18 de agosto de 2019, 23:14:31
Opinion


Acoso y chantaje

Alejandro Muñoz-Alonso


Es una vieja tentación en la que caen algunos medios periodísticos la de dirigir la política desde sus páginas y espacios. Tratan de hacer de ellos armas de combate político, al servicio de intereses y ambiciones que unas veces llegan a conocerse y otras no. Se sienten algunos tan protagonistas de ese combate político que, en tiempo electoral, no sólo declaran su preferencia por uno u otro candidato o partido, algo en lo que están en su perfecto derecho, sino que llegan a publicar programas electorales, como quienes compiten por los votos de los ciudadanos. En este mundo mediatizado los periodistas más influyentes se consideran superiores a los políticos, electos siempre para un mandato limitado, y, como escribió Alain Minc en un libro ya viejo (1995) que llevaba el significativo título de L’ivressedémocratique (“La borrachera democrática”), “los directores de los grandes periódicos (él citaba expresamente a Le Monde y a Le Figaro) miran a los ministros con el distanciamiento de los botánicos ante algunas especies en desarrollo, mientras que estos últimos, en su mayor parte, están petrificados ante ellos”. Y añadía que “el duelo es desigual entre el hombre público y el periodista…Para el segundo prevalece una cuasi impunidad mientras que, para el primero, por el contrario, la sanción psicológica es instantánea”. Aquí lo estamos viendo a diario. Algunos medios no se conforman ya con un ministro cualquiera y apuntan directamente al Presidente del Gobierno, en un ejercicio de caza mayor.

Efectivamente, el manto de la libertad de expresión lo cubre todo, hasta las indignidades más bochornosas porque, como, lamentándolo, constató Bradlee, el mítico editor de The Washington Post, de la época del Watergate, “la libertad de prensa incluye la libertad de equivocarse e incluso la de ser irresponsable”. La idea de la responsabilidad social ha llegado a ser una referencia remota, hasta el punto de que el historiador americano Charles Beard llegó a decir que “la libertad de expresión se había convertido en el derecho a ser justo o injusto, partidario o no partidario, verdadero o falso, tanto en las informaciones como en los editoriales. Decir la verdad –concluía- tiene poco o nada que ver con todo ello”. Queda muy lejos la misión que, hace más de un siglo, en 1904, proponía Joseph Pulitzer a los periodistas: “Nada por debajo de los más elevados ideales, el más escrupuloso deseo de hacer las cosas bien, el conocimiento más cuidadoso de los problemas y un sincero deseo de responsabilidad. Sólo eso salvará al periodismo del sometimiento a los intereses de los negocios, o de ponerse al servicio de objetivos egoístas antagónicos con el bienestar público”. Comparen ese enfoque con lo que hoy día se lee o se oye en algunos medios españoles. Estos gritan en nombre de supuestas responsabilidades políticas, pero están desnudos del menor atisbo de responsabilidad social.

Desde esta columna hemos comentado en más de una ocasión que Mariano Rajoy es el político español que ha sufrido un acoso más sistemático y para eso se han utilizado los instrumentos más variados y también los más vergonzosos. Ahora es el “caso Bárcenas” la palanca con la que algunos quieren que el acoso culmine en el derribo y en su salida de La Moncloa. Está claro que no lo van a conseguir porque la consistencia de las pretendidas acusaciones es inversamente proporcional al despliegue tipográfico con que se presentan. Además, va en contra de la más elemental deontología periodística que un informador se convierta en portavoz de un presunto delincuente, encarcelado por orden judicial que, lógicamente, monta una estrategia de defensa con cuantos elementos se le ocurren, con independencia de su pertinencia y veracidad.

Cuando esas pretendidas informaciones se presentan sin el menor contraste se hace un flaco servicio a la opinión pública y a la propia imagen de nuestro país, confirmando el aserto de que nadie como los propios españoles es capaz de arrastrar por los suelos el prestigio de España y de sus instituciones. Y desde luego, nada o muy poco de lo que vemos a diario sobre casos como el citado, tiene que ver con ese derecho “a comunicar o recibir información veraz” que nuestra Constitución garantiza en su artículo 20. Ya que hemos citado a varios americanos, vale la pena recordar al tercer Presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que, antes de llegar al poder, había expresado su fe en la libertad de prensa con su famosa frase: “Prefiero periódicos sin gobierno a gobierno sin periódicos”. Pero, convertido en Presidente, fue objeto de ataques periodísticos tan brutales e injustificados que, dolido y desengañado, escribió: “Nada se puede creer de lo que se lee ahora en un periódico. La verdad misma se vuelve sospechosa al colocarse en ese instrumento contaminado”. Y llegaba a la melancólica conclusión de que “una persona que nunca echa una mirada a un periódico está mejor informada que quien los lee, del mismo modo que el que no sabe nada está más cerca de la verdad que aquel cuya mente está llena de falsedades y errores”.

Jefferson nunca cayó, sin embargo, en la tentación de limitar la libertad de prensa porque entendía que sin ella no habría libertad, y por eso, afirmó, “no se puede limitar sin estar perdido”. Llegó a decir, con pesimismo, que la libertad de prensa “es un mal contra el que no hay remedio” y, ya retirado, deploraba “el putrefacto estado en que han caído nuestros periódicos y la malicia, vulgaridad y espíritu mentiroso de los que escriben enellos”. Años más tarde, Alexis de Tocqueville, visitando la joven nación americana, llegaba a conclusiones similares: “En materia de prensa –escribió- no hay término medio entre la servidumbre y la licencia, pues para cosechar los bienes inestimables que asegura la libertad hay que saber someterse a los inevitables males que origina”.

El amarillismo es un invento americano que florece allí donde hay libertad y hace tiempo que en España ha echado profundas raíces. Quizás es una visión nostálgica, pero algunos añoramos el periodismo que se hacía en los años de la Transición, que intentaba hacer realidad los ideales que proponía Pulitzer, a los que hemos aludido más arriba. Aquel amarillismo pretendía vender periódicos sobre la base de titulares escandalosos, siguiendo la estela de otro americano, Hearst, aquel que le dijo a su redactor en Cuba que se quejaba de que en la isla, todavía en manos españolas, no pasaba nada: “Aguante usted ahí que yo le proporcionaré la guerra”. Y lo consiguió, “con escasas restricciones y todavía menos escrúpulos acerca de la verdad”, como escribe un historiador americano actual, George H. Herring. Pero ahora ya no es seguro que se vendan más periódicos utilizando a fondo el amarillismo más escandaloso, como muestran las cifras de venta y la situación de las empresas mediáticas. Pero el escándalo se difunde igualmente porque los medios se hacen eco unos a otros y lo amplifican. Pero el escándalo tiene a menudo un efecto bumerán: se vuelve contra quienes lo propalan.

La democracia de estos tiempos es una democracia mediática, inconcebible sin el papel que juegan los medios de comunicación. Pero la política no se puede hacer desde los periódicos ni estos tienen la misión gobernar al país ni de marcar la agenda de los que gobiernan. Advertir errores y denunciar abusos es la misión de los medios. Pero siempre al servicio de la verdad y dejando que los tribunales digan la última palabra. Poner los medios al servicio de campañas de acoso o convertirlos en instrumentos de chantaje es contrario el espíritu del periodismo democrático.

De la actitud de Rubalcaba, de su nueva exigencia de dimisión de Rajoy y de su ruptura, con ecos del Tinell, con el PP habría que hablar mucho más: No hay mayor muestra de la desorientación radical en que anda este PSOE, que se inventa connivencias que no se ven por ninguna parte y que no sabe qué hacer para desviar la atención de la abierta rebelión de lo que ha sido hasta ahora su rama catalana.
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