23 de octubre de 2019, 4:54:53
Nacional

La Fiscalía pide archivar la investigación sobre la destrucción de discos duros


Ruz impone a Sanchís una fianza de 8 millones por ayudar a blanquear dinero a Bárcenas


Pablo Ruz ha impuesto una fianza de ocho millones de euros a Ángel Sanchís, extesorero de Alianza Popular, al considerar que ha ayudado a blanquear dinero a Luis Bárcenas. Tiene diez días para depositar el dinero. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido a Ruz archivar la causa de la destrucción de discos duros en Génova al considerar que los hechos no son constitutivos de delito.


El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha impuesto una fianza de 8 millones de euros para el extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís en concepto de responsabilidad civil ante una eventual condena por haber ayudado a blanquear dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el auto imponiendo esta fianza civil, el juez indica que Sanchís, tras conocer la imputación de Bárcenas en el caso Gürtel en 2009, habría cooperado con éste "en la ocultación de sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita" al recibir transferencias por al menos tres millones de euros de cuentas que tenía Bárcenas en Suiza, que Sanchís atribuye a un préstamo para sus negocios en Argentina.

Ruz da a Sanchís diez días para depositar la fianza y, de no hacerlo, dicta que se haga efectiva con las acciones de su empresa familiar La Moraleja, una finca de cítricos ubicada en Argentina. Hace unas semanas, el propio extesorero de AP ofreció al juez acciones de La Moraleja a modo de fianza a cambio de que se le levantara el bloqueo de las cuentas de la sociedad que, de mantenerse, la llevaría a la "insolvencia".

El juez sostiene que Sanchís cooperó con Bárcenas para blanquear sus fondos de Suiza y apunta que, mediante distintas operaciones y diversas sociedades, también pudo ayudar a "ocultar el verdadero origen de esos fondos, así como su real propietario, e incluso repatriar una parte de los mismos a España, dotándolos de una apariencia formalmente lícita".

Parte de ese dinero se ocultó, según el juez, mediante una transferencia de tres millones hecha desde una cuenta de Bárcenas en Suiza a la sociedad Brixco, de Sanchís, dinero que luego se habría invertido en la sociedad uruguaya Rumagol (manejada por el presunto testaferro de Bárcenas y el hijo de Sanchís) depositándose en una cuenta que la misma tenía en la sucursal del HSBC de Nueva York.

Esta última cuenta, destaca el juez, fue cancelada en febrero de 2013 y los fondos se transfirieron a otra cuenta de la misma entidad bancaria a nombre de TQM Capital. Aparte de las acciones de La Moraleja, el juez considera que el dinero de esta cuenta también debe servir para pagar la fianza si Sanchís no la deposita.

Otra parte de los tres millones transferidos a Brixco -concretamente 89.526 euros- se habrían "repatriado a España", según el juez, mediante ingresos en cuentas de Bárcenas, que Sanchís justificó como retribuciones a Bárcenas de un contrato de prestación de servicios entre La Moraleja y la empresa Conosur Land, del extesorero del PP.

El juez detalla que aún hay que comprobar el destino de transferencias hechas desde las cuentas suizas de Bárcenas a cuentas del banco HSBC por 2,6 millones de dólares y 220.000 euros entre marzo y junio de 2009 por el concepto de inversiones en La Moraleja. Ruz considera estos movimientos sospechosos de un delito de blanqueo de capitales y cifra la cuantía de lo ocultado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, en 6 millones de euros, a los que se añade el obligatorio tercio legal.

Por último, la Fiscalía de Madrid ha pedido al juez el sobreseimiento de la investigación sobre la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que tenía en la sede del partido el extesorero del PP Luis Bárcenas al considerar que los hechos no son constitutivos de ningún delito. Según han informado a Efe fuentes fiscales, el fiscal de Madrid, en consonancia con la postura que mantenía la Fiscalía Anticorrupción, considera que en el borrado de los discos duros de Bárcenas no se ha cometido ningún delito de daños ni de encubrimiento.
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