16 de octubre de 2019, 19:44:05
Opinion


La austeridad no es una política coyuntural



El Gobierno ha tenido mala suerte. Acaba de hacer públicas sus previsiones macroeconómicas para los próximos cuatro años y la Comisión Europea, exactamente una semana después, le enmienda la plana con augurios aún más pesimistas. Para este año, la Comisión espera un mayor decrecimiento de la economía y, en consecuencia, una menor reducción del déficit público, que todavía cerrará 2013 con un -6,5 por ciento del PIB, de cumplirse sus estimaciones.

Un mayor calado tiene la decisión del gobierno comunitario de otorgar a España dos años más para cumplir con el objetivo de déficit del -3,0 por ciento, que es el que marca como máximo el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. España es el país que ha cerrado 2012 con un mayor déficit, aunque ese dato tan abultado se debe en parte por la asunción del plan de saneamiento de la banca.

Tenemos que seguir por el camino de la reducción del déficit para tomar las riendas de la financiación pública, y para que el Estado no acapare la escasa financiación que sigue llegando a nuestro país. Pero, más importante que eso, más incluso que el calendario, apretado o laxo, de reducción del déficit, debemos ir por el camino de la racionalización del gasto público, que llevaría, lógicamente, a una reducción de su peso en la economía. Es fundamental pues, cuanto más racional sea, menor peso representará sobre la economía productiva, y mejor será el uso de los siempre escasos recursos.

Con todo, en este debate hay un elemento que nadie menciona, quizás porque nadie cree en él. Se trata de los límites internacionales al déficit y la deuda. Uno de ellos, ya lo hemos mencionado, es el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. Otro es el Tratado sobre la Estabilidad, la Cooperación y la Gobernanza, firmado por 25 Estados miembros, según el cual el déficit no debe superar el 0,5 por ciento del PIB, aunque prevé que “la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Parte Contratante será de equilibrio o de superávit”. Y hay más, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla la última modificación en la Constitución Española, prevé que la deuda pública en 2016 deberá ser del 60 por ciento del PIB, cuando las previsiones actuales apuntan a que alcanzará, ese año, el entorno del 100 por ciento del PIB.

¿Qué quiere decir eso? Que la llamada austeridad no es una política coyuntural, sino que es una salvaguarda de la estabilidad económica, que nos acompañará mientras mantengamos las actuales instituciones. Y la austeridad, en una interpretación honesta, exige recortar clientelismo político; p.e, miles de cargos llamados de confianza, y nombrados a dedo, o las 4000 empresas públicas que todavía desangran al contribuyente español y lastran la economía productiva.
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es