25 de agosto de 2019, 13:09:43
Opinion


La necesidad de una nueva desamortización

José María Zavala


De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución Española, un documento venerado hasta la saciedad por los amantes de lo correcto, todos los españoles tenemos derecho a la vivienda. Más concretamente, el texto dice así: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Tres insultantes mentiras una detrás de otra. No hace falta detenerse a explicar por qué ésta es una de las partes de la Carta Magna que menos se ha cumplido desde que se promulgase.

Defender activamente un derecho social incluido entre los objetivos de un texto legal de tal importancia no es fácil dada la abstracción de dichas pretensiones. ¿Qué son las “condiciones necesarias”? ¿Qué son las “normas pertinentes”? Claro que, escudarse en la vaguedad relativa del artículo no debería servir para justificar que se lleve a cabo precisamente todo lo contrario.

Se supone que el capitalismo es actualmente el sistema de distribución de recursos menos injusto de los posibles, al menos según quienes hacen apología de éste. Una afirmación prácticamente imposible de creer. Si no, ¿cómo se explica que cada día centenares de lanzamientos de vivienda dejen a numerosas familias en la calle? Al mismo tiempo, existen cientos de miles de pisos de obra nueva sin vender y decenas de miles de viviendas de protección oficial vacías, producto de una gestión económica y social ineficaz de cara a la consecución del bienestar público.

De repente, los bancos se convierten en inmobiliarias. Es curioso cómo las entidades están deseosas de quitarse algo tan valioso pero que de cara al mercado no genera los precios que en el pasado nos condujeron al presente desastre, al tiempo que cosas tan estúpidas y comparativamente inútiles como el oro –cuyas propiedades como conductor eléctrico no cuestiono– se revalorizan. Y resulta que la mejor solución al problema que son los bancos no es otra que crear otro banco, el SAREB, más conocido como “banco malo”, que ya de paso nos intenta hacer creer con su nombre que los demás son buenos.

Mientras, el Gobierno practica la expropiación forzosa de los ingresos y el dinero público a través del IVA y los recortes. Entonces, ¿por qué no expropiar a los bancos? ¿Por qué esperar diez, quince, veinte años a que sus activos tóxicos tengan un precio rentable? ¿No tenía que actuar el Estado en caso de imperfecciones en el mercado? ¿No era esa la guinda de su maravilloso sistema? Dejar todos esos inmuebles en propiedad de las entidades financieras es como permitir que las grandes superficies acumulasen comida a fin de especular con su precio. Son las manos muertas del siglo XXI.

Quizás sea hora de continuar la labor de Mendizábal y arrancar de esas frías manos los cientos de miles de casas tristes en cuyas paredes sólo se escucha el silencio. Pero no precisamente para venderlas, sino para ponerlas al servicio de la sociedad. Esta vez no se trataría de financiar una guerra, sino de evitarla. Supondría requisar aquellas propiedades improductivas, no para enriquecer al Estado, sino al país. Por aquél entonces, las propiedades desamortizadas fueron injustamente subastadas en grandes bloques para evitar que pasaran a manos del pueblo, y es así como los lotes de viviendas se mueven de banco en banco.

La banca no se ha ganado el derecho a cobrar sus deudas, y menos aún robando a los ciudadanos. La vivienda ha pasado de ser el motor de la economía española a ser uno de sus principales frenos: son el activo maldito de las entidades financieras, y el pago de las hipotecas abarca desproporcionados mordiscos de los salarios.
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