17 de octubre de 2019, 12:47:39
Opinion


El desafío constitucional de Barcelona (I) (Conversación con Antonio Torres del Moral)

Antonio Domínguez Rey


El año 2014 se anuncia con un reto frontal a la unidad histórica y constitutiva de España. La situación bien merece una reflexión directa. El asunto preocupa y puede resultar grave.

Antonio Torres del Moral es colega ilustre, en la UNED, de Derecho Constitucional. Finaliza el año de homenaje a su labor docente ejercida durante décadas. Sus colegas lo celebraron en enero de 2013 con el libro Constitución y democracia: ayer y hoy, presentado como tributo a su obra y cátedra en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Desde entonces, se prodiga con artículos, entrevistas, tertulias, conferencias, aquí y en Hispanoamérica, sobre el trasfondo jurídico y constitucional de la realidad política de España. Es agudo y sagaz con la palabra. Agudeza de ingenio, diría el clásico. Lengua y concepto, virtudes del buen intelectual aplicadas al fundamento, definición e interpretación del Derecho. Posee además un conocimiento minucioso de la historia constitucional y esgrime una memoria precisa de la agenda y trastienda de la democracia española. Por otra parte, pronto hará dos años del anuncio soberanista de Artur Mas en unas declaraciones al diario parisino Le Monde del 17 de febrero de 2012. Nos hicimos eco de la entrevista en El Imparcial siete días después. El presidente autonómico amenazaba con un proceso de radicalización soberanista si el Gobierno de Madrid no se avenía al “pacto fiscal” que Cataluña solicitaba. El período autonómico, dice, ha concluido. Su discurso se ha vuelto claramente anticonstitucional y desafía al Estado español.

El profesor Torres y otros colegas mantenemos de vez en cuando conversaciones dispares sobre esta deriva y la situación política de nuestro país, más bien precaria, y preocupante. Su análisis incide en la huida o fuga de Artur Mas hacia adelante y la conveniencia de reformar la Constitución. Las preguntas se agolpan e imponen para este artículo a modo de entrevista.

-¿Sigue siendo el pacto fiscal fondo retórico de la escalada soberanista?
-Creo que así es en el fondo, aunque la deriva de acontecimientos unilateralmente provocados y la escalada de declaraciones públicas impide llamarlo tal e incluso darle esa forma. Deberá adoptar otra forma jurídica e incluir algunas medidas que en principio habrían sido extrañas a la fórmula del pacto fiscal. Pero, en el fondo, no variaría gran cosa aparte de que los dos principales protagonistas políticos lo presentarían como una solución diferente, de manera que parezca que no ha habido vencedor ni vencido.

-¿Es una estrategia amanerada el contexto cultural y político que se está creando en Barcelona como denuncia de una opresión histórica del Estado español sobre la realidad catalana?
-Aun así, intentarían no perder de vista el pacto fiscal a la hora de su formalización jurídica porque éste podría tener cierto entronque con la mención que el Estatuto de 2006 hace de los derechos históricos. Esta solución no deja de tener problemas por cuanto el Tribunal Constitucional, en su tan denostada Sentencia de julio de 2010, negó eficacia jurídica a dicha mención. En fin, trabajo para juristas.

-¿Basta la palabra Derecho en sus varias aplicaciones para sostener la Carta Magna? La pregunta la formulo pensando en que, para algunos constitucionalistas, una vez formulada parlamentaria y jurídicamente la voluntad popular, el contenido del Ordenamiento “informa”, es decir, confiere forma constituyente a lo estatuido.
-Esta pregunta da para un tratado porque aborda los asuntos más espinosos del Derecho constitucional, acaso por la constitutiva endeblez del mismo. No obstante, en el lenguaje jurídico y tal vez con mayor trascendencia en Derecho público, la “forma” no es el mero modo intercambiable de hacerse algo o de expresarlo en los medios de comunicación. La forma imprime carácter. Por ejemplo, hay normas de las que se podría decir que son materialmente constitucionales porque regulan un aspecto de la vida pública que interesa de modo directo y relevante al funcionamiento del sistema político y que podemos ver incluidas en el texto de algunas Constituciones, pero, si no figuran en una, no tienen en ese Ordenamiento jurídico, vale decir en ese país, la naturaleza jurídica de constitucionales y, por tanto, pueden ser modificadas sin necesidad de arbitrar para ello un procedimiento de reforma constitucional, que es tan costoso. Hay innúmeros ejemplos de este fenómeno en el Derecho comparado.

-¿No existe otro contenido material en la Constitución que rige a los Estados modernos?
-De nuevo una ojeada al Derecho comparado nos depara una disparidad notable. La Constitución de Estados Unidos tiene solamente siete artículos, bien es verdad que muy extensos, que acaso pudieran equivaler a setenta de otra Constitución y además ha sido objeto de 27 enmiendas, que son más bien adendas. Aun así, dista mucho de nuestra Constitución gaditana, que tenía 384. La vigente Constitución francesa es notablemente más breve que la alemana. En las más modernas se suele incluir un estatuto básico de los partidos políticos (por ejemplo, el artículo 6º de la española), pero no así en otras más longevas. Hay modas y corrientes de opinión que influyen en los constituyentes a la hora de ultimar el texto fundamental. En las Constituciones decimonónicas apenas había derechos sociales y económicos además de los de propiedad, libertad de trabajo y libertad de empresa, mientras que en las aprobadas en el último tercio del siglo XX ocupan más espacio que las clásicas libertades públicas.

-Tal interés formal pudiera confiar a la redacción de la norma lo que realmente no objetiva un contenido fundado.
-Esto plantea naturalmente problemas jurídicos “formales” diferentes en cada país. Pero hay una docena de materias que figuran en todas las Constituciones, aunque no en todas de igual manera: los órganos de poder y la relación entre ellos, los derechos y sus garantías, un sistema de fuentes del Derecho, organización territorial, etc. Pero de nuevo debemos hacer la salvedad de que no en todas las Constituciones están regulados los derechos del mismo modo; de ahí la diversidad de sistemas políticos sin merma de ser constitucionales y, repito, la importancia de la forma en que figuren regulados esos elementos en el texto constitucional. En España, una norma infraconstitucional no puede regular una determinada materia de modo opuesto o contradictorio con la Constitución y, de hacerlo, cabe su expulsión del Ordenamiento jurídico mediante el correspondiente procedimiento ante el Tribunal Constitucional; también es inconstitucional una ley ordinaria que regula una materia reservada a la ley orgánica (es decir, no ajustada al procedimiento formal que ésta exige) y debe ser igualmente expulsada del Ordenamiento. Ambas deben ser erradicadas, digo, pero no siempre lo son, y con esto tocamos el núcleo duro del asunto, que --salvo increíbles torpezas del legislador, que las hay-- ya no es jurídico sino desnudamente político. Pero esto bien podría ser materia de una interesante monografía.

-En alguno de tus escritos te avienes, o eso parece, a la figura constitucional de cosoberanía en el marco autonómico, mentada por Jordi Pujol hace años, cuando presidía la Generalitat. Tal concepto permite desgranar un poco más el proceso democrático al concebir una interrelación asimétrica entre las Comunidades Autónomas. ¿Se rompería el centro constitucional con las diversas densidades así producidas?

-No, no es así. No hay cosoberanía en los Estados unitarios, ni descentralizados; ni siquiera en los Estados federales, como, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, en los que la soberanía es una y solo una. Únicamente la hay en las confederaciones, pero éstas no son Estados, sino uniones de Estados, uniones que no conforman una unidad. Con toda seguridad, Jordi Pujol, cuando dijo eso, o estaba aludiendo a la conversión de España en una confederación de Estados, o estaba llamando soberanía a una autonomía más extensa y profunda, pero esto es otra cosa.

-No obstante, a esto apuntan muchas insinuaciones políticas como horizonte de diálogo.

-Desde luego, si se procediera al reconocimiento de cosoberanía a Cataluña, no es ya que se habría establecido la asimetría –o, como dices, la diversidad de densidades-- entre las Comunidades Autónomas, sino que España habría pasado a ser un curioso e inédito ejemplo digno de estudio en los tratados de Derecho Constitucional: una confederación compuesta por dos Estados: uno unitario (Cataluña) y otro autonómico integrado por 16 Comunidades Autónomas.

-Pregunta más directa. ¿Es realmente democrática la voluntad de decidir sobre la soberanía en referéndum convocado por un grupo, provincia, Comunidad Autónoma, ya integrado en un Estado? Lo digo porque, en la situación actual de reto y desafío, los catalanes que ya se sienten integrados en la Constitución española pueden decir que la consulta no se dirige a ellos, pues no renunciaron a nada. Y en consecuencia, no votarían. Tal posibilidad descubre un entimema de fondo, pues hay una premisa solapada: el supuesto de que todos los catalanes quieren ser consultados sobre su integración en el Estado español.
-Tu planteamiento es efectivamente bien directo. Con él entramos en el espinoso asunto de “la pregunta”. Se trata de una clara huida hacia delante, con la que Artur Mas quiere forzar la negociación en un terreno que le sea favorable. La estrategia es tan burda que no puede esperar la avenencia del Gobierno central.

-Pero está anunciada y se extiende a toda Cataluña.
-En cuanto a la ciudadanía catalana tienes toda la razón: los jefes de fila de los independentistas catalanes están propalando constantemente un pretendido hecho: que todos o la inmensa mayoría de los catalanes quieren la independencia por lo que la negativa a la celebración de un referendo sería un allanamiento o conculcación de la voluntad general catalana. Que no es así lo saben ellos mismos, pero lógicamente siguen en su papel. Por lo demás, ni una provincia ni una Comunidad Autónoma pueden convocar un referendo (¿me permites que castellanice el término?; creo que fui el primero que lo hizo en España), precisamente porque no están formalmente habilitadas para ello. No tienen reconocida constitucionalmente dicha competencia. Algo que afecta a la nación española de un modo tan directo y completo únicamente puede ser promovido por los órganos designados al efecto por la Constitución. Digo más, y es la primera vez que lo hago incitado por tu pregunta: no solamente el Gobierno central no va a ceder a la medida que últimamente están esgrimiendo los jefes independentistas asesorados por sus juristas a sueldo, sino que jurídicamente, formalmente, constitucionalmente no lo puede hacer. Esto da también para un sesudo artículo, pero se puede resumir en unas líneas.

(Continuará)
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