24 de noviembre de 2020, 2:01:03
Sociedad

con la abstención de los nacionalistas catalanes


El PSOE saca adelante el "minitrasvase" con el apoyo de los populares



El Pleno del Congreso ha convalidado por mayoría el Real Decreto-Ley que regula la conducción temporal de agua de Barcelona, una medida "excepcional y urgente" que garantizará el abastecimiento de agua a esta provincia, que atraviesa la sequía más grave desde que se tienen registros.

El Real Decreto-Ley ha salido adelante con 318 votos favorables, uno en contra (Gaspar Llamazares) y 16 abstenciones (10 de CiU, 2 de ERC, 3 del grupo Mixto, y 1 de la diputada del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi).

Además, pese a la petición del PP (fue rechazada por 169 votos), el real decreto no se tramitará como proyecto de ley, por lo que no podrán presentar enmiendas a este trasvase del Ebro que llevará agua a Barcelona a través de una conducción de 62 kilómetros.

Desde el Congreso de los Diputados, Elena Espinosa, titular de Medio Ambiente, habló este martes de "reasignación temporal de caudales", desmintiendo que se tratara de un trasvase, “ya que el Real Decreto no permite sacar agua del Ebro y, además, sólo se extraerá líquido hasta que finalice el periodo de sequía o se acabe la desalinizadora de Barcelona”.

La nueva ministra, defensora de “este tipo infraestructuras de interés general”, se comprometió en su discurso a obras de este calibre “que se harán otras veces y en otros caudales”.

Pero los argumentos de la socialista no convencieron en exceso a la bancada popular, que en boca de su portavoz, Carlos Floriano, exigió al Gobierno la aclaración de conceptos.

“Este no es un problema de gestión, es un problema de solidaridad que exige un Pacto del Agua que ha de comenzar por Aragón y extenderse a Cataluña, Valencia, Murcia y Almería" aseguró. Y, dirigiéndose a Zapatero, preguntó: "¿por qué para unos sí y para otros no?, o es que es que la España de la igualdad de la que usted habla no admite a todas las comunidades por igual”.

En defensa de la norma, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Espinosa, recordó que las reservas hidráulicas de Cataluña están en el 23 por ciento de su capacidad, la media nacional es del 50%, lo que "podría obligar a imponer restricciones al consumo doméstico a corto plazo".

Explicó que, pese a que la población ha racionalizado el uso del agua, el área metropolitana de Barcelona necesita 19 hectómetros cúbicos al mes, y actualmente el caudal del Ebro sólo garantiza 15 hectómetros cúbicos, es decir, que hasta que no comience a funcionar la desalinizadora del Prat (en junio de 2009), la provincia de Barcelona tendrá un déficit de agua de 3,9 hectómetros.

Ante esta situación y dado que el agua es un bien de primera necesidad, dijo, "el Gobierno tiene la obligación de poner en marcha medidas coyunturales, similares a las establecidas en años precedentes en otras regiones".

Por eso, el real decreto-ley prevé la construcción de una tubería de 62 kilómetros de longitud que reconducirá, temporalmente, agua de los regantes del Ebro "sin extraer una gota adicional".

Esa conducción, subrayó, evitará restricciones en el consumo de agua de cinco millones de personas y, además, es la medida más "idónea y respetuosa con el medio ambiente" de las posibles.

Floriano:"Derogar un Plan que ahora aprueban en parte"
Tras recordar la derogación de los socialistas del PHN, de “su incompetencia e ineficacia aprobando cuatro años después lo que ustedes mismos derogaron y de transportar el agua de un lado a otro sin que medien derechos transferidos”, Floriano cuestionó “la aprobación del PSOE de unas obras sin haber realizado el estudio preceptivo de impacto medioambiental, cuando uno de los obstáculos que ustedes pusieron al Plan Hidrológico Nacional se fundamentaba en cuestiones medioambientales”.

El dirigente popular mencionó la pérdida de subvenciones concedidas por la Unión Europea si se llevaba a cabo el PHN, y en contraposición “el coste de esta infraestructura que asciende a 180 millones de euros, es decir, 25.000 millones de pesetas”.

Finalmente, y a pesar de las numerosas críticas y preguntas al Gobierno de Zapatero, los populares votaron a favor del trasvase, no sin antes solicitar una proposición de ley que no llegó a cuajar. María Fernanda Rudí, diputada del PP por Zaragoza, prefirió abstenerse, al igual que los nacionalistas catalanes (CiU y ERC).

Más agua para el resto de españoles
El diputado del PP Juan de Dios Martínez acusó al Gobierno de aprobar un trasvase tras haber derogado el que incluía el Plan Hidrológico Nacional, que de haberse realizado, "hoy el problema estaría resuelto sin tener que mentir a los españoles".

Además, preguntó a la ministra "¿qué tiene que pasar para que decidan resolver el problema del agua en Aragón, Valencia, Murcia o Almería?" porque "millones de españoles tienen un problema grave y el Gobierno no puede seguir poniendo parches" y porque "en España no puede haber privilegios".

El diputado de CiU Pere Macias explicó que su grupo se abstendría en la votación de la norma porque "no podemos respaldarlo ni por las formas, engaños y mentiras parlamentarias, ni por la literalidad del texto legal".

Además, denunció que en el clima mediterráneo la situación de sequía es "recurrente", por lo que "sería más justo y progresista abandonar la política del apaño y abanderar soluciones definitivas en las que la palabra trasvase no fuera tabú".

Joseba Aguirretxea (PNV) apoyó la norma "por solidaridad, responsabilidad política y sentido común" y "para no perderse en frivolidades y disputas" porque "la situación en Barcelona es crítica y cuanto antes se solucione, mejor".

"Este no es el momento de librar batallas bizantinas y semánticas porque todos tenemos derecho al agua y es un bien de primera necesidad".

Joan Herrera (ICV) apoyó la medida porque es una solución "temporal, excepcional, reversible y de titularidad pública" pero subrayó que España necesita con urgencia "una nueva cultura del agua", basada en el ahorro, la gestión de la demanda y las garantías del suministro.

Joan Ridao (ERC) recordó que Cataluña lleva tres años de sequía y que necesita una solución urgente y esta medida, "no nos acaba de gustar pero es un mal menor" que además no supondrá extraer ni una gota más del Ebro.

La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, lamentó que la medida sea una "solución oportunista, en vez de estructural" y reclamó un debate global sobre el agua "para evitar intereses locales y centrarse en la nación".

José Luis Perestelo (Coalición Canaria) apoyó la medida pero recordó la falta de agua del archipiélago
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.elimparcial.es