudadanos tendremos motivos para pensar mal, para pensar que la corrupción se está convirtiendo en el sistema y que los partidos y sus dirigentes no sólo amparan a los corruptos sino que se benefician de la corrupción. La verdad es que los ciudadanos estamos hartos de pensar mal y deseando pensar bien, por eso, si esta vez no hay una respuesta clara de las élites políticas ante la corrupción es posible que en las próximas elecciones estas élites políticas sean despachadas y sustituidas por partidos que levanten la bandera contra la corrupción. Esto tiene sus riesgos. El discurso populista anticorrupción puede calar en la sociedad, pero habrá que ver si luego esos nuevos partidos tienen capacidad de construir.

A la crisis económica se van sumando cada vez más elementos que hacen pensar que uno de los problemas para afrontar la misma es la crisis institucional de nuestra democracia. Principios morales reflejados en el marco jurídico, fines claros en los que el interés general se muestre, consensos en aspectos esenciales de la vida política y social son algunos de los pilares con los que hay que construir un nuevo discurso político.
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