14 de octubre de 2019, 6:53:55
Opinion


El desafío constitucional de Barcelona (II) (Conversación con Antonio Torres del Moral)

Antonio Domínguez Rey


-Habías anunciado, Antonio, en la primera parte de la entrevista sobre el desafío catalán de la Constitución española, y ahí nos detuvimos, un resumen de por qué el Gobierno del Estado no puede ceder a las pretensiones soberanas de Barcelona por boca de su presidente autonómico, Artur Mas.
-En efecto, la propuesta soberanista se apoya en el artículo 150.2 de la Constitución, tan torpemente utilizado por los sucesivos Gobiernos centrales para transferir o delegar competencias propias a las Comunidades Autónomas. Argumento: si se ha hecho doscientas veces, también se puede hacer ahora. Conclusión: cedida a Cataluña la competencia para convocar el referendo, desaparece el obstáculo principal, acaso único para proceder a formalizarlo jurídicamente. Pero una lectura menos tosca del citado precepto constitucional determina una conclusión diferente. Dice así: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá…”. El problema estriba, a todas luces, en despejar la incógnita de si la facultad de convocar un referendo autonómico sobre la unidad de España (artículo 2º de la Constitución) y la correspondiente soberanía del pueblo español considerado en su conjunto y no en fracciones (artículo 1º.2) es susceptible de ser transferida o delegada. Respuesta única posible: no. Es así porque las cuestiones relativas a la unidad y a la soberanía son esencialmente estatales ya que no existe más unidad política interna que la de todo el Estado ni más soberanía que la del órgano supremo del Estado, que es el pueblo español tomado en su conjunto, como es obvio y está reconocido por la propia Constitución.

-De acuerdo. Es lección clásica de ordenamiento jurídico estatal. Sin embargo, Cataluña propone una escisión al parecer en convivencia y lo que mencionas como “el pueblo español” variaría en el adjetivo. Sería “catalán”. El párrafo citado abre fuego “por su propia naturaleza”.
-Por ser España un Estado de Derecho, la segregación de Cataluña no podría producirse sin previa autorización constitucional, lo cual requeriría, al menos, la reforma de un artículo y la adición de otro. El artículo sería el 2º.1, cuya dicción literal (“La Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”) tendría que ser cambiada por algo así como: “La Constitución se fundamenta en la unión libre de los territorios españoles…”. Salta a la vista que unión no es igual que unidad, si bien –para todo hay excepciones-- la federación estadounidense se autodenomina Unión y no existe unidad más fuerte. El caso es que en pleno proceso constituyente el clérigo y senador catalán Xirinach presentó en la Cámara una enmienda con ese cambio precisamente y el Senado la rechazó de plano, incluidos los votos de los senadores catalanes (excepto, claro está, el del proponente). El sugerido precepto adicional sería un artículo 168 bis, que asimilara una operación de este tipo a una reforma constitucional y estableciera el procedimiento idóneo para hacerla, que debe ser distinto de los dos actualmente existentes. Y por ese agujero podría irse algún otro territorio, porque no habría ninguna razón jurídica plausible para habilitar la independencia de Cataluña y negarla a otra parte del Estado que cumpliera iguales o parecidos requisitos.

-Tocas, creo, magma fundente.
-Todos estos caminos explorados están y seguirán estando ocluidos porque, desde el momento en que el Estado cediera la facultad que pretenden los actuales y deseablemente efímeros gobernantes de Cataluña, no sólo estaría vulnerando gravísimamente la Constitución, sino que dejaría de ser el actual Estado español, aunque conservara el mismo nombre. En términos schmittianos, estaría consumando una autodestrucción. Y estas son palabras mayores; o dicho de una manera más sencilla y rotunda: con esto no se juega.

-En ciertos escritos tuyos se advierte también que la palabra Derecho tiene función polisémica en la Constitución, lo cual se presta a interpretaciones encontradas. ¿Qué contenidos y perfiles debe pulir una posible reforma constitucional en tal aspecto?
-La Constitución española no es técnicamente peor que las de nuestro entorno. Pero es evidente que tiene fallos de esta índole (no hablo ahora de los fallos políticos). Uno de ellos es un cierto desaliño terminológico, al menos en algunos preceptos. El empleo que hace del término “derecho” es unas veces confuso y, otras, inexacto. Por ejemplo, cuando habla del derecho de gracia del Rey o de los derechos históricos de los Territorios Forales. A veces esta defectuosa terminología está deparando resultados cuestionables; en otros casos se puede salvar la dificultad con una no muy rebuscada interpretación. De abordarse una reforma constitucional general, lo que la propia Constitución denomina una “revisión”, procedería reescribir un buen puñado de preceptos para hacerlos decir bien lo que dicen no tan bien; pero la probabilidad de una reforma de este tipo es ínfima y proceder a dicha reescritura por sí sola es algo demasiado aparatoso y políticamente costoso. Aunque puede parecer formalmente poco ortodoxo, es una regla de prudencia política la de no proceder a una reforma constitucional si se puede solucionar el problema mediante la interpretación. Confiemos, pues, en los intérpretes.

-Artur Mas esgrime también un argumento basado en que Europa adquiere con la convergencia de naciones y estados una Unión más que económica, con varias cabezas visibles, como una hidra. Cada gran capital, y ahí entra Barcelona, tendría estatus soberanista en un marco más genérico. Las ciudades-estado, como en el Renacimiento, pero integradas en un consorcio global común. Cada gran ciudad se especializaría en una función determinada. Y aquí caben varias preguntas. ¿Es la Europa soñada por Artur Mas el tirón internacional que el resto de España no consigue? ¿Cabe concebir un Estado que armonice las nacionalidades y Estados actuales de la Unión Europea y dé primacía a sus ciudades más notorias? Artur Mas sería entonces, cabe decir, un adelantado, o un futuro en alza.
-Ciertamente el argumento de la Europa de las ciudades es más político que jurídico. Busca persuadir de la conveniencia de la operación, pero no se apoya en ningún precepto ni principio informador de la Unión Europea. Esto pasa con frecuencia en el ámbito del Derecho constitucional, que versa sobre problemas políticos, pero que debe tratarlos jurídicamente. Lo contrario, volver la espalda a lo jurídico, sería permanecer en la política como hecho o conjunto de hechos cuya tensión se busca solucionar con las armas de la fuerza y de la astucia (el león y la zorra de Maquiavelo) aunque para ello se traicione al aliado y se incumplan los tratados y las leyes (vale decir aquí la Constitución). El Derecho es otra cosa. La razón jurídica es posiblemente menos importante que la política, pero no cabe camuflar la una con el ropaje de la otra. En el caso que me planteas, el fraude es bastante grotesco. ¿Estamos ya en la Europa de las ciudades? ¿No? Pues entonces vuelva usted cuando toque y ya veremos. Dicho con otras palabras: la Europa de las ciudades, si alguna vez ve la luz, será por decisión autónoma de la Unión a la vista de sus propias necesidades y proyectos, no porque un pretendiente sin status la incite a quemar etapas a su conveniencia. La falacia es de tamaño natural.

-Resulta evidente, sin embargo, que las grandes capitales europeas ejercen una función decisiva en la orientación política de futuro. Y algunas aspiran a lo mismo que Barcelona.
-Cosa distinta es que, si efectivamente se comienza a acariciar ese perfil de Europa, también el Estado español se procure una estrategia política que neutralice el argumento soberanista de Mas y de algún otro visionario. Por ejemplo, ¿se desmembraría la soberanía italiana en varias: Roma, Milán, Turín…? ¿Y la de Portugal en las de Lisboa y Oporto? Admitamos a los meros efectos dialécticos que esto fuera posible. Pero, como estamos en el terreno político, la respuesta política más recia y definitiva es que Francia no toleraría en absoluto la disolución de su soberanía por las parciales de París, Lyon, Marsella…, como tampoco aceptaría Alemania, bajo ningún concepto, la cosoberanía de Berlín, Munich y Francfort. En pocas palabras: plantear esa deriva de la Unión Europea puede valer para un Seminario o un Congreso de autopersuadidos, pero sólo un orate es capaz de hablar en tales términos en las cancillerías europeas. La Europa de las ciudades, si alguna vez ve la luz, será sin mengua de la soberanía de los Estados, aunque haya una diversificación de atribuciones funcionales de índole más bien económica.

-La tensión existe, no obstante, y son varias las capitales de región o autónomas que esperan de Europa más relieve institucional.
-Por lo que se refiere a un posible Estado plurinacional, ojalá estuviera próximo, pero no lo creo. Hagamos un ejercicio simple de memoria. Así como ahora especulan algunos sobre la Europa de las ciudades, se habló y se especuló en un tiempo, y con mayor consistencia, acerca de la Europa de las regiones, aunque, eso sí, sin cuestionar las soberanías estatales. De eso hace ya unos cuarenta años y no se avanzó ni un milímetro. Es decir, ni siquiera esta apuesta se haría a costa de los Estados nacionales. La sola consideración de que la Unión Europea tuviera que funcionar con unas ciento cincuenta o doscientas regiones pseudosoberanas con sus respectivos ordenamientos es lo suficientemente disuasoria. Y vale decir lo mismo que para la Europa de las ciudades: las rotundas negativas francesa y alemana, o incluso una sola de las dos, haría naufragar cualquier intento, so pena cierta de disolución de la propia Unión Europea. Francia no se anda con rodeos; recordemos que ya votó en contra de la mal llamada Constitución europea (igualmente Holanda, también socio fundador) y el asunto quedó liquidado.

-Tampoco Alemania se avendría a ello, dada su reciente historia.
-Por extremar innecesariamente el argumento, no hay fuerza política en el mundo capaz de obligar a Alemania, a la que tanto ha costado su reunificación, a colaborar festivamente en una nueva división interna. Así que toda iniciativa en tal dirección no tiene posibilidad alguna de pasar de su fase de borrador. Hoy por hoy, los soberanos son los Estados de la Unión, no la Unión misma y así lo dice el propio Tratado de Lisboa. En política el poder lo tiene quien lo tiene, con razón o sin ella, pero en este caso los Estados la tienen con las dos razones: la política y la jurídica. Esto puede parecer poco romántico a los que hablan desde hace setenta años de la crisis y desaparición del Estado, pero la realidad, por prosaica, es muy tozuda.

-Ortega dice, y lo citaba yo en el artículo sobre las declaraciones de Artur Mas a Le Monde, que los españoles “tenemos los ámbitos del alma infeccionados”. Parece que la invertebración es una amenaza constante del país. Pervive lo que Pedro Laín Entralgo tituló, con trasfondo orteguiano, “España como problema”. ¿Qué le sucede, para concluir, al trasfondo histórico de nuestro país, siempre inquieto, ansioso de remoción?
-Me haces una pregunta que me resulta francamente evocadora. Cuando yo era estudiante leí “España como problema”, de Laín, y, como réplica, “España sin problema”, de Calvo Serer. ¡Qué barbaridad, España sin problema! Claro que eso lo decía Calvo Serer antes de dar un paso en la dirección opuesta. Busqué entonces el norte en “España invertebrada” y en “La redención de las Provincias”, ambas de Ortega, y en un primer momento me admiré de su clarividencia, porque creí erróneamente que había detectado problemas de los años sesenta con cuarenta de antelación. Una inmediata segunda reflexión me llevó a concluir que el problema no era de los sesenta sino muy anterior. Brevemente: no se había hecho nada en esos cuarenta años, como tampoco en los doscientos e incluso trescientos anteriores. De manera que España ha sido siempre un puro problema porque siempre ha estado invertebrada y sigue estándolo pese al actual intento de ordenación autonómica. Este intento ha sido, con mucho, el más serio que se ha hecho nunca para solucionar tan magno asunto. Pero esa seriedad se vio desvirtuada, ya desde el propio origen, por cuantiosos defectos e improvisaciones y por unas irregularidades tan groseras que ha agotado su recorrido en apenas treinta años. Sin embargo, la experiencia (que, pese a todo ha sido importante, aunque sólo sea por comparación con el inmovilismo sempiterno) podría servir para hacer las pertinentes correcciones, vía reforma constitucional, con un diseño racional (que no lo hubo en el proceso constituyente) y mano firme para llevarlo a la Carta Magna, a los respectivos estatutos de autonomía y al real funcionamiento del sistema. Es una lástima que el escepticismo que me habita, cincelado por el conocimiento de tanto despropósito, me lleve a pensar que yo no lo veré; no sé si mi nieto…

Finalmente, quien suscribe, se pregunta: ¿resistirá la Constitución el desafío de la Generalitat catalana? Creo que la entrevista en Washington de Rajoy con Obama, el próximo día 13 de enero, será más que protocolaria en tal sentido. Quizás arrecian por ello en Barcelona las manifestaciones de cohesión social y las difunden por internet con eco en distintos sectores mediáticos. Colegas catalanes que viven en el resto de España o viajan por su geografía aseguran que aquí no trasciende el calor real que allí reina. Y esto incrementa el litigio. Quieren un reconocimiento constitucional diferenciado. Hay, sin duda, una herida abierta en esta piel de toro apática, o perfil de pistola, calibre corto, si prescindimos en la imagen -suelo decir-, de Portugal. La periferia escueta de la realidad política española tal vez nos hiciera pensar de otro modo si la viéramos más repetida en los medios culturales, teledirigidos e impresos.
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es