9 de diciembre de 2019, 2:04:28
Opinion


Luz verde a los escraches

Javier Cámara


Si doscientas personas se plantan a las puertas de su casa para protestar sin ninguna autorización, no dejan entrar o salir libremente a nadie de su familia, le amenazan y le insultan en una actitud claramente coercitiva, lo sentimos mucho, sepa usted que es un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión, a la vez, del pluralismo ciudadano. Vulgarmente sería como decir “se jode, es lo que hay”.

Así lo apunta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldan una decisión tomada en mayo que aclaraba que si no concurren al domicilio personas con armas, explosivos ni objetos contundentes, no constituye delito. Pues aclarado queda. Tendrá que prepararse y, sobretodo, aguantarse, el que esté expuesto por su cargo o función a la furia de la turba.

No me gusta. Este “intento legítimo de influir en el criterio del otro” me da muy mala espina. Da mucho miedo eso de que sea una pauta legal a la que habrá que atenerse en adelante. Si alguien piensa que este y cualquier otro escrache no pretende “quebrantar por la fuerza” la “voluntad política” del “escracheado” es que no sabe en qué mundo vive ni calibra las consecuencias de dar tanta manga ancha. Estamos hartos de ver en qué degeneran manifestaciones legales, pacíficas y tranquilas. Pues nada, luz verde a los escraches. Luego nos lamentamos…

¿Saben nuestros jueces dónde está el límite entre una demanda justificada en la vía pública y un ataque en toda regla a un derecho como es el de la intimidad en el propio domicilio? Doscientas personas a gritos en la puerta de una casa no es constitutivo de ningún delito… ¿Y trescientos? ¿Y solo uno? ¿Y cuatrocientos con el puño amenazante en alto? ¿Y si te llaman asesino? Estoy seguro de que se les ocurren a ustedes más variaciones. ¿De verdad van a saber nuestros jueces distinguir en adelante?

Y digo yo: ¿Es lo mismo rodear a una familia en su casa que ejercer el derecho de manifestación? ¿Es lo mismo rodear la casa de un miembro del Gobierno con su familia que rodear la casa de un juez o un político de la oposición? ¿Da la Justicia así un aval al “casi todo vale” en la calle ahora que estamos en crisis?

No quiero pensar en que habrían determinado los Tribunales de Justicia a cuenta del escrache en casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, si en lugar de ser ahora, con una grave crisis económica, y con la justificación de mostrar su enfado por la política de desahucios, hubiera sido en otro momento con menos crispación social.

Tampoco quiero que se me pase por la imaginación, pero ni de soslayo, que esta decisión judicial no haya sido más que un guiño de complicidad, un mirar para otra parte, una medida de desahogo, a una parte de la ciudadanía desalentada por las prácticas bancarias con las hipotecas con el objetivo último de conceder, al menos, lo que vulgarmente llamamos como “derecho al pataleo”.

Como todos nos podemos imaginar, la idea de un escrache legal o ilegal cambiará cuando los afectados sean, por ejemplo, los propios jueces que han determinado que asediar la casa de un político es lícito. ¿Cambiaría de opinión un juez que no puede salir tranquilamente de su casa porque hay doscientas personas insultándole por cómo hace su trabajo?

Sinceramente, creo que sí. Y créanme, no es una cuestión de que al PP le parezca mal y al resto de partidos políticos bien. Hoy ha sido Soraya y mañana puede ser la otra Soraya, pero lo que me aterra es que mañana sea legal que puedan venir a mi casa a amenazarme.
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