10 de diciembre de 2019, 18:28:45
Economía

decenas de directivos esperan sentencia


¿Qué banqueros pueden seguir los pasos de Blesa hasta la cárcel?



Banco de Valencia
PIE DE FOTOEn este caso, el denunciado repite, porque además de estar inmerso en el ‘caso Bankia’, José Luis Olivas, también ha sido denunciado en la Audiencia Nacional por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), junto a otros ex directivos de la entidad por su gesitón al frente de Banco de Valencia. Se trataba de una entidad privada en manos de Bancaja, una caja de ahorros pública que se integró dentro de Bankia.

Juan Luis Olivas, al igual que Rodrígo Rato, proviene del mundo de la política, en este caso del Partido Popular, y llegó a ser presidente de la Generalidad Valenciana. Formado en Derecho, dejó la política activa cuando, en 2004 fue nombrado presidente de Bancaja y Banco de Valencia.
Esta misma semana, se sumaban a la causa principal contra Olivas y el resto de los exconsejeros del banco, otros diez ex dirigentes de la entidad, imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras admitir tres nuevas querellas del FROB. Entre los imputados figuran el expresidente del Valencia C.F., Juan Bautista Soler Luján y el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domigo Parra.

Los delitos atribuidos a los imputados son de falsedad, estaba, administración desleal y apropiación indebida.

Banco de Valencia fue intervenido el 21 de octubre de 2011, con una agujero patrimonial de 585,85 millones de euros. El FROB se vio obligado a inyectar casi 2.000 millones y a otorgar un aval de 1.500. El Banco fue comprado por Caixabank por el precio simbólico de un euro.

Una geografía repleta de ex banqueros imputados
PIE DE FOTOOtro de los políticos metidos al oficio de banqueros que está imputado por la Justicia es Juan Pedro Hernández Moltó, ex dirigente de la Caja de Castilla-La Mancha y del PSOE, que ya fue multado con 150.000 euros y cinco años de inhabilitación por su gestión al frente de la entidad manchega.

La caja que presidía fue la primera entidad en ser intervenida por la crisis financiera. Ocurrió en 2009 y obligó al Estado a avalar con hasta 9.000 millones de euros el agujero de la entidad. El juez Ruz investiga desde hace dos años la implicaciones delictivas de la gestión de la caja, tras admitir a trámite una querella de Ignacio Gordillo, fiscal del PP.

La cúpula directiva de la CAM, con Modesto Crespo al frente, también ha sido llamada a declarar, en este caso por el Juez Gómez Bermúdez, por delito societario, estafa y manipulación del precio de las cosas.

UPyD también se querelló contra los antiguos directivos de Banca Cívica, antigua Caja Navarra, acusándoles de posible administración fraudulenta, falseamiento contable, alteración del precio de las cosas y apropiación indebida. Pero el caso de la caja norteña ha llegado a salpicar al propio Gobierno navarro, tanto a su actual presidenta, Yolanda Barcina, como al ex presidente Miguel Sanz.

Pensiones millonarias
La Fiscalía Anticorrupción también ha tomado cartas en el asunto de Novacaixagalicia, la caja resultante de las dos grandes cajas gallegas, cuya cúpula directiva se concedió indemnizaciones millonarias por su cese, al ser la entidad intervenida por no poder hacer frente a los pagos. Julio Fernández Gayoso, copresidente del grupo fue la cabeza más visible de este nuevo escándalo por el que tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional.

También por cobrar pensiones millonarias, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una pena de tres años y medio de cárcel para el ex director de Caixa Penedés, Ricard Pagés, por cobrar 10,73 millones de euros al abandonar la entidad. Otros tres ex directivos de esta entidad también se enfrentan a la misma acusación, por concederse un total de 31,6 millones de euros en indemnizaciones.

Son algunos de los casos más llamativos de la extensa geografía de cajas rescatadas cuyos ex directivos esperan sentencia. La imagen de Blesa entrando en prisión preventiva podría ser la antesala de una nueva fase en estas investigaciones que tratan de bucear en los hechos que han abocado a España a pedir a Bruselas una ayuda de 40.000 millones de euros para tapar un desaguisado financiero inédito en la historia financiera del país, con unas consecuencias de pérdida de soberanía, tras la firma del Memorandum of Understanding (MoU) que implicaba la concesión de la ayuda. Además de los presuntos culpables de un capitulo tan negro. Serán los jueces los que tengan la última palabra sobre el asunto clave: cuándo se trata tan sólo de una mala gestión y cuándo se sobrepasa la línea de lo delictivo.
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