18 de noviembre de 2019, 17:39:26
Nacional

Sáenz de Santamaría no se pronuncia sobre la imputación de la Infanta


Gobierno y Casa Real negocian la cabida de la Corona en la Ley de Transparencia desde hace dos meses



El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes medidas llamadas a reanimar el sector de la construcción y de protección de los menores, que han presentado Ana Pastor y Ana Mato, respectivamente. La reunión ha estado envuelta por los acelerados acontecimientos en torno al caso Nóos, que han centrado el turno de preguntas. A destacar también la presencia ante los medios de la ministra de Sanidad, en calidad de responsable de Infancia esta vez. Se había mostrado escurridiza estas últimas semanas con motivo de las revelaciones sobre Gürtel y su exmarido. Pasada la tormenta y con otros asuntos en las portadas, Mato ha vuelto a comparecer.

Y Mato ha hablado del Plan de Infancia y Adolescencia, cuya medida más mediática o sonada es la elevación de la edad para poder contraer matrimonio de los 14 a los 16 años, lo que exige de una reforma del Código Civil. La edad de consentimiento sexual, de los 13 (la más baja del entorno europeo, ha subrayado) a aquella que acuerde el Ministerio con distintos actores autorizados en esta materia. Internet ha traído consigo nuevos delitos, que serán incluidos en la legislación, tales como el ciberacoso.

La estrategia de Mato incluye también la garantía de asistencia jurídica y psicológica a los menores víctimas de violencia de género o que los niños huérfanos como consecuencia de esta violencia pasen el menor tiempo posible bajo la tutela del Estado, acelerando el acogimiento familiar. La pobreza en este núcleo poblacional o evitar el fracaso escolar, así como la atención sobre niños con necesidades especiales en las aulas en particular y la vida en general, tendrán trato preferencial y cercano.

Pastor ha dado respuesta al decaído sector de la construcción con un proyecto de ley de rehabilitación de viviendas que incide de forma sensible en la eficiencia energética, por ejemplo en el caso de las antiguas calderas. Asimismo, antiguos inmuebles que no gocen de ascensor podrán optar a uno. Mismo caso para fachadas, tejados o ventanas que necesiten ser cambiados.

El Estado ofrecerá créditos para la renovación de estos elementos –además de arreglos en cascos históricos o núcleos rurales- y persigue también el fomento del alquiler. Como ha confesado Soraya Sáenz de Santamaría, uno de los principales beneficios del plan es que generará empleo en todas aquellas áreas que pivoten alrededor del ladrillo. Su coste es de 2.421 millones de euros. El fin, según Pastor, “sacar máxima rentabilidad de los recursos disponibles”.

Una de las noticias más próximas a la celebración de la rueda de prensa ha sido el sí de la Casa Real a ser parte de la Ley de Transparencia. Sobre ello ha sido preguntada la vicepresidenta. Ha confirmado que el Gobierno lleva alrededor de dos meses trabajando junto a la Corona para establecer las pautas de esta presencia. Sobre la imputación de la Infanta Cristina, la portavoz no se ha pronunciado, como nunca lo hace, ha señalado, con procedimientos judiciales. Mismo discurso a cuenta del caso Bárcenas. No ha querido decir si hay un pacto de silencio en la cúpula del Gobierno para no hablar del extesorero.

La Casa del Rey, ha insistido, "manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar una fórmula para someterse a esa Ley de Transparencia" una vez que el Congreso aprobó una resolución a favor del sometimiento de todas las instituciones, tras el debate del estado de la nación.

Eso sí, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que al no ser una administración pública, tiene que incluirse "de una manera similar o con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, en referencia al Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

En relación con la opinión de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, de que ha de limitarse el derecho a la información, Sáenz de Santamaría estima que las leyes y la Constitución especifican dónde residen estos límites y que, por tanto, no lo ve necesario. Menos atención ha dedicado al reproche de que Mariano Rajoy no concede una rueda de prensa como marcan los cánones desde el pasado 28 de diciembre: “Les informaremos oportunamente”. Sin más.
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