19 de julio de 2019, 20:30:47
Nacional

consecuencia de la huelga


La Abogacía cifra en más de un millón los asuntos no penales sin ejecutar



"La Justicia ni da ni quita votos" y ese es "su gran problema", ha dicho Carnicer en una rueda de prensa al ser preguntado por los efectos de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia no transferida y por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los asuntos pendientes de ejecutar en los Juzgados de lo Penal.

Para el presidente del CGAE, hay "demasiados diagnósticos" sobre la situación de la Justicia en España y lo que hace falta ahora es "introducir terapias" ya que los ciudadanos demandan que todos los sectores profesionales de este ámbito intenten resolverla.

Entre otras medidas Carnicer ha insistido en que son necesarios más del doble de jueces de los que hay actualmente y que tengan el tiempo suficiente para dictar resoluciones de calidad.

"No hay que tocar a arrebato para solucionar el momento crítico que se ha acelerado" por el caso de la niña Mari Luz y el informe del CGPJ, ha indicado el presidente del CGAE, quien ha asegurado que la huelga que mantuvieron los funcionarios ha sido "extraordinariamente perniciosa".

Son 400.000 asuntos pendientes, según el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado este miércoles que los 400.000 asuntos penales que figuran como pendientes en sus estadísticas -de los que, según un informe, 269.405 corresponden a Juzgados especializados en ejecutorias penales- en realidad ya están ejecutándose.

Tanto el portavoz del CGPJ, Enrique López, como los vocales Javier Martínez Lázaro -adscrito al sector progresista del órgano de los jueces- y Carlos Ríos -del sector conservador- han admitido, además, que "desconocen" el número de asuntos que no han comenzado a ejecutarse a pesar de haberse dictado sentencia.

"La expresión 'pendientes de ejecución' no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo", afirma Martínez Lázaro en un escrito dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, que el jueves analizará el informe del Servicio de Inspección sobre los Juzgados Penales de Ejecutorias.

Este vocal añade que "la ejecución permanece abierta en numerosas ocasiones hasta que la pena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil (penas de prisión mientras éstas se cumplen, multas a plazos, retiradas del permiso de conducir, pago a plazos de responsabilidad civil, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género, etc.)".

En el mismo sentido se ha pronunciado Carlos Ríos, que ha aclarado que las 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar se refieren a asuntos muy diversos -menores, violencia de género, Juzgados de Instrucción- y que "todas" están en trámite.

También el portavoz del CGPJ, Enrique López, ha dicho que todas esas sentencias se están ejecutando. "Lo que pasa es que algunas están siendo ejecutadas en tiempos normales y otras en tiempos anormales en función de la carga de trabajo del Juzgado", ha señalado.

Según López, el retraso es especialmente acusado en los Juzgados especializados en la ejecución de sentencias, motivo por el que el Consejo ya adoptó medidas de refuerzo para estos órganos en Madrid y en Barcelona.

Sobre esas medidas, Martínez Lázaro pide en su escrito una "investigación exhaustiva" de las causas que han provocado que en algunos Juzgados que han sido reforzados la situación no haya mejorado.

El vocal se refiere, concretamente, a seis Juzgados de Madrid, entre ellos el Juzgado de Ejecuciones número 2, del que es titular el magistrado Eduardo López-Palop, que el pasado 28 de abril denunció en declaraciones a El País la sobrecarga de trabajo que sufre, lo que llevó al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, a encargar el informe que la Comisión Permanente verá mañana.

Martínez Lázaro asegura que, pese a contar con refuerzos, López-Palop no ha cumplido en 2005, 2006 y 2007 el módulo mínimo que se exige a cada Juzgado, cuando el suyo "es el que menos ingreso de trabajo tiene de todos los Juzgados especializados en ejecución penal".

Esta situación, dice, contrasta con la de otros Juzgados de Valencia, Barcelona o las Islas Baleares, donde casi todos los órganos superaron el 150 por ciento de rendimiento pese a tener más trabajo.

De hecho, Martínez Lázaro afirma que, en toda España, en los dos últimos años los jueces han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que ingresaron y que han descendido las ejecutorias en trámite.

Así, en 2006 ingresaron 343.431 sentencias y se resolvieron 414.957, quedando en trámite de ejecución 417.420, mientras que el año pasado entraron 348.597 y se resolvieron 425.850, quedando en trámite de ejecución 403.591.

El problema de la Justicia "no es uno", sino "muchos"
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha afirmado que el problema de la Justicia "no es uno", sino "muchos", por lo que aboga por "invertir" y que se aborde su solución como "una cuestión de Estado".

Para ello, se ha mostrado partidario de alcanzar un consenso político "sincero, comprometido, real y de amplio espectro", que intente erigir un escenario de Justicia con cierta vocación de permanencia en el tiempo.

En declaraciones a Europa Press, ha indicado en que para solucionar esta cuestión "fundamentalmente" hay que "gastar". "Lo que hay que hacer es comprometerse presupuestariamente e invertir, tratando a la Justicia como eso que tan habitualmente se dice, que es una 'cuestión de estado'", añadió.

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