24 de enero de 2022, 2:09:33
Nacional

Sáenz de Santamaría no aclara si su partido evitará la moción el próximo 24 de julio


Rajoy “dará explicaciones de la manera y en el momento que considere, no al servicio de la estrategia de nadie”


Mariano Rajoy “dará explicaciones a los ciudadanos de la manera y en el momento que considere oportuno, no al servicio de la estrategia de nadie”. Así se ha expresado Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros, aunque no ha desvelado si la fecha a esas “explicaciones” resultará de la reunión en las Cortes del 24 de julio. A su lado, Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido al presidente del Constitucional, cuya militancia en el Partido Popular, ha asegurado, no lesiona la independencia del tribunal.


El Gobierno ha retrasado la aprobación del proyecto de ley de la reforma local, que ocupa al Ejecutivo desde hace más de un año. Era este el viernes señalado en el calendario para el anuncio, pero no ha sido así. En la reunión del Consejo de Ministros sí se ha abordado el recurso a la resolución de Bruselas sobre los astilleros españoles. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, ha propuesto a sus colegas no quedarse de brazos cruzados ante la petición de que el sector naval, del que viven cerca de 90.000 familias, devuelva las ayudas recibidas desde 2007. El resultado, una reunión la próxima semana con sindicatos, patronal y comunidades autónomas afectadas para ir de la mano en una acción común en defensa de los intereses del sector.

Luis Bárcenas se ha colado irremediablemente en la sala de prensa, como ya lo hizo hace siete días, cuando Mariano Rajoy todavía no se había pronunciado sobre las últimas y graves revelaciones del excontable de Génova. De aquel viernes a este, una rueda de prensa con todo bien atado por parte de Moncloa y los medios que tuvieron ocasión de preguntar y ni una palabra más del máximo responsable del Gobierno y del Partido Popular. Así, Soraya Sáenz de Santamaría se convertía en receptora de numerosas dudas no resueltas.

Una de ellas, si Rajoy dará la cara en las Cortes en próximas fechas para evitar la moción de censura con la que amenaza Alfredo Pérez Rubalcaba. “Ha explicado, explica y explicará cuantas cuestiones sean necesarias”, ha sostenido la portavoz. Sin embargo, se ha limitado a añadir que “corresponde a los grupos parlamentarios” la decisión el próximo 24 de julio. Decisión, no ha dicho, en manos únicamente de la mayoría absoluta del Grupo Popular. Pero ha insistido: el presidente “lleva desde febrero dando explicaciones”. Eso sí, ha querido subrayar, “las dará a los ciudadanos de la manera y en el momento que considere oportuno, no al servicio de la estrategia de nadie”, en alusión al presidiario.

Gallardón, “nada que manifestar” sobre Pérez de los Cobos
Comparecía junto a la vicepresidenta Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro de Justicia ha expuesto la ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio. Es decir, la regulación de la custodia compartida. La propuesta de Ruiz-Gallardón es que sea el juez quien decida siempre priorizando el interés del menor, para lo que deberá recabar amplia información sobre las dos partes. La modificación impone que este interés se antepondrá al acuerdo entre los padres si así lo estiman el magistrado o el fiscal. Además, la custodia compartida deja de ser “medida excepcional”, lo que tampoco la hace “general” o “preferente”, ha matizado el ministro, “incluso en contra de la voluntad de los padres”.

La presencia de Ruiz-Gallardón hacía buena la ocasión para preguntarle por la antigua afiliación de Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, al Partido Popular, militancia compatible en lo legal aunque cuestionable desde lo ético, argumento al que se agarran quienes desde la oposición piden la dimisión de Pérez de los Cobos, cuya continuidad en la institución puede dar lugar a una cascada de recusaciones en variadas y en algunos casos delicadas materias pendientes de sentencia.

El ministro ha afirmado que el TC “es un órgano constitucional y su regulación corresponde directamente a la Constitución, a la Ley Orgánica”, por lo que, “nada tiene que manifestar el Gobierno en relación con las normas aprobadas por el Parlamento”. En la misma línea de asepsia, ha concluido que “no podemos establecer una limitación de derechos fundamentales más allá de lo que las normas establecen”.

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