30 de julio de 2021, 12:58:29
Nacional

caso 'nóos'


Hacienda podrá investigar si los duques de Palma pagaron a través de Aizoon obras en Pedralbes


Dos funcionarios de la Agencia Tributaria han recibido permiso del juez CAstro para investigar si Aizoon pagó las obras en el chalé de Pedralbes a nombre de los duques de Palma.


El juez del caso Nóos, José Castro, ha autorizado a dos funcionarios de la Agencia Tributaria para que puedan solicitar extractos de los movimientos de las cuentas de Aizoon por si los duques de Palma destinaron fondos de su empresa a las obras de rehabilitación de su chalé de Barcelona.

El magistrado ha dictado hoy una providencia en la que autoriza a dos funcionarios a solicitar información a tres entidades bancarias sobre seis cuentas de las que es titular Aizoon, la empresa inmobiliaria y de consultoría propiedad al 50 % de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin.

La Agencia Tributaria había solicitado a Castro por escrito este trámite para que los funcionarios pudieran pedir la información sobre esas cuentas, acerca del detalle del destino de los movimientos de fondos así como de los cargos de las tarjetas de crédito y débito que pudieran tener asociadas.

El juez pidió a la Agencia Tributaria un informe sobre un eventual destino de fondos, desde una cuenta de Aizoon en una entidad financiera belga hacia las obras de rehabilitación del chalé propiedad de los duques de Palma en Barcelona -el llamado "palacete de Pedralbes"-, o hacia "otras atenciones personales y familiares" de la infanta Cristina, entre 2007 y 2010.

En el caso de dos entidades financieras españolas que ya han dado cuenta de los movimientos en las cuentas de Aizoon, la autorización permitirá a los funcionarios requerir información sobre a dónde fueron a parar las salidas de fondos y qué se pagó con las tarjetas.

Esta petición forma parte de las diligencias practicadas por Castro siguiendo las líneas de investigación apuntadas por la Audiencia de Palma en un auto dictado el pasado mayo, sobre un presunto delito fiscal y de blanqueo por parte de la infanta, en el marco del caso por el supuesto desvío de fondos públicos al entramado empresarial del Instituto Nóos, que presidió Urdangarin.
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