29 de enero de 2020, 11:15:19
Nacional

Quedan por excarcelar decenas de presos a los que se les aplicó la doctrina


Un mes después de que Estrasburgo derogara la Parot ya han sido liberados 37 asesinos, terroristas y violadores



El desfile de presos beneficiados por la doctrina Parot sigue. El martes, la Audiencia Nacional acordó excarcelar a tres etarras -Luis María Lizarralde e Iñaki Recarte (ambos de la vía Nanclares) y Juan Carlos Arruti, "Paterra"-, así como al grapo Jaime Simón Quintela, después de que la Fiscalía pidiera su puesta en libertad por la anulación de la doctrina Parot.

Los etarras excarcelados en esta ocasión son: Luis María Lizarralde e Iñaki Recarte (ambos de la vía Nanclares) y Juan Carlos Arruti, "Paterra", que cumple una condena más de 1.200 años por catorce asesinatos, han informado fuentes jurídicas.

El grapo Jaime Simón Quintela ha sido el segundo miembro de esta organización terrorista que se ha visto beneficiado por la sentencia de Estrasburgo, ya que el pasado viernes el pleno de la Sala de lo Penal dejó en libertad a Olga Oliveira.

Además, el español Pompeyo Miranda Ruiz, condenado en Bolivia a 45 años de cárcel por asesinar a su amante, la estadounidense Gloey Weisseman, y a su compañero de celda, y con un historial de violencia en las prisiones por las que ha pasado, recupera su libertad por orden de la Audiencia Nacional de España.

Miranda está en la lista difundida el jueves por la Audiencia Nacional de los últimos presos beneficiados por el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la llamada "doctrina Parot", una práctica que en España permitía alargar la permanencia en la cárcel de condenados por crímenes graves, como el terrorismo, el asesinato o la violación.

En España, donde no existe la pena de muerte, la mayor condena contemplada por la legislación son 30 años de cárcel, aunque este asesino convicto recupera la libertad después de pasar unos 22 años entre rejas.

Pero si no se le hubiese aplicado la "doctrina Parot", Miranda hubiese salido de prisión en 2010 con la reducción de la pena por beneficios penitenciarios.

El Gobierno afirma que utilizará "todos los mecanismos"
El Gobierno español utilizará "todos los mecanismos" de los que dispone para garantizar la seguridad de los ciudadanos tras las excarcelaciones de terroristas y violadores reincidentes en acatamiento de un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Ministerio del "Interior tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y todos los mecanismos que pueda utilizar se van a utilizar", aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser preguntada sobre si se pondrá en marcha un plan de vigilancia y control de los excarcelados sobre los que se sospeche que puedan volver a delinquir.

En el caso de algunos violadores, el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, reconoció que son delincuentes "muy difíciles de condicionar y altamente temibles, con problemas muy graves en la personalidad que hacen muy alta la reincidencia".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el 21 de octubre pasado contra la llamada "doctrina Parot", una práctica por la que la justicia española alargaba la permanencia en la cárcel a condenados por delitos muy graves, como el terrorismo y ciertos asesinatos o violaciones, ya que la legislación española prevé como pena máxima 30 años de cárcel.

Desde entonces, 24 miembros de la banda terrorista ETA han sido excarcelados, así como varios violadores en serie, algunos de ellos asesinos también.

En ese contexto, la presidenta de la asociación de mujeres Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, abogó en declaraciones a EFE por informar a las víctimas sobre la ubicación y cambios físicos de sus agresores, entre ellos Pedro Luis Gallego y Pablo García Ribado, conocidos como el 'violador del ascensor' y el 'violador del portal'.

Tras la nueva oleada de excarcelaciones aprobada este jueves, el Gobierno manifestó que entiende "la indignación" de las víctimas "y de todos los ciudadanos".

"Son imágenes y situaciones muy dolorosas que nos remueven a todos", reconoció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia informativa tras el Consejo de Ministros.

El proceso judicial sigue su cauce y la semana que viene el pleno del Tribunal Constitucional revisará la "doctrina Parot".

Esta será la primera oportunidad que tenga el Constitucional de cambiar su jurisprudencia sobre este asunto y la decisión que tome será determinante para el futuro del resto de los recursos de amparo presentados ante este tribunal sobre esta doctrina.

También el día 27 el Tribunal Supremo deliberará sobre cinco recursos que tiene pendientes de resolver, todos ellos de presos de ETA.

Al igual que el Gobierno, que ha reiterado su postura contraria a la revocación de la "doctrina Parot", uno de sus "padres", el magistrado Javier Gómez Bermudez, la ha defendido al considerarla "justa".
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