15 de diciembre de 2019, 12:46:36
Opinion


La Infanta y el caso Nóos



La gran expectación suscitada por la declaración como imputada de la Infanta Doña Cristina resulta comprensible. Se trata de un hecho histórico, pues nunca antes un miembro de la Familia Real había tenido que ir a un juzgado a emitir una declaración. Aunque sea como imputado, que no es mucho menos lo mismo que una acusación, pese a que a veces se intente sembrar confusión entre ambos términos. Se da la circunstancia de que, a diferencia de un gran número de políticos, la Familia Real no está aforada, por lo que debe acudir a un tribunal ordinario y no al Tribunal Supremo. Detalle no baladí y que no debería olvidarse cuando se lanzan acusaciones de privilegios, como en la absurda polémica de si debía acceder a la sede judicial a pie, haciendo el famoso “paseíllo”, o en coche, como finalmente ha sido, sacando de quicio una cuestión que tenía una resolución clara y lógica por evidentes razones que a nadie se les escapan a no ser que se quiera plantear el asunto de forma torticera.

La realidad es que la Infanta ha acudido al juzgado como una ciudadana más en un trance semejante -obviamente nada agradable- y se ha comportado con tranquilidad, siguiendo las indicaciones de sus abogados, como habría hecho cualquier persona en esa situación, demostrándose que, a pesar de ponerse a veces en duda, todos somos iguales ante la ley, como corresponde en un Estado de Derecho. Algo absolutamente imprescindible y básico y que habría de ir acompañado de la misma igualdad en cuanto al tratamiento del asunto, se trate o no de un personaje público. Cosa que no sucede así y que en el caso de la Infanta ha llegado a un punto máximo. Porque si bien resulta comprensible la expectación, y el derecho a la información nítida y objetiva, no lo es el juicio paralelo que se está desarrollando, con caracteres de auténtico circo mediático, y el aprovechamiento de la circunstancia para reverdecer proclamas republicanas -ciertamente con escaso éxito, pues la mayoría de los españoles no ha perdido la memoria sobre lo que sucedió en los dos intentos de ese régimen- con argumentos falaces como que el mantenimiento de la Monarquía nos cuesta un ojo de la cara, mientras que una República nos saldría prácticamente gratis. Todo el revuelo no favorece en nada, sino todo lo contrario, el derecho constitucional a la presunción de inocencia que, como todo ciudadano, tiene la hija menor de los Reyes de España.

La Infanta Doña Cristina ha cumplido con su deber ciudadano acudiendo al juzgado y sometiéndose a una declaración durante más de seis horas. Ahora, sin interferencias ni sacando a la palestra espurios intereses, hay que dejar que la Justicia actúe y lo haga cuanto antes. El caso Nóos debe investigarse y aclararse en todos sus términos y derivaciones, sean cuales sean las consecuencias que ello implique. Los españoles están lógicamente muy cansados del fango de la corrupción que está manchando nuestra democracia y exigen que se le ponga fin, allá donde surja.
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