25 de enero de 2020, 22:41:22
Opinion


La justicia, en huelga



Salvo Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación de Fiscales, el resto de asociaciones judiciales -Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- anunciaban ayer la convocatoria de una huelga para el próximo día 20 de febrero. El motivo, denunciar la carencia de medios tanto materiales como humanos, la ley de tasas y el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Han sentado especialmente mal las declaraciones de Gallardón en las que descalifica las reivindicaciones de jueces y fiscales aludiendo a los privilegios monetarios y vacacionales que su proyecto comporta. El tema va más allá, con la disparatada ley de tasas como principal argumento, más los intentos de control del Consejo General del Poder Judicial. Muchos profesionales del ámbito judicial coinciden en que hay que poner coto al exceso de litigios innecesarios. Pero una cosa es gravar de modo disuasorio el hecho de litigar sin más y otra muy diferente implementar una ley de tasas que pueda llegar a hacer prohibitiva la justicia para muchos.

Y la carencias son tan ciertas como antiguas. De hecho, la fecha elegida -20 de febrero- rememora la primera huelga judicial que se vivió en España, el 18 de febrero de 2009, siendo ministro el socialista Mariano Fernández Bermejo. Con todo, y aún asumiendo como razonables la mayor parte de reivindicaciones, no parece adecuado defenderlas privando a los ciudadanos de un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución. Los jueces no son como otros funcionarios. La judicatura es un poder del Estado y su independencia les coloca en una situación especial que excluye la huelga. En todo caso y a fin de cuentas, por justas que sean las demandas de médicos, jueces o empleados de recogida de basura del ayuntamiento de Sevilla, quien acaba pagando el pato es el ciudadano que, de paso, es el que les paga religiosamente a todos ellos.
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