26 de agosto de 2019, 2:59:01
Opinion


Transparencia, mala, pero aprovechable

Manuel Sánchez de Diego


Hace unos días se celebró un interesante Seminario Internacional sobre “Open Government”. Valencia con su luminosidad especial, con las fachadas impolutas de sus edificios y sus calles limpias acogió a gente de España y de fuera de nuestras fronteras para hablar y discutir sobre el Gobierno Abierto, la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública y, como tercer tema, los Datos Abiertos. Todos ellos son asuntos que tienen que ver con lo que se ha llamado Democracia 2.0. Una forma de recoger el significado de la Web 2.0 que supera la unidireccionalidad de la Web 1.0. Ahora los usuarios se convierten en protagonistas de la web, como se pretende que ocurra con los ciudadanos y la política en una democracia del siglo XXI.

La Red de Especialistas en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, DERECHOTICS; la Asociación Valenciana de Politólogos, AVAPOL;el Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Valencia y su Facultad de Derecho fueron los organizadores. Los nombres propios en la organización fueron Lorenzo Cotino y Jose Luis Sahuquillo a los que hay que añadir otros muchos que colaboraron en que las dos jornadas fueran un éxito.

Quiero señalar el carácter académico. No se trataba ni de una reunión reivindicativa, ni un 15-M en las aulas, incluso el toque “político” estuvo a cargo de María José Català Verdet, Consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana que clausuró el congreso con una atinada intervención, superando el esperado discurso protocolario.

De todos los temas que se debatieron, quizás el más señalado fue el correspondiente a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Quizás porque el Senado había aprobado el día 20 el correspondiente proyecto de Ley con algunas modificaciones que el día 28 de noviembre se debatieron en el Congreso.

Este proyecto está plagado de claros y oscuros, tanto en su tramitación como en su articulado. Se inició de forma brillante, cuando se sometió a información pública y se admitieron propuestas de los ciudadanos. Incluso cuando la Vicepresidenta del Gobierno se refirió al proyecto de ley como un intento de recuperar “la confianza y la credibilidad”. Sin embargo, los oscuros aparecieron desde el primer momento: las 3.683 aportaciones recogidas en la consulta pública no fueron dadas a conocer, ni siquiera a los expertos que fueron convocados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La razón que se esgrimió fue que se trataba de “correspondencia” y no se había solicitado permiso para divulgarla. No hace falta recordar que se trataba de una consulta pública.

También se pudieron considerar valiosas las aportaciones de expertos, tanto en el citado Centro, como en sus comparecencias ante la Comisión Constitucional. En estos casos siempre se cuelan algunos inexpertos que incluso reconocen su ignorancia, pero que sirven para apuntalar las tesis de unos u otros y, que diluyen los consejos de aquellos que llevan al menos 7 años trabajando sobre acceso a la información pública. Por eso y porque no se quiso escuchar, la mayoría de esas valiosas aportaciones cayeron en saco roto.
Al final la Ley de Transparencia sigue mezclando churras con merinas, ambas valiosas razas de ovejas, pero diferentes. De igual forma las normas de Buen Gobierno aparecen desconectadas de la Transparencia, por lo que merecían haber tenido su propia ley, pero en este caso la promesa electoral venció a las recomendaciones de los expertos.

La fundamentación de la Ley fue uno de los asuntos más debatidos. El Gobierno se aferró al artículo 105 b) de la Constitución, pese a la incongruencia que supone aplicar este precepto que se ubica dentro del título IV dedicado al Gobierno y la Administración, a otros poderes del Estado, a las administraciones autonómicas y locales e, incluso, a sujetos particulares que actúan en funciones públicas o gestionan fondos públicos. En este sentido el Gobierno y el Partido Popular mostraron un gran empecinamiento en considerar que no podía hablarse de un derecho fundamental a acceder a la información pública. Derecho vinculado a la libertad de información del artículo 20 de la Constitución, tal y como se defendía por una mayoría de los expertos, se aludía en el informe del Consejo de Estado, se reconoce en el Tratado Internacional sobre acceso a la información pública, se cita por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2011 y aparece desde el 2009 en la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El resultado es que en nuestro país la transparencia surge como algo que raya lo graciable por parte de los poderes públicos y sólo se proclama sobre aspectos meramente administrativos. La Ley nace así coja.

Es cierto que en la tramitación parlamentaria se ha mejorado el texto, aunque subsisten errores y cortapisas poco defendibles: ¿cómo puede operar el secreto profesional como límite, cuándo los poderes públicos no deberían tener en su poder esa información? ¿Qué ocurre con la información en poder de los poderes públicos cuando no ha sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones? ¿Por qué se establece el doble silencio administrativo negativo cuando lo conveniente es un silencio positivo que espoleara a los sujetos obligados a ser diligentes? Y así una retahíla de preguntas que revelan las carencias de esta ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha mejorado mucho desde su configuración inicial, pero aún está por ver si se convertirá en el retiro dorado de algún político importante que poco o nada sabe de Transparencia.

Otros muchos son los errores que se detectan en una Ley que no conseguirá recuperar la confianza y credibilidad en nuestros políticos. Más bien al contrario, quienes hemos trabajado en estos temas y hemos seguido la elaboración de la ley, lamentamos la oportunidad perdida de una norma que nace vieja en relación a los requerimientos internacionales.

Pese a todo ello, bienvenida sea esta norma coja, vieja, cicatera, oscura, incongruente… que va a permitir entreabrir la puerta de la transparencia. Ahora es el momento de trabajar para que los archivos estén correctamente organizados, los sistemas informáticos a punto, los portales y páginas webs públicas ofrezcan información valiosa, los servidores públicos estén concienciados de su misión de servicio a los ciudadanos y, aunque esto puede ser más difícil, que los políticos se olviden de la idea que España, Cataluña… o su pueblo, son su propio cortijo; porque lo público es del público y debe estar a disposición del público.
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