19 de agosto de 2019, 1:53:06
Sociedad

manifestaciones en madrid por la privatización de seis hospitales públicos


Las protestas por los recortes en Sanidad en 2013 se trasladan a la gestión de las comunidades autónomas


El nuevo copago de medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales ha marcado un año 2013 tranquilo en la política sanitaria del Gobierno, aunque las protestas más palpables en la calle han tenido como centro de atención a los gestores autonómicos de la sanidad, como Madrid y la externalización de la gestión de seis hospitales públicos.


Los ajustes han marcado por segundo año la política sanitaria del Gobierno, con la que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema, y lo han hecho con un nuevo copago de medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales para enfermedades crónicas o graves, como cáncer o hepatitis.

En septiembre saltó la alarma cuando el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de Sanidad que establecía un copago de un 10 por ciento, con un tope de 4,20 euros, para un grupo de fármacos de dispensación hospitalaria (43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes) destinados a enfermedades crónicas graves, como el cáncer o la hepatitis C.

Se dispensan en las farmacias de los hospitales por su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o por la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.

La medida, que debía entrar en vigor el 1 de octubre, abrió de nuevo la brecha entre comunidades autónomas después de que la mayoría decidiera no aplicarla por diversos motivos.

Unas por oponerse a ella, como dejó claro hace unos días Castilla y León, que anunció un recurso ante los tribunales, y otras porque, de momento, su logística no se lo permitía. De ahí que Sanidad haya aclarado que podrán hacerlo posteriormente, cuando puedan gestionar su puesta en marcha.

Partidos políticos, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes y de profesionales también han denunciado la medida, que tampoco ha sido bien vista por la Defensora del Pueblo.

Frente a estas posturas, Sanidad argumenta que de lo que se trata es de establecer una normativa para que todos los pacientes sean tratados igual en todas las comunidades y que paguen de la misma forma por adquirirlos en hospital para tomarlos en casa o por hacerlo en las oficinas de farmacia.

Porque este copago, subrayan desde Sanidad, no va a afectar a pacientes no ingresados que acuden a los hospitales a recibir su tratamiento como, por ejemplo, los enfermos oncológicos sometidos a ciclos de quimio. "En este caso el pago es cero", apuntan.

Pero esta nueva medida ha venido acompañada de otras, que también han creado división entre las comunidades y críticas en diversos colectivos, como el cambio de criterios para acceder a los tratamientos de reproducción asistida en el SNS, que establecen como nuevo requisito para acceder a ellos ser mujer estéril.

La inclusión de este requisito fue planteada por Sanidad a las comunidades autónomas en julio, cuando se acordó además una serie de criterios en los cribados de cáncer de colon, mama y cérvix para que fueran comunes en toda España.

Unas medidas en un año sanitario que comenzó con la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el cobro de un euro por receta médica establecido en la Comunidad de Madrid, al igual que ya había hecho en diciembre con Cataluña, por considerar que esa tasa vulneraba la igualdad de los ciudadanos.

La Sanidad autonómica
Estas iniciativas están suspendidas cautelarmente por el Constitucional hasta que resuelva sobre ambos recursos. Pero las protestas, más palpables en la calle en este año, han tenido como centro de atención a los gestores autonómicos de la sanidad.

Véase, por ejemplo, las "mareas blancas" en contra de la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, las quejas por los impagos a las farmacias en varias autonomías o las motivadas por el cierre de urgencias nocturnas en varios municipios de Castilla-La Mancha.

No obstante, en este año que acaba la situación económica ha servido para que Sanidad y la mayoría de las comunidades hayan consensuado la compra centralizada de medicamentos y vacunas, con el consiguiente ahorro.

Mato además ha logrado poner de acuerdo a las comunidades para aprobar, por primera vez, un calendario común de ocho vacunas infantiles para doce dolencias.

Un acuerdo "histórico", según la ministra, al igual que el suscrito con los representantes de médicos y enfermeros en julio, al que se unieron cuatro meses después los farmacéuticos, por la sostenibilidad del SNS, aunque todavía el anhelado Pacto de Estado por la Sanidad no se ha firmado.

Lo que sí ha avanzado es la apuesta del Gobierno por los principales proyectos de e-Salud, la receta y la historia clínica electrónica.

Más del 64 % de la población utiliza ya la receta electrónica y en la base de datos de la historia clínica están incluidos ya más de veinte millones de españoles.

Y aunque la reforma de la Ley del Tabaco no estaba en la agenda política ni en el programa electoral del PP, la aparición en escena de Sheldon Adelson y "Eurovegas" abrió el debate.

La exigencia del magnate estadounidense de que se permita fumar en los casinos para ubicar su complejo de ocio en la localidad madrileña de Alcorcón ha puesto al Ministerio y a su titular en una disyuntiva.

Como garante de la salud de los ciudadanos, Mato sabe que tiene que defender una ley que ha acreditado sus beneficios, pero a la vez considera que no se pueden cerrar los ojos a un proyecto que "va a generar riqueza económica para el país".

De todos modos, las voces contra una modificación de la ley han sido numerosas.

La crisis y los recortes del Ejecutivo han seguido afectando al desarrollo de la ley de dependencia e incluso la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reconocido que "es muy difícil" cumplir la norma con la situación económica actual.

El Gobierno ha subrayado que el presupuesto destinado al desarrollo de la ley garantiza la sostenibilidad del sistema al igual que la reforma de la ley aprobada en 2012 ha evitado el colapso de la dependencia.
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