12 de noviembre de 2019, 11:59:28
Nacional

La Fiscalía Anticorrupción anuncia que recurrirá la decisión del magistrado


El juez Castro, del cuarto turno, imputa a la Infanta Cristina en contra de la recomendación del fiscal


El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina y la ha citado a declarar el próximo 27 de abril a las 10.00 horas. Esta decisión se toma en contra del criterio de la Fiscalía. El polémico juez accedió a la judicatura sin opositar, a través del cuarto turno creado por el Gobierno de Felipe González.


El juez instructor del caso Nóos ha imputado a la Infanta Cristina porque considera que hay indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera utilizado por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir un supuesto de "cooperación necesaria" o "complicidad" en los delitos supuestamente cometidos.

El fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach recurrirá la citación como imputada de Doña Cristina. La Fiscalía Anticorrupción ha tomado esta decisión porque considera que no existen indicios criminales que relacionen a la Infanta Cristina con las actividades del Instituto Nóos, que presidió su marido Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, y por tanto no es partidaria de su citación para el próximo 27 de abril. El recurso del fiscal Pedro Horrach se corresponde con la postura que la Fiscalía ha mantenido a lo largo de la investigación, en la que siempre se ha mostrado contraria a la imputación de la infanta al considerar que no hay motivos para ello.

Como han informado a Efe en diversas ocasiones fuentes fiscales, la Fiscalía no ve ningún indicio contra la Infanta Cristina en el caso Nóos, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no han aportado prueba alguna que avale una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma.

En el auto de 19 páginas en el que ha citado a declarar como imputada a la Infanta, el juez José Castro señala que no despejar en la instrucción del caso la duda de si conocía la aplicación que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y en la empresa Aizoon SL, sería "un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos".

El juez Castro señala que dejar que esa "incógnita se perpetúe" sería, además, una contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales. El juez detalla en su escrito catorce indicios que hacen dudar de si la Infanta conocía el uso de su presencia como vocal en Nóos y de su participación al 50 % con su marido en la inmobiliaria Aizóon, que proceden de la declaración del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa y tras escuchar la versión dada por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

Añade que si bien esos indicios por sí solos y considerados de forma aislada carecen de "peso suficiente para sustentar una imputación" de la infanta y no constituyen "indicios racionales" de que "interviniera activa y decididamente" en la gestión cotidiana de Nóos y Aizoon, sí indican que "bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con S.M. el Rey fuera utilizado".

Señala que ese posible consentimiento, junto con la presencia también en la junta directiva de Nóos del secretario de las Infantas, era suficiente para "propiciar un trato generoso" por parte de empresas privadas y para que las administraciones públicas prescindieran de los cauces y controles de rigor, "disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos". Castro considera dudoso que empresas e instituciones se hubieran "aquietado tan pacíficamente" a las proposiciones de Urdangarin y Torres "sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de S.M. el Rey", que "intencionadamente se hacía desprender" de que en la junta directiva de Nóos figurasen los nombres de la Infanta y García Revenga.

Si hubo "consentimiento y conocimiento presente y futuro" por parte de la Infanta, "podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos" por Urdangarin y Torres, o "cuando menos de complicidad". El juez considera "inevitable" que, ante tales indicios, la infanta preste declaración "al objeto de que, si ese fuere el caso, se despeje cualquier duda", en el actual momento de la causa que describe como "la recta final de la instrucción". "No parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que aquélla (la infanta) haya podido tener", dice Castro.

El magistrado subraya que su citación no prejuzga actuaciones procesales ulteriores y deja abierto "todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto", desde el sobreseimiento a posibles "reproches penales" o civiles por parte de las acusaciones. También recuerda que la infanta ha sido citada a declarar como imputada y asistida de letrado en garantía de sus derechos y al igual que se ha hecho con los restantes componentes de la junta directiva de Nóos.

El juez quiere que la Infanta "facilite las explicaciones que tenga por conveniente" en una declaración que versará sobre su intervención en el Instituto Nóos y Aizoon, el manejo y destino de los fondos derivados de esas entidades y las cuestiones que se puedan desprender de ellas.

José Castro, accedió a la judicatura sin opositar, a través del cuarto turno creado por el Gobierno de Felipe González.
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