13 de noviembre de 2019, 15:49:32
Nacional

el instituto nóos "dista abismalmente" de poder ser considerado carente de lucro


El juez Castro impone una fianza civil de 8,1 millones para Urdangarin y Torres


El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como para su exsocio en el instituto, Diego Torres, atendiendo así a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias.


En un auto de 500 folios, el juezCastro,que instruye el caso Nóos, informa de que ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma y su exsocio, Diego Torres. Además, les informa de que tienen cinco días hábiles para abonar la fianza desde el momento en el que se les notifique. Asimismo, señala que pueden responder a la caución de manera subsidiaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza. En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto.

Por otro lado, en el mismo auto judicial, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia. Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.

El juez José Castro afirma que el Instituto Nóos "dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro" ya que, entre otras cosas, todos los testigos del caso han afirmado que "era un empresa como tantas otras". El juez explica que el motivo por el que no cree que fuera una entidad altruista no es la dificultad de cuadrar sus cuentas para no obtener beneficios, "lo que exigiría un equilibrio presupuestario que a priori sería prácticamente imposible de obtener", sino otra serie de razones que expone.

El magistrado afirma que ni en los fundadores de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada (Urdangarin y Torres) ni en quienes han venido rigiendo sus destinos hubo "en ningún momento ese desprendimiento económico del que dicen haber hecho gala y del que se prevalecieron para obtener contrataciones públicas que, de otro modo, no hubieran podido conseguir".

Añade que "a todos los testigos que estaban en condiciones de saber lo uno o lo otro", cuando se les preguntó si Nóos no perseguía beneficios, "tras una primera actitud de sorpresa ante la pregunta, acabaron por manifestar que para ellos era un empresa como tantas otras y algunos fueron mucho más explícitos".

Contra el argumento de la defensa de Urdangarin de que Nóos tenía derecho a externalizar sus servicios, Castro indica que podía hacerlo y que además "nada le impedía presupuestar con cierto margen de beneficios, que dejarían de serlo si se reinvirtieran en el cumplimiento de los objetivos supuestamente altruista". "Pero lo que ocurría no era esto sino que la asociación tenía a su disposición un nutrido entramado societario del que se valía para que el enriquecimiento obtenido se derivara de aquélla a éste de tal manera que acabara en las manos de las mismas personas, que de gestores de la asociación habían pasado a ser proveedores, simulados total o parcialmente, de la misma", añade.

Además, asegura que Iñaki Urdangarin siguió siendo presidente "de hecho" del Instituto Nóos después de marzo de 2006, según avalan "innumerables" datos objetivos que figuran en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a dicha entidad. Castro considera que los datos que avalan que Urdangarin siguió siendo presidente de hecho de Nóos "se avienen mal" con la aparente desvinculación del Duque de Palma de la entidad.

El juez afirma el yerno del Rey "siempre estuvo participante activamente" en la administración de Nóos, algo que favoreció que los gestores de fondos públicos, conocedores de ese vínculo, siguieran negociando con la asociación. Según Castro, si bien Urdangarin fue presidente de derecho de Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 al 20 de marzo de 2006, "de hecho lo siguió siendo con posterioridad".

También rechaza otra alegación realizada por Urdangarin relativa a que tuvo nula intervención en la suscripción de los convenios de colaboración con las administraciones públicas balear y valenciana que se están investigando. Urdangarin declaró ante el juez Castro, en febrero de 2012, que en modo alguno contravino la recomendación de la Casa Real de no contratar instituciones públicas ni mantener asociaciones mercantiles a largo plazo con Diego Torres.

Admitió haber intervenido en dos proyectos empresariales en 2008 y haber abordado por correo electrónico cuestiones relativas a diversas facturaciones a empresas, pero subrayó que no contravino la recomendación que le hizo la Casa Real y que se desligó de hecho y de derecho del Instituto Nóos y de Torres en marzo de 2006.

El juez José Castro afirma que Iñaki Urdangarin y Diego Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del Duque de Palma con la Casa Real. El juez instructor señala que los dos crearon un entramado de empresas y se pusieron de acuerdo "al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas" la influencia de Urdangarin, "real o de obligada imaginación", con la Casa Real. El juez explicita que dicho parentesco deriva del matrimonio de Urdangarin con la Infanta Cristina en 1997.

Castro alude a esta "esfera de pretendido poder" que emplearon "unas veces de manera implícita y en otras de manera franca", y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos "con claras referencias a S.A.R. la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y a Don Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real".

Por otra parte, el fiscal Pedro Horrach solicitó que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil. En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Mientras, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).
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